El Ministerio de Educación rechaza ante el Parlamento Europeo establecer «un porcentaje cuantitativo determinado» y apuesta por hacer «una valoración flexible» caso por caso
El Ministerio de Educación ningunea ante el Parlamento Europeo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña(TSJC) que, en diciembre del año pasado, ordenó un mínimo de un 25% de clases en castellano en todas las escuelas catalanas. En efecto, el Gobierno ha renunciado a exigir a la Generalidad que cumpla con la última sentencia del TSJC, datada en diciembre del pasado año, en la que se ordenaba a la administración autonómica a impartir el 25% de las clases en español ante su uso «residual» en la enseñanza.
El Ministerio de Educación se limita a decir en una respuesta a la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo que el fallo «todavía no tiene carácter firme, al haber sido recurrida en casación al Supremo por la Generalitat» y que «serán los tribunales en uso de sus atribuciones, entre las cuales están las relativas al cumplimiento de sus sentencias, quienes actúen, llegado el caso».
La renuncia del Gobierno a exigir el cumplimiento de las sentencias sobre la inmersión se produce en un contexto de cesiones y transferencias a la Generalidad para lograr el apoyo de los partidos separatistas a los Presupuestos Generales del Estado y reforzar la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa
Sólo tres colegios en Cataluña cumplen la sentencia que obliga a un 25% de clases en español
En la región de Cataluña sólo hay tres colegios que cumplen la sentencia que obliga a impartir el 25% de las horas lectivas en español.
«Hablamos Español» pide ayudas para las familias de Policías y Guardias Civiles que tienen que escolarizar a sus hijos en Cataluña.
La entidad «Hablamos Español» ha realizado un barrido por toda Cataluña tras recibir la consulta de varias familias y sólo ha encontrado tres centros que apliquen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma (TSJC).
Dadas estas circunstancias, «Hablamos Español» reclama que se exima de la inmersión lingüística a los hijos de funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en comunidades bilingües y que se conceda una compensación económica para hacer frente a los gastos de escolarización en centros concertados donde se cumplan las sentencias judiciales favorables a un mínimo porcentaje de clases en español.
Incumplir los fallos como norma
El incumplimiento de las sentencias que afectan al modelo de inmersión lingüística de la Generalidad es un clásico. Los responsables de la consejería de Enseñanza se jactan de tales incumplimientos mientras repiten por activa y por pasiva que su modelo no se toca.
