El Gobierno de Pedro Sánchez ha ubicado la Memoria Democrática como una prioridad de tal calibre en esta legislatura, que ha creado un ministerio propio a cargo de uno de los perfiles de su máxima confianza, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Tras acometer la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, no sin dificultades, en su primer mandato, el Ejecutivo impulsará ahora una nueva Ley de Memoria, que ampliará y mitigará las carencias de la normativa creada por el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. La nueva ley llegará al Consejo de Ministros la próxima semana para su debate y aprobación.
De este modo, se permitirá la creación de fondos para reabrir fosas en un ambicioso plan de exhumaciones, un banco de ADN para las víctimas del franquismo o la “resignificación del Valle de los Caídos”, entre otras cuestiones. “Es muy importante que nuestra democracia no tenga víctimas en fosas comunes, el mayor ejercicio de restitución es encontrarlas, identificarlas y que sus familias puedan darles sepultura”, ha señalado Carmen Calvo.
Además, la ley tendrá como punto más destacado la persecución e ilegalización de aquellas actitudes u organizaciones que hagan apología de la dictadura, entre ellas, la Fundación Francisco Franco. “No podrá haber fundaciones que enaltezcan totalitarismos o figuras totalitarias que son todo lo contrario a la Memoria Democrática que nos ha traído hasta aquí”, ha asegurado la vicepresidenta primera.
Calvo lo ha adelantado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las líneas maestras de la agenda legislativa del Gobierno para los próximos seis meses. Una hoja de ruta que estará marcada por el desafío del coronavirus, pero en la que lo extraordinario también dejará tiempo a lo ordinario, para seguir acometiendo los compromisos de la investidura de Pedro Sánchez y el pacto alcanzado con Unidas Podemos para ahormar la coalición.
(Ainhoa Martínez. Diario La Razón)
