El plan separatista para crear un ejército propio: los casos de Galicia y Cataluña

El separatismo radical en España sigue avanzando con un plan meticuloso que, aunque actualmente se mantiene dentro de los límites legales, tiene como objetivo final la independencia. Uno de los pasos más preocupantes en esta estrategia es la conformación de un ejército propio, un proceso que se ejecuta en distintas fases. Primero, expulsar a las fuerzas de seguridad estatales – la Guardia Civil y la Policía Nacional-, reemplazándolas por fuerzas autonómicas. Luego, el refuerzo de estas policías autonómicas con un aumento de efectivos y equipamiento, hasta convertirlas en cuerpos con capacidades pseudo militares de facto. Finalmente, con una estructura armada consolidada, la independencia con un aparato armado propio.

En este marco, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha iniciado una ofensiva para echar a la Guardia Civil de Galicia y sustituirla por una policía autonómica. El martes, el Parlamento de Galicia votó una proposición de ley que abriría la puerta a la retirada de la Guardia Civil del territorio gallego. No salió aprobada pero se trata de un primer paso. Está en su hoja de ruta

El BNG ha defendido esta medida con el argumento de que «el autogobierno debe ser entendido como instrumento de construcción de la identidad diferencial gallega y como herramienta de modernización y de progreso para los gallegos«. En su propuesta, recalcan que el Estatuto de Autonomía permite la creación de una policía autonómica.

Pero esta proposición no es un simple trámite administrativo: es parte de un plan más amplio del BNG, en el que se contempla la progresiva sustitución de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como la autodeterminación del pueblo gallego bajo el lema «decidir por nosotros mismos». También incluye medidas como la imposición del gallego en la enseñanza y la «lucha contra el discurso españolista y centralizador». Más que una transferencia de competencias, esta propuesta busca debilitar la presencia del Estado en Galicia y fortalecer las estructuras separatistas.

En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue concediendo privilegios al separatismo catalán. Se ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) una ampliación en el número de efectivos de los Mossos d’Esquadra, que pasarán de los 22.006 actuales a 25.000 en 2030.

Esta medida se enmarca en las cesiones de Sánchez al independentismo, con el aval del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero el aumento de efectivos no es el único punto de alarma: en la mesa de negociaciones está también la cesión de competencias en materia de extranjería y fronteras a la Generalitat.

Expertos en seguridad han alertado sobre el «grave peligro para la seguridad nacional» que supondría conceder a la Generalidad el control sobre las fronteras. Esto podría facilitar la entrada de elementos desestabilizadores y debilitar la cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, erosionando aún más la soberanía nacional.

Estos pasos no son improvisados, sino parte de una estrategia separatista bien calculada. Mientras tanto, Pedro Sánchez continúa debilitando la unidad de España con concesiones irresponsables que ponen en peligro la seguridad del país.

Es imprescindible que se refuercen las políticas que garanticen la presencia del Estado en todas las regiones y se frene cualquier cesión que favorezca la construcción de estructuras separatistas.