El fracaso de la ley dependencia: cada 15 minutos muere 1 persona en las listas de espera; es decir, 4 personas por hora y casi 100 al día

La Ley de Dependencia: el fracaso de un sistema burocrático

La Ley de Dependencia cumple 18 años y lo hace bajo una sombra que refleja el fracaso de un sistema incapaz de garantizar los derechos de los más vulnerables. 900.000 personas han muerto esperando un tratamiento o prestación que nunca llegó, lo que representa a 1 de cada 5 personas que lo necesitaban. A día de hoy, la realidad es estremecedora: cada 15 minutos muere alguien en las listas de espera; es decir, 4 personas por hora y casi 100 al día.

Mientras tanto, las administraciones son inflexibles a la hora de exigir impuestos, pero su lentitud burocrática y la falta de voluntad política reflejan que la vida de estas personas no es una prioridad.

Un sistema ineficaz: cifras que estremecen

Desde la aprobación de la ley en 2006, 3.699.078 personas han recibido atenciones del Sistema de Dependencia. Sin embargo, entre los largos plazos de tramitación y la insuficiencia de  recursos, 900.000 dependientes han fallecido sin recibir la ayuda que necesitaban.

El informe presentado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, elaborado con datos del Portal de Transparencia, y recogido por Libertad Digital, es demoledor:

• El tiempo medio para tramitar un expediente es de 330 días, aunque en comunidades como Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia la espera supera el año.
• En 2024, 291.649 personas seguirán desatendidas, bien porque están pendientes de valoración (136.954) o porque, pese a tener un Plan de Atención Individual (PIA) aprobado, no se ha hecho efectivo (23.612).
• Desde la implementación de la ley, 541.000 personas murieron esperando recibir un servicio reconocido y 318.000 fallecieron sin que siquiera se les valorase el grado de dependencia.

Según José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, aunque la lista de espera se ha reducido en los últimos años, ha sido a costa de «reducir las cuantías de las prestaciones y apostar por servicios de bajo coste».

El coste de la burocracia y los recortes

Uno de los problemas estructurales del sistema es su financiación. A pesar de que en los últimos tres años ha aumentado la aportación del Estado con un plan de choque, todavía no se ha alcanzado el objetivo de una financiación paritaria entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. El gasto por persona atendida ha caído drásticamente:

• En 2010 era de 8.145 euros.
• En 2024 la cifra se ha reducido a 5.982 euros, un 26,6 % menos.

«El Ministerio está continuamente diciendo que va a reformar la ley y nosotros pedimos que antes de reformarla la cumpla», denuncia José Manuel Ramírez.

Las comunidades más afectadas

El informe pone el foco en comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía, que desde 2017 acumulan la mitad de los fallecidos en las listas de espera. Mientras tanto, comunidades como Castilla y León y País Vasco son ejemplos de eficiencia, al estar por debajo del plazo máximo legal de resolución, que es de 180 días.

«No hay excusas», afirma Ramírez. «Si estas comunidades son capaces de cumplir con los plazos, otras también pueden hacerlo». En cambio, comunidades como Murcia y Canarias sufren una «impericia y falta de gestión desde los inicios de la Ley», algo que, según el presidente del Observatorio, atenta contra el artículo 9 de la Constitución, que garantiza la igualdad en la protección social.

Un drama silencioso

Cada 15 minutos se muere una persona en las listas de espera de la dependencia sin haber accedido a las prestaciones. La mayoría de los solicitantes son personas mayores que no tienen tiempo para esperar y, sin embargo, las administraciones «ocultan el sufrimiento» de estas familias dificultando incluso el acceso a los datos.

La falta de voluntad política y la excesiva burocracia convierten a un derecho en papel mojado, mientras miles de familias sufren en silencio. «Algunos gobernantes tienen alma y gestionan con eficacia; otros simplemente no se preocupan por el sufrimiento de las personas vulnerables de su comunidad», denuncia Ramírez.

En definitiva, después de 18 años, el balance de la Ley de Dependencia es devastador. Mientras el sistema sigue ahogado por la ineficacia, las listas de espera son una condena para miles de familias. Un país que exige impuestos puntualmente debería, al menos, estar a la altura cuando se trata de proteger la vida y la dignidad de sus ciudadanos más vulnerables.

El drama de las 900.000 personas fallecidas no es un simple número: es la prueba de que algo ha fallado en un sistema que debía garantizar la asistencia y el apoyo a quienes más lo necesitan.