¿Fruto de la cesión del Valle de los Caídos al gobierno? Bolaños pospone las indemnizaciones de la Iglesia a víctimas de pederastia

Es una realidad constatable que cuando una institución cede ante el poder mundano, pierde su esencia y su razón de ser. Hoy, la jerarquía de la Iglesia en España se enfrenta a un episodio que evidencia su sumisión ante el poder político: la coincidencia entre la cesión de una gran parte del Valle de los Caídos al Gobierno y la postergación, sine die, de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia. No se trata de una casualidad, sino de una clara relación entre ambos hechos.

Se pospone la decisión sobre las indemnizaciones de la Iglesia a las víctimas de abusos sexuales

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro filomasón, Félix Bolaños, según ha recogido el diario El Periódico de España, ha pospuesto hasta, al menos, 2026 la decisión sobre las indemnizaciones de la Iglesia a las víctimas de abusos sexuales. Casi un año después de que se aprobara en el Consejo de Ministros un informe para regular estas compensaciones, el Ejecutivo ha optado por retrasarlo, encomendando la tarea a una subcomisión en el Congreso. De este modo, se abre un proceso burocrático que garantizará que no se adopten decisiones firmes hasta dentro de, al menos, dos años. Es lo forma típica de archivarlo en el cajón.

Lo más revelador de esta maniobra es que esta demora coincide en el tiempo con el acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano para la cesión de la mayor parte del Valle de los Caídos. Obviamente desde el departamento de Presidencia y Justicia, encargado de las relaciones con la Santa Sede, se han apresurado a desvincular ambas cuestiones, afirmando que «las reparaciones van por otro cauce diferente, no guardan relación». Sin embargo, la realidad es tozuda y constata lo contrario: la Iglesia ha aceptado ceder parte del control del Valle de los Caídos y, a cambio, el Gobierno ha optado por una «patada hacia adelante» en el asunto de las indemnizaciones.

Una estrategia de distracción

El Ejecutivo socialista ha sabido manejar la situación con habilidad. Ante la presión mediática y política sobre unos supuestos abusos sexuales cometidos por algunos miembros de la Iglesia, – otros han sido acusados falsamente-, el Gobierno promovió la creación de un órgano en colaboración con la jerarquía eclesiástica para gestionar las compensaciones. Ahora, el Ejecutivo ha preferido trasladar la responsabilidad a una subcomisión parlamentaria, diluyendo la urgencia del asunto y posponiéndolo en el tiempo.

La Conferencia Episcopal no ha ocultado su reticencia ante el plan del Ejecutivo. En un comunicado, los obispos han expresado su desacuerdo con un modelo de indemnización que, en su opinión, «discrimina a la mayoría de las víctimas». Además, han criticado que la propuesta del Gobierno «parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica». A pesar de esta oposición, la Iglesia ha mantenido una postura conciliadora y de cesión en lo referente al Valle de los Caídos, lo que sugiere un claro intercambio de favores.

La pérdida de autoridad moral

El sometimiento de la jerarquía eclesiástica española representado por el cardenal Cobo ante el poder político es un signo preocupante de debilidad. El resultado de esta estrategia es evidente: la jerarquía eclesiástica pierde credibilidad y autoridad moral ante los fieles. Cuando una institución renuncia a sus principios por dinero o por miedo al poder político, traiciona su misión y se convierte en una mera herramienta del sistema. La jerarquía de la Iglesia en España ha caído en esta trampa y, con ello, ha comprometido su independencia y su esencia.