A día de hoy, en cualquier rincón de España y acrecentado en las grandes ciudades, el ciudadano español vive sumiso e indefenso en manos de una delincuencia generalizada, delincuencia que se soporta en la absoluta impunidad de sus delitos como resultado de un sistema judicial que siempre garantiza más los derechos de los verdugos que de sus víctimas.
Una justicia lenta y profundamente escorada a la ideología progre más recalcitrante donde la seguridad, la propiedad privada, el derecho a disfrutar libremente de los espacios comunes y, resumiendo, el libre y correcto desenvolvimiento del ciudadano, se ven constantemente amenazados por legiones de gentuza de diferente procedencia. Con unas fuerzas y cuerpos de seguridad maniatados por una infinidad de leyes y despropósitos fruto de las mentes perversas de un ejecutivo delirante que vive alejado de la realidad social y mostrando una intolerable falta de empatía hacía sus administrados.
Ocupaciones constantes y generalizadas, violencia pandillera, mafias de narcotráfico, agresiones domésticas, jóvenes matándose por doquier en cualquier calle y en cualquier fin de semana, infanticidios, pederastas, estafas cibernéticas y de cualquier índole.
Está claro qué me dejo en el tintero muchos de los delitos existentes y sufridos. Y está claro también que nuestro país se halla sumido bajo la esclavitud, deliberadamente acallada y dulcificada, de la ley de la jungla más ortodoxa.
Ante tal panorama, la ciudadanía podría esperar que los rutilantes y excelentísimos jueces y fiscales dieran un puñetazo en la mesa y señalasen la preocupante deriva de los acontecimientos en nuestras calles, cabría esperar largos y sesudos dictámenes y puntualizaciones con el fin de entrar en razón a un legislativo que se viera obligado a hacer cambios rápidos y certeros de las leyes que entorpecen al poder judicial y proporcionan colchón y abrigo a los delincuentes.
Nada de eso, este último martes de Septiembre hemos conocido que las sensibilidades de la fiscalía General del Estado van por otros derroteros….
Su gran preocupación por la ciudadanía queda limitada al carácter sexista, y poco inclusivo, de los monigotes representados en los semáforos y señales de tráfico.
Recordemos que la Fiscalía General del Estado tiene encomendada la promoción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y del interés público, pudiendo actuar de oficio o a petición de los interesados y defendiendo, en todo momento, el interés social.
Parece ser qué a la Fiscalía General le preocupa sobremanera si mi sensibilidad inclusiva y feminista se ve alterada al visualizar una señal de tráfico donde una niña corre de la mano de un supuesto niño o si un monigote, absolutamente andrógino, perpetua el patriarcado al no representar claramente la silueta femenina.
Y le preocupa infinitamente más esta posible transgresión igualitaria, que si un vividor ocupa mi casa dejándome indefenso y sin hogar. Si cualquier noche, un grupo de pandilleros me cosen a navajazos por cualquier motivo. O si mi mujer debe recorrer rauda y atemorizada las calles ante la amenaza de una manada de agresores sexuales, la mayoría de lejanas procedencias y costumbres.
En un estado de derecho, la oportunidad y la forma son a menudo tan importantes como los hechos en sí. Y la Fiscalía se ha equivocado completamente en lo uno y lo otro, dejándose llevar por la servidumbre y el apesebramiento a la corriente ideológica imperante y dando la espalda a los problemas reales del ciudadano y lo que deja una amarga sensación de pitorreo.
Me pregunto, con qué catadura moral, podremos exigir que la sociedad no se tome la justicia por su mano cuando el Estado y el sistema son ciegos a sus realidades y sufrimientos. Cuando un Estado hace dejación de funciones y la Fiscalía General está más preocupada del sexo de los Ángeles que de los malhechores que escalan por sus murallas parece que no vamos por buen camino.
En nuestro país, Montesquieu y su legado han muerto hace tiempo. La independencia de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) está absolutamente contaminada hoy en día y sometida a la ideología de turno, principalmente progresista, dificultando los cambios urgentes que respondan a las ansias de justicia de los españoles, reduciendo, a su vez, a cenizas el estado de derecho y convirtiendo nuestras calles en el perfecto escenario del sálvese quien pueda. España y los españoles, no nos lo merecemos.
