El Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) en el Congreso de los Diputados: «Lamento decirles que no somos un bulo’

Okupación: Mientras la extrema izquierda la promueve, las víctimas sufren la desprotección del Gobierno

La okupación de viviendas es un problema creciente en España que afecta a miles de propietarios y vecinos. Sin embargo, mientras las víctimas denuncian su desamparo, el Gobierno de Pedro Sánchez minimiza la situación, calificándola de “bulo”, y los partidos de izquierda y extrema izquierda, como Podemos, Sumar, ERC y Bildu, muestran su apoyo tácito al no participar en debates clave sobre el tema.

Esta postura quedó patente en la reciente Comisión de Vivienda del Congreso, donde Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), expuso con contundencia la gravedad del problema y lamentó la indiferencia de las autoridades, tal como recoge Hispanidad.

«No somos un bulo», declara el portavoz de la PAO

Ricardo Bravo compareció en la Comisión para visibilizar las consecuencias devastadoras de la okupación, no solo en términos económicos, sino también sociales. Durante su intervención, desmintió las afirmaciones del Gobierno que trivializan el problema:

«Lamento decirles que no somos un bulo. Tampoco somos unos ‘asustaviejas’», afirmó Bravo, haciendo referencia a las declaraciones de miembros del Gobierno que han intentado desacreditar a las víctimas.

Los datos oficiales del Ministerio del Interior, que reportan 15.289 denuncias por usurpación o allanamiento de morada, subestiman la magnitud real del fenómeno, según Bravo. Las cifras no reflejan ni los casos no denunciados por la lentitud de la Justicia ni el impacto de la inquiokupación (cuando inquilinos dejan de pagar y no abandonan la vivienda). Bravo estima que este último fenómeno afecta actualmente a unas 80.000 personas en España.

«Los propietarios saben que si recurren a la Justicia, podrían tardar entre dos y cinco años en recuperar sus viviendas. Por eso buscan soluciones extrajudiciales de todo tipo», añadió, subrayando el sufrimiento de las víctimas, muchas veces obligadas a lidiar con mafias organizadas.

La extrema izquierda, ausente de la Comisión

La sesión de la Comisión de Vivienda fue significativa no solo por las denuncias presentadas, sino también por las ausencias notorias de partidos de extrema izquierda como Podemos, Sumar, ERC y Bildu. Su inasistencia envió un mensaje claro: la extrema izquierda priorizan su ideología por encima de la defensa de los derechos de las personas.

Esta falta de compromiso resulta especialmente llamativa considerando que ERC y Bildu votaron, aunque “por error”, a favor de una reforma clave en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La propuesta, impulsada por el PNV, busca agilizar los desahucios de okupas, permitiendo que los delitos de usurpación y allanamiento de morada se tramiten mediante juicios rápidos en un plazo máximo de 15 días.

Pese a este avance, la pasividad del Gobierno y sus aliados ha obstaculizado la implementación de soluciones efectivas. Las víctimas de la okupación siguen sufriendo mientras las formaciones de izquierda mantienen un silencio cómplice.

El Gobierno ignora a las víctimas

Desde octubre de 2021, la PAO ha enviado mensualmente solicitudes a la ministra de Vivienda, actualmente Isabel Rodríguez, para reunirse y abordar el problema. Hasta la fecha, no han recibido respuesta alguna. Este desinterés del Ejecutivo refuerza la percepción de abandono por parte de las instituciones.

Bravo expresó su frustración en la Comisión: «Si tiene algún acceso a la ministra, le agradeceríamos que nos pudiera hacer un huequito, porque creo que nos lo merecemos». Su llamado pone en evidencia la falta de empatía del Gobierno hacia quienes padecen la okupación y su negativa a reconocer la gravedad del problema.1920

Las víctimas: desprotegidas ante la okupación

La okupación no solo afecta a los propietarios que pierden sus viviendas, sino también a los vecinos de edificios tomados por mafias y a comunidades enteras que ven deteriorada su calidad de vida. Además, los procedimientos legales son lentos y costosos, lo que desalienta a las víctimas a buscar soluciones judiciales.

Por su parte, el Gobierno de Sánchez y sus aliados continúan negando la realidad de la okupación, a pesar de los numerosos testimonios y evidencias presentadas. En lugar de actuar, califican el problema como un «bulo» o intentan restarle importancia, lo que solo agrava la situación de vulnerabilidad de los afectados.

El abandono institucional fomenta la okupación

La falta de respuesta institucional y la actitud complaciente de la izquierda y extrema izquierda ante la okupación de viviendas perjudican a miles de ciudadanos. Mientras el Gobierno insiste en negar la gravedad del problema, las víctimas quedan desprotegidas y expuestas a un sistema que favorece a los okupas y penaliza a los propietarios.

El silencio político de partidos como Podemos, Sumar, ERC y Bildu, así como la indiferencia del Ejecutivo, refleja un sesgo ideológico que prioriza los derechos de los okupas sobre los de las víctimas. Es imprescindible que el Gobierno asuma su responsabilidad y escuche a quienes sufren las consecuencias de un fenómeno que está desbordando los límites de lo tolerable.

Mientras no se tomen medidas contundentes, el mensaje seguirá siendo claro: en España, la okupación tiene más apoyo político que las víctimas que la padecen.