La Fiscalía pide para Frontera tres años de prisión, una multa de 13.800 euros y una orden de alejamiento de 500 metros durante tres años
El vecino denunciado por Pablo Iglesias e Irene Montero por el supuesto acoso a su vivienda en Galapagar en 2020 se sentará finalmente en el banquillo por los hechos denunciados por el ex vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad. Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción número de Collado Villalba en un auto en el que reclama al procesado una fianza de 52.266 euros. El magistrado Javier Carreño ordena que se acuerde el embargo de sus bienes por ese montante “si en el día siguiente al de notificación del presente auto no prestare la fianza exigida”.
La Fiscalía pide tres años de prisión para Frontera por dos delitos continuados de injurias graves a la autoridad con publicidad, acoso y descubrimiento de secretos. Además, la fiscal Paloma Duret solicita que se le impongan multas que suman 13.800 euros y que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros del domicilio o lugar de trabajo de Iglesias y Montero durante un plazo de entre dos o tres años, el mismo tiempo durante el cual reclama que se le impida asimismo comunicarse con ellos “por cualquier medio”.
Según expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, entre el 15 de mayo y el 12 diciembre de 2020 (cuando el instructor le impuso una orden de alejamiento) las protestas de Frontera provocaron “una alteración” de la vida familiar de Iglesias, Montero y sus tres hijos menores por los “ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad”, así como la “limitación de movimientos” de ambos con sus hijos “por temor a que presenciaran o escucharan expresiones ofensivas para ellos”.
La Fiscalía señala que aunque en un principio “se limitó a sumarse a las concentraciones diarias” frente al domicilio, para trasladar su malestar por la gestión del Gobierno de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, “en pocos días incrementó su actividad comenzando a portar aparato de música con altavoces en el que se reproducía con el volumen alto el himno nacional y a proferir gritos” contra Iglesias, al que motejó de “chepas” o “garrapata”, realizando también, añade, “caceroladas con las consiguientes molestias para los allí residentes”.
Iglesias y Montero reclaman para Frontera una pena de año y medio de cárcel, una multa de 9.000 euros y otros diez mil como indemnización por daños morales a cada uno de ellos. Su defensa le imputa un delito de coacciones continuadas, otro de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Asimismo, reclama que se le condene al pago de las costas procesales.
La abogada de Frontera, Polonia Castellano -que a partir de ahora dispone de diez días para presentar su escrito de defensa- defiende la inocencia de su cliente y considera que las protestas están amparadas en la libertad de expresión y ve “desproporcionada” la fianza de 52.000 euros y recuerda que el diputado de Podemos Alberto Rodríguez (juzgado hace unos días en el Tribunal Supremo) “se enfrenta a una multa de 180 euros por dar supuestamente una patada a un policía”.
(Diario La Razón | Adelante España)
