La libertad de expresión está en juego. En un mundo donde los gobiernos buscan someter a los ciudadanos a una «verdad oficial», la censura y la represión alcanzan niveles alarmantes, con Europa e Israel como dos de los principales escenarios de este ataque a los derechos fundamentales. Estas estrategias no solo amenazan la democracia, sino que penalizan a quienes se atreven a disentir, instaurando un ambiente de miedo e incertidumbre, esto es, una dictadura de facto.
Bruselas: La regulación como herramienta de control
Europa, conocida por su habilidad para regular cualquier aspecto de la vida cotidiana, ha actualizado su Código de Conducta sobre la Comunicación en Línea para intensificar la vigilancia de lo que ellos mismos denominan «discurso de odio», esto es, las opiniones que disienten de la verdad oficial impuestos por ellos. Este nuevo marco, incorporado a la Ley de Servicios Digitales (DSA) en 2024, exige a las grandes plataformas tecnológicas eliminar contenido señalado como desinformación. Un término que se aplica exclusivamente a las noticias que contradicen la narrativa oficial de Bruselas.
La Comisión Europea ha establecido un sistema en el que una red de «reporteros de monitoreo», formada por entidades públicas, supervisará las acciones de las empresas tecnológicas. Estas empresas tendrán un plazo de 24 horas para revisar al menos dos tercios de los avisos recibidos. Es evidente que esta normativa se utiliza para acallar opiniones contrarias a los intereses del poder, dejando intactas las noticias falsas promovidas por los gobiernos alineados con la agenda de Bruselas.
En un contexto global donde líderes como Donald Trump y empresarios como Elon Musk defienden la libertad de expresión, Europa adopta un camino inverso, intensificando el control sobre el mensaje y castigando la discrepancia. Así, las plataformas digitales se convierten en herramientas de censura, poniendo en entredicho la neutralidad y la transparencia de estas políticas.
Israel: Del control narrativo a la criminalización de la disidencia
En Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha adoptado medidas sin precedentes para silenciar a la oposición, utilizando como excusa la narrativa oficial sobre los acontecimientos del 7 de octubre. La aprobación de una ley por la Knesset, que convierte en delito cuestionar esta versión, es un ejemplo claro de la criminalización del pensamiento crítico.
La legislación, basada en una norma de 1986 que prohibía la negación del Holocausto, establece penas de hasta cinco años de prisión por negar o poner en duda los hechos oficiales del 7 de octubre. Según Oded Forer, impulsor de la ley y miembro del partido Yisrael Beytenu, esta medida es un «baluarte para preservar la memoria y combatir las mentiras». Sin embargo, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, advierten que esta normativa crea un «efecto paralizante» sobre la libertad de expresión, al dejar ambiguo qué constituye un discurso permitido.
La narrativa oficial, que incluye acusaciones de agresiones sexuales masivas e infanticidio por parte de Hamás, ha sido cuestionada debido a la falta de pruebas verificables y a contradicciones en los informes.
La censura como pilar del autoritarismo
Ambos casos, tanto en Europa como en Israel, reflejan un patrón alarmante: el uso de leyes restrictivas para consolidar el poder y controlar la narrativa. Los gobiernos, al priorizar la «seguridad nacional» y el «orden social», están dispuestos a sacrificar derechos fundamentales, creando una sociedad de ciudadanos sometidos y temerosos.
En Europa, el pretexto de combatir el «discurso de odio» oculta una agenda de control informativo que amenaza con convertir a las plataformas digitales en guardianes de una única verdad aceptada. Por su parte, en Israel, el férreo control narrativo busca proteger al régimen de Netanyahu de investigaciones sobre su gestión durante el ataque del 7 de octubre, a costa de la libertad de expresión.
¿Qué futuro nos espera?
La censura y la represión no solo limitan la capacidad de los ciudadanos para expresarse, sino que también destruyen los pilares de la sociedad. En un mundo donde cuestionar la narrativa oficial puede llevar a la cárcel, la verdad se convierte en un bien escaso.
Tanto Europa como Israel nos muestran los peligros de un mundo donde la libertad de expresión es sofocada. Defender este derecho fundamental es esencial para preservar nuestras democracias y garantizar que las voces críticas no sean silenciadas por quienes temen la verdad.
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