El Partido Socialista ha iniciado una guerra contra la sociedad civil en la figura de la acusación popular en un intento de acabar con las asociaciones gracias a las cuales se han sentado ante el juez a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, o a Begoña Gómez, esposa del presidente.
El PSOE trata de llevar adelante la denominada popularmente como «Ley Begoña», que recortaría de manera drástica las posibilidades judiciales de asociaciones como Hazte Oír o Manos Limpias. Bajo el pretexto de evitar investigaciones «basadas en recortes de periódicos», los socialistas tratan de evitar que las pesquisas que han llevado al círculo más cercano de Pedro Sánchez a los juzgados puedan proseguir.
Siguiendo esta persecución, los socialistas han decidido elevar ante el Tribunal Supremo una demanda contra Hazte Oír, que ya ha sido desestimada en dos ocasiones, una por la Junta Electoral Provincial de Madrid y otra por la Junta Electoral Central.
En esta demanda el PSOE denuncia que «Pedro Sánchez y Begoña Gómez fueron objetivo una campaña negativa y de desprestigio» por parte de Hazte Oír antes del inicio de la campaña electoral de las últimas elecciones generales. En la demanda a la que ha tenido acceso El Debate, los socialistas aseguran que esta asociación es una «organización ultraconservadora» cuyo objetivo es «desmotivar y desmovilizar el voto para el PSOE, con una campaña de intoxicación».
La demanda se fundamenta en la idea de que Hazte Oír influye en la campaña electoral. Un extremo desestimado en las instancias previas, que ya certificaron que esta asociación «no solicita el voto» para ninguna formación política y que, por lo tanto, sus mensajes se encuentran amparados por la libertad de expresión.
En el documento de demanda, el PSOE trata de justificar que se limite esta libertad de expresión de una asociación ya que «no se trata de influir en el sentido del voto, se trata de captar sufragios para otras candidaturas con el objetivo perjudicar el voto del PSOE, para provocar la dimisión de Pedro Sánchez, ir contra él y contra el Socialismo».
Por su parte, Hazte Oír ha asegurado que «pese a los intentos de intimidación», proseguirán con actividad con transparencia y respeto a la legalidad. Miguel Tomás, portavoz de la asociación ha expresado que «el PSOE demuestra su incapacidad para aceptar las reglas democráticas y recalca su disposición a instrumentalizar las instituciones para silenciar a quienes disienten de su discurso oficial».
La libertad de la sociedad civil está en juego. El gobierno de Pedro Sánchez busca anular cualquier voz disidente y crítica que desafíe su poder, lo que evidencia su aversión hacia la libertad de expresión y la pluralidad democrática. La supresión de la acusación popular es un claro intento de silenciar a las asociaciones que representan a la ciudadanía en los tribunales.
Asociaciones como Hazte Oír o Manos Limpias somos todos. Si mañana las callan, nos estarán callando a todos nosotros. Este es un ataque directo a la sociedad civil y a nuestra capacidad de cuestionar y supervisar al poder. Es imperativo defender estas libertades, porque su pérdida afectaría a todos los ciudadanos, dejando a España a merced de un gobierno que actúa como una dictadura total.
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