El PP cómplice una vez más del PSOE: Aprobado definitivamente la reforma anticonstitucional de la Constitución que discrimina a los hombres

Tras la votación el pasado marte en el Congreso -312 a favor y 32 en contra-, la iniciativa impulsada por el PP y el PSOE ha pasado a la Cámara Alta sin incorporar ninguna enmienda donde ha sido aprobada definitivamente con el apoyo de 254 senadores y el voto en contra de 3, de Vox, que se ha desmarcado del consenso que ha alcanzado la propuesta impulsada por PSOE y PP para ceñir la modificación solo al artículo 49.

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La propuesta se ha llevado a cabo por la vía exprés, tal y como acordaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Al no introducir la Cámara Alta ninguna modificación al texto remitido por el Congreso, la reforma no tiene que volver a la Cámara Baja y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Además, se publicará también en catalán, euskera, gallego y vasco.

Tras su aprobación en el Congreso y en el Senado, la reforma será publicada en el Boletín Oficial del Estado y no entrará en vigor hasta que pasen quince días, que es el plazo que se abre por si un 10% de la Cámara pide que se someta a referéndum, algo que en principio no parece probable con el pacto alcanzado por el PP y el PSOE.

Vulneración de la Constitución

Se trata de la primera reforma social de la Carta Magna, que requería ser aprobada por una mayoría de tres quintos de los diputados. Pero si las palabras importan, mucho más las que se introducen en la Constitución, como es el caso de esta reforma. Y es que el cambio anunciado no sólo consiste en una mera modificación formal para evitar que las personas con una discapacidad física o mental se sientan minusvalorados, sino que el texto propuesto supone una vulneración expresa de un derecho fundamental recogido en la propia Constitución, en su artículo 14, referido a la igualdad ante la ley: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social«.

El nuevo artículo 49, a diferencia del aprobado originalmente en la Constitución del 78, incluye el siguiente añadido: «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».

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Según los juristas, ese «atender particularmente» las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad supone una expresa discriminación positiva hacia la mujer y, por tanto, una discriminación pura y dura hacia los hombres, incluidos los propios niños a los que esta reforma, en teoría, pretende defender especialmente, puesto que, una vez que alcancen la mayoría de edad, no serán iguales ante la ley por una mera razón de sexo.

Según esta reforma, las mujeres con discapacidad se merecen un mejor trato que los hombres por el simple de ser mujer y, por tanto, los hombres con discapacidad son, del algún modo, menos que las mujeres por el simple hecho de ser hombres. En lugar de atender las necesidades de cada persona en función de la gravedad de la dolencia o su situación particular, con independencia del si es hombre o mujer, se diferencia en función del sexo.

España cuenta con cerca de 4,4 millones de personas discapacitadas, siendo el 41% hombres y el 59% mujeres, según la Encuesta de Discapacidad del INE de 2020. Esta diferencia, sin embargo, se debe a que las mujeres viven más años de media que los varones, fallecen más tarde y, por tanto, al registrar una edad más avanzada, también sufren mayores problemas de esta naturaleza.

(con información de Libertad Digital)