Es en en toda España. De esas más de 500 sentencias que se incumplen hay 173 en Cataluña, 201 en el País Vasco, 28 en la Comunidad Valenciana, 37 en Navarra, 111 en Galicia y 41 en Baleares.
La exclusión del español en las aulas no es un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia sistemática avalada por el pacto tácito entre el Partido Popular, el Partido Socialista y los partidos separatistas. Unos han contribuido con su dejación, negligencia y pactismo; otros han impulsado esta agenda como parte de su hoja de ruta para la destrucción de España. El resultado: más de 500 sentencias favorables a la escolarización en español que no se cumplen.
De esas más de 500 sentencias ignoradas, 173 corresponden a Cataluña, 201 al País Vasco, 28 a la Comunidad Valenciana, 37 a Navarra, 111 a Galicia y 41 a Baleares. Estos datos evidencian un patrón de marginación del español en los sistemas educativos autonómicos con el beneplácito de los partidos que se dicen defensores de la legalidad.
Así se ha planteado en sesión de control al Gobierno, donde un diputado de Vox ha señalado que «en 2021, en esta Cámara, tras la sentencia que obligaba a dar al menos un ridículo 25% de clases en español en Cataluña», Pilar Alegría «dijo que las sentencias eran de obligado cumplimiento». «Pues han pasado cuatro años y, como era de esperar, los separatistas y el Gobierno de su partido no han cumplido la sentencia», ha manifestado.
Odio a la lengua española
Que existe un odio hacia la lengua española es una realidad innegable. Los datos lo respaldan: los tribunales han dictaminado en reiteradas ocasiones que el derecho a la educación en español debe respetarse, pero las administraciones autonómicas y el Gobierno central optan por desoír la Justicia, permitiendo la imposición de las lenguas cooficiales en detrimento del español.
El PP y el PSOE han sido cómplices de este atropello. Por acción u omisión, han permitido que los separatistas impongan su voluntad sobre los derechos de los ciudadanos. La inacción de los gobiernos populares y socialistas ha sido clave para que el español quede arrinconado en las aulas.
El problema no es solo lingüístico, sino político. Este ataque a la lengua común de todos los españoles es una herramienta más para fragmentar la nación y debilitar la unidad nacional. La falta de voluntad política para hacer cumplir las sentencias pone en evidencia la traición de aquellos que deberían velar por el cumplimiento de la legalidad.
¿Cómo es posible que más de 500 sentencias sigan sin aplicarse? La respuesta es clara: porque no quieren hacerlo. Porque quienes ocupan los escaños en el Congreso y el Senado han antepuesto sus intereses partidistas al deber de defender los derechos de los ciudadanos.
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