Ultraactividad, supresión de la prioridad de convenios de empresa, subcontratación y descuelgues. Estas son las cuestiones «más urgentes» de la reforma laboral que el Gobierno pretende derogar hasta final de año, siempre dentro del diálogo social. Así se recoge en el plan normativo anual que está en disposición de aprobar el Consejo de Ministros de este martes y que señala las iniciativas, tanto reglamentarias como legislativas, que se pretenden aprobar hasta final de año, según ha sabido este diario. El plan no solo señala las previsiones de las iniciativas pendientes de aprobar, como las anunciadas reformas del Código Penal en lo que respecta al delito de sedición o la nueva ley de memoria histórica, sino que también recoge una serie de anexos con las medidas que se han adoptado hasta el momento, incluyendo las medidas sobre el covid.
La derogación de la reforma laboral se llevará así en dos fases. Una primera derogatoria, que ya se inició el pasado 18 de febrero con la derogación del artículo 52.D relativo al despido procedente con baja por enfermedad, y una segunda con la que se pretende elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. La crisis sanitaria por el coronavirus obligó a dejar en punto muerto el calendario de los trabajos para «desmontar» la reforma laboral del PP, y ahora se quiere retomar en el mismo punto.
Antes de la crisis del coronavirus, cuando se aprobó el primer decreto para derogar el artículo 52.D, se manejaba un calendario en dos fases para los cambios de la reforma laboral comprometidos en el acuerdo programático del Gobierno de coalición. Para la primera se establecía un plazo de dos meses y consistía en derogar las cuestiones consideradas urgentes. Esto es, además del absentismo por enfermedad, se pretendía derogar la parte que da prioridad a la aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo —ultraactividad—.
Otras de las prioridades marcadas por Trabajo pasaban por establecer limitaciones a la empresa a la hora de modificar de forma unilateral las condiciones del contrato laboral, revisar los mecanismos de no aplicación de los convenios colectivos limitándolos al descuelgue salarial por causas económicas graves y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores —mientras se redacta uno nuevo— para limitar la subcontratación a servicios especializados que no sea la actividad principal de la empresa en cuestión. En línea con esto último, Unidas Podemos registró el pasado viernes en el Congreso una propuesta de ley para limitar y simplificar la contratación temporal y declarar nulo un contrato cuando sea irregular.
Resistencia internas y externas
La segunda fase prevista, una vez consumado este primer paquete de derogaciones, era la legislativa. Consistiría en el redactado de nuevos artículos, modificación de otros y elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En lo referente al despido, se pretendía poner más el acento en las causas y no tanto en las indemnizaciones porque se consideraba que así se sitúa mejor el foco en la protección del trabajador.
Su inclusión en el plan normativo anual que aprobará hoy el Consejo de Ministros oficializa estos compromisos y los calendariza. Todo ello después de haberse encontrado resistencias no solo en la mesa de diálogo social, sino también en el sector del Gobierno liderado por la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Esta última y la CEOE se aportaron en la crisis económica para poner en cuestión estos cambios en la reforma laboral. La vicepresidenta económica mostró en mayo su oposición a «abrir este debate» porque «sería absurdo y contraproducente», como trasladó de forma contundente en un foro más que significativo, las jornadas anuales del Cercle d’Economia. La CEOE también se descolgó entonces, hasta el punto de levantarse de la mesa de diálogo social.
(Iván Gil. El Confidencial)
