La norma se aprueba de forma definitiva un mes después de su paso por el Senado, en donde una enmienda de Junts, apoyada por PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, retrasaba su puesta en marcha.
El texto del partido catalán supuso una adición al preámbulo de la ley para dejar claro que se persiguen «las violencias sexuales más ocultas» como forzar un aborto o una esterilización, ya que, a su juicio, no era correcto cómo estaba redactada la norma a su salida del Congreso: «casos de aborto y esterilizaciones forzosas».
Otro punto clave de esta nueva ley es que las víctimas «ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia». Esto significa que «todo acto sexual sin consentimiento será agresión» por lo que se «eliminan» los abusos sexuales del Código Penal.
«Se estarían alterando las normas sobre la carga de la prueba» A juicio de los vocales del Pleno del CGPJ, la definición que aparece en la ley del ‘sólo sí es sí’ de Irene Montero desplaza la carga probatoria, configurando un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad.
Rechazo
Y es que nada menos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha criticado algunos de los aspectos más destacados del anteproyecto de Ley de Libertades Sexuales (ley del ‘sólo sí es sí’). En concreto, cuestiona la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual, y, además, ha advertido que de la norma no evitará la victimización secundaria.
