El Gobierno tramita la Ley que acabará con la educación especial

En plena pandemia y con la opinión pública indefensa el Gobierno y los grupos que lo apoyan están avanzando en la tramitación de la Ley Celáa.

El colectivo Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN ha denunciado públicamente que el Gobierno sigue adelante con la tramitación de la polémica Lomce, conocida popularmente como Ley Celáa que, entre otros despropósitos, prevé la desaparición de los colegios de educación especial que atienden a niños con grandes discapacidades intelectuales.

En mitad de la pandemia del coronavirus, con la opinión pública anestesiada y confinada, con la atención informativa centrada en la situación sanitaria y con todos los colectivos afectados -familias, profesionales, entidades, asociaciones…- desarbolados, el Gobierno tramita una Ley que no ha buscado ningún consenso y que, simplemente, se quiere imponer a todos.

La eliminación de los centros de educación especial se llevaría acabo, según el borrador actual de la Ley -concretamente se refiere a ello la Disposición Adicional Cuarta-, en un plazo de diez años en los que prácticamente todos los alumnos con discapacidad intelectual deberían ser trasladados de los centros especializados a colegios ordinarios.

La integración absoluta de todos los alumnos en los mismos centros educativos, independientemente de sus necesidades educativas y de cuidados reales, es una vieja reivindicación izquierdista para la que el Gobierno se escuda ahora en «el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas» y en cumplimiento de sus propios objetivos «de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030».

«Una tragedia para nuestros hijos»

Desde la asociación Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN denuncian que el Gobierno haya decidido «valerse de esta situación, en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle» para mostrar su rechazo a una ley que, en sus propias palabras, «supone una tragedia para nuestros hijos«.

Lo cierto es que, aunque la palabra tragedia pueda parecer excesiva, la verdad es que lo que plantea el Gobierno sería un drama para muchas familias cuyos hijos tienen necesidades muy específicas no solo educativas sino de cuidado y salud, pues en muchos casos mantienen cuadros muy complejos relacionados con sus deficiencias.

Es tal la importancia de estos centros, no sólo para el cuidado de los niños sino para la vida de las familias al completo, que muchos de los colegios se han constituido alrededor de asociaciones de padres, que participan activamente en el mantenimiento y la gestión de los centros.

Según estas familias con la norma se pretende limitar los Centros de Educación Especial únicamente a aquellos alumnos que requieran una atención muy especializada -un término de por sí ambiguo- y, como consecuencia de lo anterior, «eliminar arbitrariamente la mayoría de los Centros de Educación Especial existentes» para el año 2030.

Esto, por supuesto, sin dejar margen a las familias para decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, un derecho constitucional que no en vano la ministra Celáa negó explícitamente a finales del año pasado.

Mentiras y contradicciones

Desde Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN se denuncia también que durante las semanas anteriores al estado de alarma se pidió a la responsable de Educación y Universidades del PSOE, la diputada María Luz Martínez Seijo, la supresión de la controvertida y polémica disposición adicional cuarta de la Ley que es la que recoge esta eliminación de los colegios de educación especial.

También recuerdan que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias manifestaron públicamente que no querían cerrar los colegios de Educación Especial, en cuyo caso no tendría ningún sentido que se mantenga dicha disposición dentro de la Ley. Sin embargo, el texto que se está tramitando sigue incluyendo la mencionada Disposición Adicional Cuarta.

A la vista de esta situación, la plataforma muestra su «absoluto rechazo a la estrategia del Gobierno» para lo que denominan «amordazar a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y docentes», y piden la «movilización social en redes sociales y medios de comunicación de quienes como nosotros estén en contra del cierre de los colegios de Educación Especial» en nuestro país.

(C. Jordá. Libertad Digital)