El pasado jueves 18 de marzo se legalizó definitivamente la eutanasia en España, puede que a estas alturas no sorprenda a nadie, pero quizás sí debería hacerlo el hecho de que en apenas tres meses pasará a ser una prestación más de la cubiertas por la Seguridad Social. El debate ha ido oscilando entre si era el momento más idóneo para su aprobación, y si la libertad constitucionalmente garantizada, abarca el derecho de cada persona a disponer de su propia vida o no. En mi opinión el verdadero debate nunca debió llegar hasta ese punto.
Fue el 14 de diciembre de 2006 cuando las Cortes aprobaron una ley que venía reclamando la sociedad española desde hacía mucho tiempo. Con ella se pretendía dar una mejor vida a la personas más vulnerables, se les daba apoyo, visibilidad y una segunda oportunidad a fin de cuentas, si todo salía bien. Con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se buscaba garantizar la igualdad (art. 1), sí sí, la igualdad. Y es que el Estado no está aquí para darnos a todo lo mismo, porque eso no es igualdad, de hecho no es ni justo. El Estado está para facilitar las condiciones de la vida social que permitan a los grupos y a cada uno de sus miembros, conseguir más plena y fácilmente su propio desarrollo integral. No somos creaciones en serie, aunque todos aspiremos a la felicidad, por lo que no todos necesitamos lo mismo, y la verdadera finalidad del Estado, es garantizarnos el poder acceder a aquello que necesitamos. Y lo primero que necesitamos es vivir, y no solo sobrevivir.
La ley de dependencia comprendía dos tipos de prestaciones: los servicios de atención, que abarcaban desde tele-asistencia, ayuda en el hogar, centro de día y de noche y atención residencial temporal, hasta servicios de prevención y promoción de autonomía persona; y las prestaciones económicas, donde podían solicitarse ayudas de entre 150 y 800€ mensuales, a razón de asistencia personal, adquisición de un servicio o para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, según el caso concreto. Era una fuerte apuesta por el bienestar de los enfermos, las personas terminales y nuestros mayores, pero apenas empezaba a rodar cuando llegó la crisis de 2008 y los intereses políticos cambiaron radicalmente. Había que reducir gastos, y se olvidaron de que ellos eran algo más que una inversión en bienestar, eran personas, personas necesitadas, y el Estado les dio la espalda.
¿Recuerdan el caso del hombre que “ayudó a morir” a su mujer, María José Carrasco, a mediados de 2019? Ella padecía esclerosis múltiple desde hacía 30 años y él iba posponiendo una operación para su espalda que no podía realizarse, al no tener con quién dejar a su mujer durante la convalecencia. El sufrimiento era mutuo, y para ella definitivamente “grave, crónico e imposibilitante” como exige la actual ley de eutanasia. Reunía todos los requisitos para solicitarla, pero como en aquel entonces no era legal, fue su marido quien tuvo que dar el paso. Él no tardaría mucho en sentarse en el banquillo de los juzgados de violencia contra la mujer. Qué situación más complicada ¿verdad? Todos los titulares de aquel entonces estuvieron perfectamente alineados: la eutanasia debía despenalizarse y poder facilitarse en cualquier hospital público. ¿Pero saben qué era lo que no salía en los medios? Los 10 años que estuvo este matrimonio en lista de espera para acceder a las prestaciones asistenciales “garantizadas” por la ley de dependencia y los infinitos rechazos a ayudas económicas “por falta de fondos” que tuvieron que soportar cuando lo único que querían eran vivir juntos hasta el final de sus días. El incumplimiento de la ley, les obligó a buscar alternativas radicales, y los políticos en vez de garantizar unos derechos a los cuales se comprometieron, decidieron dar luz verde a esta desesperada forma de salir adelante.
Hace apenas unos días, ABC sacaba el titular de que Andalucía se convertía en la segunda comunidad con mejor nota por su atención a las personas dependientes, después de sacar de la lista de espera a 16.000 personas en un solo año. Una gran noticia, si no fuera porque una tercera parte de esa lista de espera, eran personas que habían muerto esperando esa ayuda que nunca llegó. Y esa es la triste realidad que debería haberse puesto sobre la mesa, antes que la ley de la eutanasia. En España mueren más de 150 personas dependientes cada día esperando unas ayudas que legalmente le corresponden. Pero no hay personal, no hay fondos, no hay visibilidad y desde luego no hay voluntad política.
¿Una cuestión de dinero? Una cuestión de mentalidad más bien. En los últimos años no han dejado de salir estudios que afirman que los cuidados paliativos ahorrarían dinero al Estado (entre el 30-40% del presupuesto sanitario), en cuanto que que reducen ingresos hospitalarios, estancias médicas y consumo de pruebas. Y a pesar de ello, han decidido apostar exclusivamente por la eutanasia. ¿Por qué? Utilitarismo: “Aporta o aparta”. El Estado del bienestar ha muerto, y ahora las políticas “sociales” sólo benefician a quienes aportan lo que ellos necesitan: votos, influencia, fondos… y nada más.
La eutanasia no abre un debate sobre la libertad, pues no puede haber libertad si entre dos opciones que se ofrecen, solo una te la puede garantizar el Estado: la muerte. La eutanasia es el resultado de una constante infravaloración de la vida humana, es volver a la ley del más fuerte y llamarlo progreso, es quitártelo todo para que des las gracias porque te dejen morir. Si hoy aceptamos la eutanasia, como solución al sufrimiento crónico, tal vez en no muchos años, aceptemos el genocidio, como solución a la pobreza en el mundo.
