El ministro de Presidencia y Justicia dice que si las conclusiones de las comisiones parlamentarias por supuesto ‘lawfare’ detectan un delito se dará traslado a la Fiscalía
Es lo que quiere Sánchez en su golpe de estado institucional: controlar la justicia. Quieren tener a los jueces permanentemente con la soga al cuello al igual que pasa en las dictaduras iberoamericanas.
Y es que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha reconocido que las comisiones parlamentarias que investigarán presuntos casos de lawfare en el golpe de estado separatista catalán del 1O podrán servir para imputar a jueces y otros miembros de la judicatura. Bolaños admite que si las conclusiones de dichas comisiones detectan algún «delito» se dará traslado a la Fiscalía para que actúe en consecuencia.
«Si en estas comisiones de investigación se descubre algún delito, se dará traslado a la Fiscalía y la Fiscalía puede iniciar acciones legales«, ha dicho Bolaños en una entrevista publicada este lunes por el diario europeo Político.
Para resumir, el PSOE con sus socios puede promover cualquier comisión de investigación de actuaciones de los jueces. Y cuando les interese trasladarlo a la fiscalía, que a su vez la tienen totalmente controlada. Así, de los 17 fiscales que ascendieron a la categoría de fiscal de Sala, 14 son miembros del ala socialista – la Unión Progresista de Fiscales (UPF)- a la que han pertenecido toda su vida Delgado y García Ortiz.
El PSOE y sus comisiones «ad hoc» señalarán a los jueces que «hayan actuado por motivaciones políticas»
Bolaños ya lanza las amenazas y señala que «es posible» la existencia de jueces en España que hayan actuado por motivaciones políticas, como denuncia Carles Puigdemont.
Usando el caso Puigdemont como excusa, la Mesa ha admitido a trámite la solicitud de la creación de dos comisiones de investigación de los independentistas por lawfare en los casos de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A y sobre las actuaciones del Ministerio de Interior durante los gobierno del PP «en la denominada Operación Cataluña». Y además, se espera que se ponga en marcha alguna otra como la relacionada con Pegasus.
Qué es el Lawfare y por qué es importante en el acuerdo de la amnistía entre PSOE y Junts
El pacto también incluye que el perdón ampare los casos de lawfare, una de las exigencias de Puigdemont, tanto para blindarse a sí mismo como a sus colaboradores. Que el texto del acuerdo refleje dicho concepto, abriendo la puerta a exigir «responsabilidades» a los magistrados que aplicaron la Ley en el procés, ha puesto en alerta al Poder Judicial.
¿Qué es Lawfare?
La palabra inglesa lawfare está formada por law (ley) y warfare (guerra). El término nació en el ámbito militar. No obstante, la definición actual de lawfare es el «uso de acciones legales para causar problemas a un oponente«, de acuerdo con el Cambridge English Dictionary. Por su parte, el diccionario de Oxford precisa que el término designa «acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo«.
El término lawfare fue ampliamente utilizado por la izquierda marxista en Iberoamérica a principios del siglo XXI para desprestigiar las causas judiciales como la de los ex presidentes de Brasil Dilma Rousseff y Lula da Silva o las acusaciones de corrupción a la argentina Cristina Fernández de Kirchner o al ecuatoriano Rafael Correa.
Con el paso de tiempo, la izquierda ha ido reconfigurando el concepto lawfare o guerra jurídica en español para denunciar un tipo de acoso y derribo a miembros de un gobierno o de la oposición a través de los tribunales, dando así una apariencia de legalidad a una operación oscura.
Como muestra de lo anterior, el botón de Pablo Iglesias, quien en 2021 alentó la teoría de la conspiración y del lawfare contra Podemos por parte de jueces, policías, medios de comunicación y militares. «Es el nuevo golpismo», sentenció. Esto es, los jueces que investigan las denuncias de corrupción, de golpismo, etc., son catalogados de golpistas por lawfare, y como consecuencia, son juzgados. Es «puro chavismo, el fin de la independencia judicial«.
(Con información de Voz Populi / El Mundo)
