El Constitucional avalará la nefasta Ley de Infancia de Iglesias que permite quitar los hijos a padres denunciados

Fueron dos recursos de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia por incluir la prohibición de los padres acusados en delitos de violencia de género de visitar a sus hijos, así como la obligación de que los niños reciban «educación afectivo sexual».

Y es que el Constitucional, desde que está dirigido y controlado mayoritariamente por el filomasón socialista Conde Pumpido saldrá al rescate del Ejecutivo de PSOE y Sumar.

Con respecto a la obligación de que los niños reciban «educación afectivo sexual» Pumpido va a hacer valer su rodillo y va a rechazar los argumentos de Vox. Una medida que «incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos».

Con esto, el Estado impone al alumnado y a sus progenitores una doctrina estatal que se incluye además en el currículo como contenido obligatorio en el que necesariamente habrán de ser evaluados los niños y ello aunque esas convicciones estatales puedan resultar frontalmente opuestas a las de sus progenitores.

Además, con esta ley la familia deja de ser un ámbito privado de libre desarrollo de las relaciones afectivas entre padres e hijos, sin injerencias de los poderes públicos y se convierte a la familia en el objeto de un intenso escrutinio por parte de los poderes públicos recabando incluso datos concretos sobre la vida familiar de las personas.

Procesos penales. Para el Constitucional, un presunto maltratador no puede ser un buen padre.

El Constitucional hará suyo el mantra de Podemos de que un presunto maltratador no puede ser un buen padre. Es, obviamente, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

«El deber que la Constitución impone a los poderes públicos de velar por el superior interés y beneficio de los menores de edad no admite períodos de vacatio, en los que el interés del menor puede sufrir las consecuencias de una decisión automatizada y genérica que prescinde de las circunstancias que, en particular, le afectan», agregaban desde Vox.

Así, afeaban la «privación automática y por efecto de la ley, de la facultad que corresponde al progenitor de poder participar en la toma de decisiones que le incumben en el ejercicio de la patria potestad cuya titularidad le pertenece y sin resolución judicial que le limite o prive de las facultades que le conciernen». A su juicio, con esa nueva norma «se da un paso más en el recorte de libertades iniciado por el Gobierno Sánchez que afecta, en este caso, a ámbitos tan sensibles como la educación de los niños y el derecho de un padre a ejercer como tal con la presunción de inocencia que la Constitución española reconoce».

Fuente: Fernán González | Ok Diario