El plan de «censura» de Sánchez, además de controlar a los medios, repartirá carnets de fiabilidad de los medios

«Las palabras son palabras, las excusa son excusas y las obras son realidades» Esta frase siempre hay que aplicarse al maestro de la manipulación y mentira que es Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez miente cuando dice que “No es la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad de los medios” en el Congreso. Son palabras para la galería porque la realidad es que ha anunciado que quiere controlar a qué cabeceras se les da publicidad y a cuáles no y que les repartirá 100 millones de euros, pero solo a algunas de ellas y bajo ciertas condiciones. Es decir, la realidad es que la intención del manipulador es la de repartir carnets de fiabilidad de los medios.

El plan de censura de Sánchez, – llamado «Plan de Regeneración Democrática»– se tratará de una ley con la que el Gobierno pondría límite a los contenidos de la prensa, coincidiendo justo con el momento en el que comienzan a publicarse informaciones sobre la mujer, el hermano del presidente… e incluso sobre él que ha sido llamado a declarar el próximo 30 de julio.

La duda que surge en España dentro de la industria de la información es evidente: cuáles van a ser los medios que van a encontrar la gracia del dictador Pedro Sánchez a la hora de dotarles con ingresos por publicidad y cuáles comenzarán a encontrar trabas para llevar a cabo su libertad de expresión e información. Sánchez ya ha ido dando pistas: los digitales serán los primeros a los que ponga en la diana, ya se han dado los nombres de algunos de ellos. sobre todo si han revelado informaciones sobre los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias de su mujer, la imputada Begoña Gómez.

¿La excusa? El Reglamento de Libertad de Medios del Parlamento Europeo

Para ello, Sánchez se excusa en el  “cumplimiento” del Reglamento de Libertad de Medios que aprobó el Parlamento Europeo hace unos meses, un documento que pretende responder «a la creciente preocupación” que hay en la UE por la “politización” que sufren algunos medios de comunicación —según se desprende de su contenido—. Este es el pretexto que utilizará el manipulador y mentiros Sánchez para obligar a los periodistas a hacer público ante sus lectores quiénes son los accionistas de los periódicos en los que trabajan y quiénes los financian.

El Reglamento de Libertad de Medios está publicado en el boletín de la Unión Europea desde el 17 de abril de este año, aunque no tiene por qué aplicarse hasta agosto de 2025, y se trata de un documento menos preciso que una ley estatal, pero al que no se puede contradecir en ninguno de los países de la UE a través de otras leyes.

El Reglamento de Libertad de Medios lo hacen pensando en que los medios no reciban fondos de estados ajenos a la Unión, no tanto para controlarnos dentro de las fronteras europeas», afirma el profesor de Derecho de la Información de la Universidad Abat Oliba CEU, José Manuel Silva.

Los países de nuestro entorno no han aplicado el Reglamento del modo que pretende Sánchez

En los países del entorno no se han aplicado medidas como la que Sánchez ha anunciado para España, a pesar de que se rigen por los mismos reglamentos europeos que nuestro país: «Yo conozco las legislaciones italiana, alemana y francesa, que serían las referentes, y allí claramente proclaman la libertad de prensa, sin barreras»,  señala José Manuel Silva.

El Gobierno controlará por ley la publicidad que contraten todas las administraciones públicas

A partir de ahora, la publicidad institucional vendrá repartida, en parte, según sean las audiencias de cada medio, las cuales deberán ser públicas. La elección del sistema que mida a cuántos ciudadanos llega cada medio no será un asunto menor, ya que al fin y al cabo lo que Sánchez pretende es “limitar la financiación” —según sus propias palabras— de algunas empresas editoriales, y será ese método el que decida cuáles reciben dinero y cuáles no.

En la misma línea, el presidente ha prometido una ayuda de 100 millones de euros para la “digitalización” de los medios que lo necesiten, por lo que también será de sumo interés por parte del sector conocer los detalles de este anuncio. Se tratan de ayudas de los fondos Next Generation que debían otorgarse de todos modos, si bien ahora se fija que su destino será la prensa. Queda por saber qué medios recibirán estas cantidades y cuáles no, a pesar de competir todos en el mismo mercado de la información.

La ley ya garantiza que las informaciones que publican los medios sean veraces

«Los medios de comunicación tienen la obligación de informar de una manera veraz, pero también de desmentir aquellas noticias que aparezcan en otros medios y redes sociales», explica el profesor José Manuel Silva, de la Universitad Abat Oliba CEU.

Cuando un medio publica una información falsa o injuriosa —es decir, que no se sabe si es falsa, pero atenta contra el honor— existe el derecho de rectificación, que obliga al medio a desmentir lo publicado dándole la misma preponderancia que en la noticia original. «Si no lo hace, hay dos vías para pedirla: la civil y la penal, que es para casos más graves», explica el profesor. «No son los gobiernos los que tienen que decidir si una información es falsa, sino los tribunales», señala José Manuel Silva, también periodista y abogado.

Fuente: Manu Torralba| Voz Populi