Ceder al Frontex la frontera de Gibraltar, además de pérdida de soberanía, será un foco de conflictos

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La ex ministra González Laya aceptó que agentes de la Agencia europea controlen durante cuatro años el puerto y el aeropuerto de Gibraltar.

La intención del Gobierno de dejar el control de la frontera de Gibraltar en manos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) generará un permanente «foco de conflictos».

Durante las negociaciones posteriores al Brexit, la entonces ministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya aceptó que el control de la frontera de Gibraltar quede en manos del Frontex , lo que supone «una cesión a la soberanía» de España, durante un período transitorio de cuatro años, antes de decidir si se mantiene esta fórmula. Todo ello, con el objetivo de «suprimir las barreras físicas» entre el Peñón y el territorio de la Unión Europea.

Si prospera este acuerdo, agentes del Frontex procedentes de los distintos Estados miembros de la UE serán los encargados de llevar a cabo el control de pasaportes y el control aduanero de equipajes y mercancías en la frontera de Gibraltar, al menos durante dicho período transitorio.

Cesión de soberanía

Las fuentes de las fuerzas de seguridad del Estado señalan que esta fórmula no sólo constituye una cesión de soberanía, sino que se puede convertir en un foco permanente de conflictos con el Reino Unido. El 80% de los agentes del Frontex no son policías, sino empleados de la Agencia europea dedicados a labores administrativas y de recogida de información. Por tanto, estos agentes carecen de la formación de los miembros de la Guardia Civil que realizan el control aduanero, en una zona caliente para el tráfico ilegal de tabaco, droga y otros productos prohibidos.

Reacciones en contra

La pretensión del Reino Unido es que Gibraltar se mantenga como una «zona franca», con libre circulación de personas y mercancías con la Unión Europea. Esto consolidaría la posición del Peñón como una puerta trasera para que el Reino Unido pueda introducir sus productos en Europa, a través de España, a bajo coste y sin apenas barreras arancelarias.

El Peñón ya se ha convertido en sede de miles de sociedades cuyos propietarios buscan una mayor opacidad y un tratamiento fiscal más favorable. El pasado mes de marzo entró en vigor el «Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros» que España y Reino Unido habían sucrito en 2019 en relación con Gibraltar.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, lo expresaba gráficamente el pasado miércoles en declaraciones a Canal Sur, tras un encuentro con el ministro José Manuel Albares: «España no puede transigir porque aunque sea durante cuatro años, con los ingleses ya se sabe que le permites una y se toman el brazo entero. Si se deja que no esté la Policía y la Guardia Civil controlando lo que entra al fin y al cabo en Europa, al final, dentro de cuatro años no será posible ni mucho menos».

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