El plan de censura de Sánchez: un ataque directo a la libertad | Alfonso P. Sanz

La libertad de expresión en España está en jaque. El anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, supone un hito alarmante en el camino hacia la censura institucionalizada y un atentado contra la libertad de expresión. Es otro paso más en la implantación del estado dictatorial de Sánchez. Bajo la excusa de combatir la desinformación, esta reforma se enmarca dentro de una persecución a los medios de comunicación críticos con sus políticas, a quienes acusan de difundir «bulos», El Ejecutivo de Pedro Sánchez está trazando un camino de censura que vulnera principios fundamentales de nuestra Constitución.

El plan de Sánchez no es solo desproporcionado, sino también profundamente antidemocrático. El objetivo, aunque no se diga, está claro: Alvise Pérez, Vito Quiles, Bertrand Ndongo, Estado de Alarma, etc. Pero al centrarse en los usuarios con más de 100.000 seguidores en redes sociales, el Gobierno crea una distinción arbitraria que discrimina a los ciudadanos según su influencia digital. Según la Constitución, todos los españoles son iguales ante la ley (artículo 14). Este umbral de seguidores no tiene justificación legal ni moral, y establece un peligroso precedente al dividirnos en categorías de ciudadanos de primera y segunda clase.

Autocensura y «efecto desaliento». La libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, está siendo amenazada. La simple posibilidad de enfrentarse a sanciones arbitrarias por parte del Gobierno podría llevar a una autocensura generalizada. La mera existencia de esta ley generaría un efecto disuasorio que llevaría a la autocensura por miedo a las sanciones. Este «efecto desaliento» mina los pilares de una sociedad abierta, donde el libre intercambio de ideas es esencial para el progreso político y social.

Participación política bajo amenaza. El artículo 9.1 de la Constitución estipula que los poderes públicos deben facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y cultural. Sin embargo, si el Gobierno decide censurar o «rectificar» informaciones según su propio criterio, se limita gravemente la capacidad de los ciudadanos para opinar, debatir y participar en el debate público. En una democracia, el Ejecutivo no puede ser juez y parte.

Ambigüedad y ausencia de seguridad jurídica. La inseguridad jurídica es otro de los puntos más preocupantes de este anteproyecto. El artículo 9.3 de la Constitución garantiza que las normas sean claras y precisas. Sin embargo, este plan deja en manos del Ejecutivo la definición de «noticia falsa» o «bulo», un terreno peligrosamente ambiguo. Es el mismo Gobierno que, en múltiples ocasiones, ha difundido información errónea —como sus promesas incumplidas de no pactar con Bildu o de no impulsar una Ley de Amnistía—. ¿Quién decide qué es verdadero o falso? En democracia, esa decisión debe corresponder a los tribunales, no al Ejecutivo.

Se deberá rectificar sin importar la veracidad de la noticia inicial. El nuevo anteproyecto aprobado introduce un giro radical en el derecho de rectificación, imponiendo una obligación inédita: no será suficiente con publicar o difundir la rectificación, sino que deberá añadirse un aviso explícito que declare que la información original era «inexacta o falsa» y que ha sido rectificada. Esta imposición, que se aplica sin importar la veracidad de la noticia inicial, abre un preocupante precedente en el tratamiento de la información, forzando a los medios a emitir juicios categóricos que podrían socavar su credibilidad y autonomía.

No se puede combatir la desinformación a costa de sacrificar y eliminar derechos fundamentales. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier restricción a la libertad de expresión requiere una orden judicial previa. Este anteproyecto, en cambio, otorga al Gobierno un poder desmedido y arbitrario.

Permitir que el Ejecutivo de Sánchez regule las opiniones y expresiones de los ciudadanos equivale a permitir que erosione las bases de nuestra democracia. El plan de Sánchez es un paso más hacia la censura y la dictadura. La libertad de expresión no puede quedar al arbitrio de un Gobierno. Este anteproyecto no solo es inconstitucional, sino también peligroso para el futuro de nuestras libertades. La sociedad española debe levantarse contra esta medida y exigir respeto a los principios que han guiado nuestra convivencia desde la Transición. La libertad no es negociable.

Alfonso P. Sanz | Jurista