Un golpe económico al campo andaluz
El impacto de la PAC en Andalucía es devastador, con pérdidas económicas que alcanzan los 108 millones de euros en 2023. Esta caída en las ayudas, que pasaron de 1.440 millones de euros en 2022 a 1.332 millones en 2023, ha sido denunciada por asociaciones agrarias como Asaja-Andalucía, COAG Andalucía y las cooperativas agroalimentarias de la región. Estas organizaciones exigen cambios en la implementación del plan para 2025, señalando que «la regionalización y los ecorregímenes, tal como están definidos actualmente, son los principales causantes de esta pérdida económica».
La respuesta del Gobierno ha sido de abandono y ninguneo, según estas asociaciones, que destacan que «pese a las reiteradas solicitudes y alegaciones», el Ministerio de Agricultura no ha hecho nada para mitigar el impacto económico sobre Andalucía. Estas palabras cobran fuerza cuando se constata que, aunque Andalucía es la principal región agraria de España, ha recibido un trato desfavorable respecto a otras comunidades.
La PAC y la agenda 2030: Un futuro aterrador para agricultores y ganaderos
La PAC 2023-2027 fue diseñada bajo los principios de la Agenda 2030, que ha afectado a los productores españoles de manera desproporcionada. La PAC ha introducido criterios que, según los agricultores, «ignoran las particularidades del campo y sus necesidades específicas», en lugar de apoyar un modelo agrario equilibrado y viable.
«Esta PAC parece más una medida punitiva que de apoyo, especialmente para las comunidades del sur de Europa».
Los ecorregímenes, que son prácticas agrícolas sostenibles necesarias para acceder a ciertas ayudas, están diseñados sin tomar en cuenta las peculiaridades de cada región. Esto ha llevado a que muchos agricultores andaluces no puedan cumplir con los requisitos, resultando en una reducción de sus ingresos. La COAG ha denunciado que «esta PAC parece más una medida punitiva que de apoyo, especialmente para las comunidades del sur de Europa».
La hipocresía del Partido Popular
Sin embargo, en este contexto, destaca la incoherencia del Partido Popular (PP). Mientras que sus representantes en Europa apoyaron imponer, junto al PSOE, esta PAC que perjudica a los agricultores españoles, en el ámbito nacional se muestran escandalizados, intentando aprovechar la situación para desgastar al Gobierno de Sánchez. Un caso representativo es el de Cristóbal Ortega, coordinador general del PP en Málaga, quien, tal como recoge el Debate, clama contra el impacto de la PAC en el campo andaluz, a pesar de que su partido fue corresponsable de su aprobación en Europa, en un intento de distanciarse del impacto negativo de esta política. «Este duro varapalo para nuestros agricultores será incluso mayor de lo previsto al superar los 500 millones de euros de pérdidas en las cinco anualidades«, ha lamentado Ortega, exigiendo una «rectificación inmediata» en la política de Planas. Sin embargo, este mensaje contrasta con la postura del PP en Europa, donde respaldaron los mismos principios de la PAC que ahora critican en España.
Este doble discurso resalta la hipocresía del PP, que, de cara a su electorado, se presenta como defensor de los agricultores españoles, mientras en Europa apoya políticas que claramente perjudican al sector primario nacional. La PAC, impulsada por la Agenda 2030 de la UE, tiene una evidente orientación hacia políticas verdes y sostenibles que, en la práctica, están golpeando al sector primario español, y particularmente al andaluz.
Necesidad de derogación de la PAC y apoyar al sector primario
La situación del sector primario en Andalucía y en el resto de España requiere de una derogación urgente de la PAC. Las asociaciones agrarias y los representantes del sector coinciden en que es imprescindible adaptar esta política a las necesidades de las distintas regiones agrarias del país y reconocer la importancia de los agricultores y ganaderos en el tejido económico español. La falta de apoyo a estos sectores puede derivar en una mayor dependencia de las importaciones y en un debilitamiento de la soberanía alimentaria nacional.
Mientras tanto, la hipocresía política sigue presente. Tanto el PP como el PSOE han aprobado en Europa políticas que ahora, desde sus respectivos territorios, critican o ignoran. «Es necesario que la política agraria responda a los intereses de quienes mantienen vivo el campo español, y no a agendas alejadas de la realidad del sector», concluyen los portavoces de COAG y Asaja.
La PAC, lejos de ser una herramienta de apoyo para el sector primario, está mostrando ser un obstáculo que obstaculiza el desarrollo rural y ahoga a los agricultores y ganaderos españoles. Una derogación, o al manos, una reforma de fondo es esencial para garantizar que esta política cumpla con su supuesto objetivo de promover la seguridad alimentaria y el bienestar rural.
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