En un artículo publicado en El País el 7 de octubre de 2025, titulado “Los antiabortistas aprovechan la polémica desatada por Almeida para reactivar su cruzada”, el periodista Ángel Munárriz despliega un arsenal de descalificaciones contra los grupos provida, pintándolos como radicales católicos obsesionados con una causa perdedora. Sin embargo, en su afán por deslegitimar a estas organizaciones, Munárriz comete una omisión flagrante y deliberada: ignora por completo una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que condena a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), la patronal del aborto en España, por publicidad engañosa al minimizar las secuelas del aborto. Esta sentencia, que Munárriz tiene en su poder, expone la hipocresía de su periodismo sectario, únicamente interesado en servir a la agenda de su patrón gubernamental y no en informar con rigor.
Recordemos los hechos. En septiembre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Oviedo a ACAI, obligándola a retirar afirmaciones engañosas de su sitio web, como que el aborto “no deja secuelas” físicas o psicológicas. La sentencia, impulsada por la Asociación Española de Abogados Cristianos –precisamente uno de los blancos favoritos de Munárriz–, destaca que tales declaraciones omiten riesgos reales, como posibles complicaciones emocionales o físicas, y constituyen publicidad ilícita. Esta victoria judicial no es menor: obliga a los centros abortistas a pagar costas procesales y rectificar su información, desmontando el mito de un aborto “sin consecuencias” que promueven grupos proaborto. Abogados Cristianos, a quienes Munárriz tacha de ineficaces en lo judicial –“más eficaces obteniendo impacto mediático que éxitos judiciales”–, lograron un golpe significativo contra la desinformación en un tema sensible.
¿Por qué omite Munárriz esta sentencia? La respuesta parece obvia: no encaja en la narrativa del gobierno. Su artículo retrata a los provida como un “avispero” de fanáticos que agitan bases sin base científica, mientras defiende implícitamente al Gobierno de Sánchez y su web “Quiero abortar”. Al ignorar la condena a ACAI, Munárriz evita cuestionar si las clínicas abortistas “mienten” a las mujeres, un equilibrio que un periodista imparcial debería buscar. En cambio, amplifica voces como la de Hazte Oír o Vox, caricaturizándolas, pero silencia evidencias que podrían validar sus preocupaciones sobre las secuelas del aborto. Esto no es periodismo; es activismo rastrero, donde se selecciona información para demonizar a un lado mientras se blinda al otro.
El sectarismo de Munárriz se evidencia en su trayectoria. Como autor de libros críticos con la Iglesia, ex director de comunicación de una consejera del Partido Comunista y colaborador en medios progresistas, su postración ante el actual gobierno patente. En este artículo, reduce a los provida a “derecha católica radical”, ignorando que su activismo responde a omisiones como las de ACAI. Al omitir la sentencia –que, según fuentes, él tiene en su poder–, Munárriz no solo desinforma, sino que contribuye a polarizar un debate que merece honestidad. Las mujeres merecen toda la información, no propaganda filtrada.
