Cuando la administración Trump decidió poner fin a la mayoría de los programas de control poblacional de USAID, un cargamento valorado en 10 millones de dólares en anticonceptivos abortivos y preservativos ya se encontraba rumbo a África.
Ese cargamento de drogas y dispositivos, ahora varado en un almacén en Bélgica, se ha convertido en una verdadera prueba de fuego para medir el compromiso de la administración Trump de poner fin a la promoción del aborto y a los programas coercitivos de control poblacional que Estados Unidos ha financiado durante décadas en el extranjero.
Las enormes reservas de pastillas anticonceptivas, implantes, inyecciones y dispositivos intrauterinos que lo componen son todas de naturaleza abortiva; es decir, pueden —y de hecho lo hacen— provocar abortos tempranos al impedir la implantación en el útero de un embrión humano ya concebido en las trompas de Falopio. Enviarlas a África, por tanto, violaría de manera directa la Política de Ciudad de México, que prohíbe los abortivos.
A ello se suma el problema de la coerción, una violación directa de la Enmienda Kemp-Kasten, pues todavía hay gobiernos que obligan a las mujeres a usar estas drogas y dispositivos como parte de políticas para reducir la natalidad.
La pregunta que me rondaba era inevitable: ¿buscarían los pocos funcionarios de USAID que aún permanecen, ahora reubicados en el Departamento de Estado, la manera de enviar este masivo suministro a África de todos modos? ¿Tratarían, quizás, de entregar en silencio estos dispositivos mortales a sus “amigos” de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) o de Marie Stopes International (MSI), ansiosos por apoderarse del lote? ¿O persuadirían a algún gobierno europeo —tal vez Bélgica o Suecia— para que continuara con su viejo proyecto de anticoncepción, esterilización y aborto masivo de mujeres, bajo el pretexto de frenar la ‘sobrepoblación’, mitigar el ‘cambio climático’ o, lo más paradójico de todo, promover la ‘salud reproductiva’?
La respuesta llegó pronto. A finales de julio de 2025, el Departamento de Estado confirmó que se había tomado una ‘decisión preliminar’ para destruir ciertos anticonceptivos abortivos provenientes de contratos de USAID de la era Biden que habían sido cancelados. El cargamento no llegaría jamás a África: sería destruido.
Algunos reportes indican que la destrucción ya está en marcha: camiones cargados con los anticonceptivos estarían partiendo desde Bélgica hasta una planta de tratamiento de desechos médicos en Francia, donde serán incinerados. El costo asciende a 167.000 dólares, pero es un precio mínimo si se considera la cantidad de vidas que se salvarán.
Como era de esperarse, los grupos abortistas y de control poblacional —que intentaron rescatar los anticonceptivos de las incineradoras— están indignados por la destrucción de la ‘munición’ con la que libraban su guerra contra la población. Varios países europeos, sumidos en un grave declive demográfico, lamentaron no poder reexportar la muerte.
En cambio, para el movimiento provida, cada caja que arde y se convierte en ceniza es una victoria concreta.
En los países africanos que estaban en la mira —entre ellos Kenia, Congo, Tanzania, Malí y Zambia— la noticia fue recibida con alivio. ¿Quién no se alegraría al saber que su esposa o sus hijas no serían blanco de anticonceptivos abortivos como el Depo-Provera?
También la Iglesia Católica, en rápido crecimiento en África, celebró la decisión. Desde hace años denuncia lo que llama la colonización ideológica del continente por parte de estadounidenses y europeos.
Como expresó el arzobispo Gerard Lerotholi, de Lesoto, a nuestros investigadores de campo de Population Research Institute el año pasado, no podía ‘dar fe’ de las actividades de uno de los principales beneficiarios de USAID, Catholic Relief Services, debido a su participación en programas cuestionables. Se quejó, además, de que CRS ‘ni le informa de sus actividades en su arquidiócesis ni toma en cuenta la opinión de la Iglesia local’.
Por encima de todo, quienes apoyan el trabajo del PRI —y el de otras organizaciones provida— pueden alegrarse de que esta administración esté tomando medidas reales contra los traficantes de muerte. No es retórica hueca para ganar simpatías políticas, como tantas veces hemos visto, sino de acciones concretas que salvan vidas.
La diferencia con administraciones anteriores es abismal. Podemos dejar de lado a los demócratas, que durante décadas han exportado con entusiasmo el aborto en forma de píldoras, inyecciones y esterilizaciones, todo prolijamente envuelto en látex.
Los gobiernos que se proclamaban ‘provida’, como el de George W. Bush, se conformaron con medidas a medias. Retiraron fondos a organismos como el UNFPA cuando presentamos pruebas de su participación en el aborto y la esterilización forzada en China, pero luego redirigieron ese dinero a otros grupos de control poblacional.
Hicieron cumplir la Política de Ciudad de México retirando financiamiento a Marie Stopes International cuando demostramos que promovía y practicaba abortos, pero transfirieron esos fondos a organizaciones que hacían prácticamente lo mismo.
En síntesis, el movimiento provida recibió de la administración Bush abundante retórica para sentirse bien, pero solo acciones esporádicas, y eso únicamente cuando las exigimos de forma pública y enérgica.
Tengo la certeza de que, si los 10 millones de dólares en anticonceptivos que hoy están en un almacén en Bélgica hubieran sido bloqueados bajo la Administración Bush, los controlistas de población en la vieja USAID —respaldados por el secretario de Estado proaborto, Colin Powell— habrían encontrado rápidamente la forma de entregarlos a otro grupo, que habría seguido con el mismo objetivo: abortar, esterilizar y distribuir anticonceptivos al mayor número de personas posible.
A muchos en Washington D.C. les incomoda que la administración Trump sea realmente seria en la defensa de la vida y en poner fin a los programas destinados a abortar, esterilizar y dar anticonceptivos en todo el mundo.
En Population Research Institute estamos encantados.
Porque la verdad es que, como dijo con acierto e ironía el director de nuestra oficina para Iberoamérica, Carlos Polo: “Si algo pertenece a la basura, a veces lo mejor es echarlo al fuego y verlo convertirse en humo.”
Steven W. Mosher | Presidente de Population Research Institute. Autor de “Population Control: Real Costs, Illusory Benefits”.
