Es una seria amenaza para la libertad de expresión, advirtió expresidente del Consejo de la Prensa Peruana Bernardo Roca Rey. Alertó que alcanza a radio y TV, pero puede aplicarse a medios escritos, web y cualquier plataforma informativa.
El partido gubernamental Perú Libre ha presentado un proyecto de ley que contempla el control del contenido de los medios de comunicación por parte del Gobierno, incluida la posibilidad de asumir temporalmente la explotación directa de redes de telecomunicaciones.
El proyecto de Ley N°261-2021-CR presentado el 17 de setiembre planteado por el congresista Abel Reyes, de Perú Libre, que tiene la firma digital de Waldemar Cerrón, portavoz de esa bancada, y de Francis Paredes Castro, pretende marcar la agenda de los medios de información y es una seria amenaza para la libertad de expresión. Ya en su artículo 2 justifica el proyecto debido a que el “medio de comunicación es un servicio público de competencia de la nación en el que se encuentran comprendidos los derechos y libertades de los usuarios de estos servicios, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos”.
En este sentido, subraya que «el Poder Ejecutivo, con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia».
Radio y TV promovidas por el Estado
Según el proyecto, la radio y TV en sus distintas modalidades es una actividad estratégica e indispensable para el fortalecimiento de la democracia y los derechos a la comunicación, a la información, educación y cultura del pueblo, por lo que debe ser protegida y promovida por el Estado.
Asimismo, dice que “debe prevenirse, rechazarse y corregirse cualquier tendencia a la concentración, acaparamiento, o monopolización de las frecuencias de radio y televisión”, lo que deja abierta la posibilidad para que el Ejecutivo cierre los programas que no vayan en esa línea.
Críticas unánimes al proyecto de ley
El presidente del Consejo de la Prensa Peruana Bernardo Roca Rey, sostuvo que se trata de un proyecto muy genérico que abarca no solo a la radio y televisión, sino que puede alcanzar a los medios escritos e incluso a la web y todo medio que brinde información desde cualquier plataforma, lo que nos llevaría al mismo nivel que Venezuela o Nicaragua.
Para Roca Rey, lo que se busca es dictar la agenda a los medios para que se hable o informe lo que, de acuerdo al criterio del Ejecutivo, sea lo más objetivo y beneficioso para el país, quitándole a los periodistas la posibilidad de análisis y críticas contra el Gobierno, y dejando sin posibilidades de fiscalización a los periodistas.
Por otra parte, el proyecto recuerda que «de conformidad con el artículo 14 de la Constitución (…) ‘Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural». «Sin embargo, en la realidad nacional actual se observa como los medios de comunicación se olvidaron de dicha colaboración con el Estado, así como de la responsabilidad social que tienen, desconociendo cualquier forma de ética en la difusión de sus contenidos», apunta.
El constitucionalista Bruno Fernández ha sostenido en declaraciones concedidas al diario peruano ‘El Comercio’ que el proyecto tiene imprecisiones y contradicciones con la actual Ley de Radio y Televisión y ha argüido que «si se quiere hacer una modificación, se debe modificar la ley actual».
«Ya hay disposiciones específicas para la colaboración de los medios durante los estados de emergencia, y aplicarse lo dicho en el proyecto, puede dar (paso) a arbitrariedades», ha alertado Fernández, quien ha dicho que la posible vulneración de la libertad de prensa «dependerá mucho de su aplicación, aunque no es un proyecto técnicamente sustentado».
«Hay que recordar que en regímenes de excepción, los derechos fundamentales a la libertad de opinión e información no se restringen y la misma ley vigente reconoce eso. Parece que lo que se quiere hacer no es mantener esta colaboración, sino pasar a una obligación», ha zanjado.
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