Los agricultores españoles exigen la suspensión inmediata del acuerdo agrícola de libre comercio entre la UE y Marruecos
La agricultura española enfrenta una crisis sin precedentes debido a la competencia desleal de Marruecos, un país que, con el respaldo explícito de la Unión Europea y la permisividad del Gobierno español, está arrasando con sectores clave del campo español. Este problema se agrava por dos factores fundamentales: el avance de la Agenda 2030, destinada a desmantelar el sector primario europeo favoreciendo a terceros países, y el hecho de que muchas tierras de cultivo en Marruecos pertenecen al monarca Mohamed VI, cuyo interés en estas actividades es más político y económico que agrícola.
La amenaza directa del libre comercio entre la UE y Marruecos
Los agricultores españoles han alzado la voz contra el acuerdo agrícola de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos, tal como recoge El Debate, demandando su suspensión inmediata tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaró nulos los acuerdos de pesca y agricultura firmados en 2019. Según el TJUE, estos acuerdos violan el derecho internacional al no contar con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental.
Sin embargo, la ejecución del fallo se ha retrasado hasta 2024, lo que ha permitido que Marruecos siga operando bajo estas condiciones, incrementando su competencia desleal contra los agricultores europeos.
Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), explica que las diferencias en los costes de producción son insostenibles: «El jornal diario en Marruecos está en torno a los ocho euros, mientras que aquí el coste por hora es de diez euros. Además, su normativa fitosanitaria permite el uso de productos prohibidos en Europa, lo que les otorga una ventaja injusta”.
El huerto privado de Mohamed VI y la estrategia de Marruecos
Marruecos no solo compite de forma desleal, sino que sus operaciones agrícolas están profundamente vinculadas a Mohamed VI, señala El Debate, quien controla grandes extensiones de cultivo a través de empresas como Les Domaines Agricoles. Esta sociedad pertenece al holding real, y sus actividades incluyen el cultivo, almacenamiento y exportación de productos agrícolas a Europa, principalmente a través de Perpiñán, Francia.
La estrategia Generation Green 2030 de Marruecos pretende expandir sus cultivos a 5.000 hectáreas en el Sáhara Occidental, consolidando su control sobre esta región en disputa. Según Góngora, «Rabat utiliza estas actividades para forzar a la comunidad internacional a reconocer su soberanía sobre el Sáhara Occidental y para blanquear décadas de abusos e ilegalidades contra el pueblo saharaui”.
El impacto devastador en España: caída de producción y ruina económica
Los efectos de esta competencia desleal son palpables en regiones como Almería, donde el área de cultivo del tomate ha caído en 2.200 hectáreas en solo cinco años. Este retroceso supone una pérdida significativa para la economía local, especialmente cuando las importaciones de tomate marroquí representan ya el 48 % del total en la UE, habiendo crecido un 150 % en los últimos 25 años.
Los agricultores también han denunciado fraudes en el etiquetado y la trazabilidad de los tomates provenientes de Marruecos. Gran parte de la producción de la región de Dajla se transporta a Agadir para mezclarse con otros cultivos, dificultando conocer su verdadero origen. La falta de controles adecuados por parte de las autoridades europeas agrava esta situación.
La Agenda 2030: Un arma contra el sector primario europeo y español
El sector primario europeo se enfrenta a una amenaza doble. Por un lado, la Agenda 2030, promovida por organismos internacionales y asumida por la Unión Europea, prioriza la sostenibilidad en términos que parecen diseñados para perjudicar la competitividad de los agricultores europeos frente a terceros países. Las exigencias medioambientales, laborales y fiscales son mucho más estrictas para los productores europeos que para sus competidores extranjeros.
Por otro lado, la permisividad hacia países como Marruecos se percibe como parte de una estrategia para favorecer a terceros países, asegurando así el acceso a productos agrícolas baratos a costa de los productores locales. Mientras tanto, Marruecos utiliza sus relaciones comerciales como herramienta de chantaje. «El Gobierno de España mantiene un perfil bajo ante sentencias como la del TJUE porque teme molestar a Marruecos, que constantemente utiliza los temas migratorios y de narcotráfico como moneda de cambio», señala Góngora.
La necesidad de actuar: soluciones urgentes
El campo español exige medidas inmediatas para contrarrestar este desequilibrio. Entre las soluciones propuestas se incluye la obligación de que los productos provenientes de territorios ocupados por Marruecos indiquen claramente su origen en el etiquetado. Como recordó el ministro de Consumo, “es esencial garantizar el derecho de los consumidores a recibir información veraz sobre el origen de los productos”.
Además, es fundamental que la UE imponga controles más estrictos sobre las importaciones agrícolas para garantizar el cumplimiento de las normas laborales y fitosanitarias, y que se revise el acuerdo comercial con Marruecos para excluir productos del Sáhara Occidental.
El futuro del campo español en juego
La competencia desleal de Marruecos, combinada con la falta de acción por parte de la UE y el consentimiento del Gobierno español, amenaza con desmantelar uno de los sectores más importantes de la economía nacional. Si no se toman medidas urgentes, la agricultura española podría enfrentarse a un colapso irreversible, dejando el campo europeo en manos de intereses extranjeros y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del continente.
Mientras tanto, Marruecos y Mohamed VI continúan beneficiándose de un sistema que les permite explotar sus recursos agrícolas y chantajear a Europa con total impunidad.
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