Cuentan además con 300 empleados de confianza colocados a dedo, desde secretarias a jefes de protocolo
Los efectos del bipartidismo en la corrupción se evidencian como nunca antes con el Gobierno de Pedro Sánchez. El último Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas revela que en enero de este año ya se contabilizaban 948 asesores en los ministerios, lo que supone 344 más que los que tuvo Mariano Rajoy antes de abandonar La Moncloa tras la moción de censura.
A esta cifra hay que sumar 300 empleados de confianza colocados a dedo. Desde secretarias hasta jefes de protocolo, este personal ha sido elegido arbitrariamente, ignorando los principios de mérito y capacidad. Este es el sistema por el que el PSOE, bajo el amparo del bipartidismo, perpetúa una corrupción legalizada, blindando una casta política al margen del ciudadano.
El gasto previsto en asesores ronda ya los 80 millones de euros anuales, lo cual convierte esta estrategia clientelar en una auténtica estafa a la nación.
1.272 puestos entre asesores y personal de confianza: el precio del amiguismo político
A fecha 1 de junio, el Ejecutivo contaba con 1.272 personas entre asesores y empleados de confianza en los ministerios y organismos estatales. Todos ellos puestos colocados sin oposición, por decisión directa del Gobierno.
El personal eventual, según la normativa, cumple funciones de «asesoramiento especial». Pero la realidad dista mucho del ideal legal: hay desde ordenanzas y secretarios hasta directores de Gabinete, con salarios que superan los 60.000 euros anuales.
Estas personas son nombradas a dedo, marginando a funcionarios de carrera con años de preparación. Los efectos del bipartidismo en la corrupción son visibles en esta estructura paralela de poder. El mérito no cuenta y la fidelidad al partido lo es todo.
El caso Koldo y el escándalo familiar del PSOE
Dentro de esta red de favoritismo, sobresale el escándalo de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, uno de los símbolos más visibles de esta degeneración institucional. Su esposa, Patricia Úriz, fue colocada como secretaria del exministro, mientras su marido manejaba el entramado corrupto que hoy investiga la Guardia Civil.
Varios asesores implicados en la trama Koldo eran precisamente personal eventual, nombrado por afinidad política, y utilizados como “conseguidores”.
Este modelo de colocación arbitraria permite encubrir actividades delictivas bajo una apariencia de legalidad. Se ha convertido en una práctica habitual bajo el mandato de Sánchez.
Una estructura paralela y opaca: el Gobierno se niega a rendir cuentas
Según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes – el de Bolaños- contaba en junio con 613 eventuales, Este personal se mantiene en sus cargos sin pasar prueba alguna, incluso en niveles administrativos tan bajos como 15 y 22, que incluyen conserjes, operadores y porteros.
Además, el Gobierno de Sánchez ha llevado su opacidad al extremo: ha recurrido incluso a los tribunales para ocultar el nombre y sueldo de sus asesores, pese a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia. Esta negativa a informar constituye una grave agresión a la democracia, que priva a los ciudadanos de su derecho a saber cómo se gestiona su dinero.
Sánchez también bate récord de altos cargos: 799 con un coste histórico
El abuso no se detiene en los asesores. El año 2023 cerró con 799 altos cargos, la mayor cifra de la serie histórica, y 92 más que con Mariano Rajoy. El coste conjunto de altos cargos y asesores superó los 166 millones de euros en 2024.
Este dato revela un modelo de Gobierno hipertrofiado, con más asesores que altos cargos, que funciona como un aparato de poder interno para blindar políticamente al presidente y su entorno.
Han creado un sistema de élites político-administrativas que vive del erario sin control, sin rendición de cuentas, y sin importar los problemas reales de las familias españolas.
Los efectos del bipartidismo en la corrupción han construido una administración paralela, basada en la fidelidad al partido y no en el bien común. Este modelo debe ser desmantelado por completo si queremos recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
