De los casi 740 kilómetros cuadrados de ZBE activas en España, sólo la ciudad de Madrid represente cerca del 80%. Un negocio de 200 millones de euros anuales.
La farsa de las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid
Zonas de Bajas Emisiones en Madrid: así se denomina el gigantesco plan restrictivo con el que José Luis Martínez-Almeida, alcalde del PP de Madrid, ha traicionado de forma abierta y sin escrúpulos a sus votantes. Prometió eliminar las medidas impuestas por la comunista Manuela Carmena, y en lugar de hacerlo, ha ampliado la ZBE a todo el municipio. Un acto de traición política que lo define no solo como globalista, sino como un oportunista que se ha rendido sin condiciones ante la Agenda 2030.
La capital de España representa el 80% de las ZBE de todo el país, con una extensión de 605 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 84.000 campos de fútbol. Un despropósito que, además de la agenda globalista, no tiene otro fin que el recaudatorio, disfrazado de ecologismo impostado.
Un negocio de más de 200 millones de euros anuales
Bajo la excusa medioambiental, las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid se han convertido en una máquina de hacer dinero. En 2024, el Ayuntamiento madrileño prevé ingresar más de 211 millones de euros solo en multas de circulación. Un incremento del 50% respecto a 2019, cuando Almeida llegó al poder.
La fuente principal de esta recaudación son las sanciones impuestas por las ZBE. Según el informe de la asociación Dvuelta, casi tres de cada cuatro euros que recauda el consistorio en concepto de sanciones provienen de estas restricciones.
“Con Almeida se acabó Madrid Central” prometía en campaña. Cinco años después, no solo no lo eliminó, sino que lo multiplicó, abarcando toda la ciudad. Esto no es solo un incumplimiento electoral: es una burla al votante y una adhesión encubierta a la dictadura ecológica de Bruselas.
Madrid, líder nacional en restricciones al tráfico
Mientras que en España existen 739 kilómetros cuadrados de ZBE distribuidos en más de 53 ciudades, Madrid lidera la clasificación con una diferencia abismal. Le siguen ciudades como Barcelona, con apenas 95 km², y Badalona, con 12 km².
Pero el dato más revelador es este: el 68,2% de los municipios que deberían tener activa una ZBE aún no la tienen. Lo que demuestra que, incluso dentro de la normativa vigente, hay margen para resistirse a su aplicación inmediata. Pero Madrid no solo se adelantó: impuso sin demora, sin debate y sin alternativas la expansión de las restricciones.
Todo ello, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las ZBE madrileñas por no contar con informe económico adecuado y por su carácter discriminatorio hacia los sectores más vulnerables.
El desprecio a la justicia y al ciudadano
Tras la sentencia del TSJM, el Ayuntamiento, en lugar de corregir su error, recurrió al Supremo y continuó multando como si nada. Una actitud antidemocrática y despótica que demuestra cómo las ZBE no buscan proteger el medioambiente, sino asfixiar al ciudadano medio, en especial al trabajador que no puede permitirse renovar su coche o mudarse a zonas “libres de emisiones”.
Zonas de Bajas Emisiones en Madrid ha pasado a ser sinónimo de expolio institucional. Desde 2019, el Ayuntamiento ha recaudado más de 460 millones de euros en sanciones, demostrando que el objetivo nunca fue ecológico, sino puramente fiscal.
Este modelo no tiene precedentes en ninguna ciudad española. Ni siquiera la DGT, que gestiona todo el territorio nacional salvo Vascongadas y Cataluña, alcanza esas cifras: recauda unos 500 millones al año, de los cuales casi la mitad ya los concentra el consistorio madrileño.
¿Dónde quedó el compromiso electoral?
La traición de Almeida es tan burda que cuesta entender cómo todavía hay quien defiende su gestión. Prometió eliminar Madrid Central, rebajar las multas de 90 a 50 euros y acabar con la presión recaudatoria. Pero lo que ha hecho es justo lo contrario.
La proyección presupuestaria para 2025 ya habla de 208,5 millones en sanciones, y todo apunta a que esa cifra se superará si no se detiene la activación total de la ordenanza ZBE. Esta política no es otra cosa que un impuesto encubierto, un castigo para las clases medias y populares, y un chollo para un Ayuntamiento globalista que se ha entregado sin resistencia a la ideología climática impuesta desde fuera.
Zonas de Bajas Emisiones en Madrid ya no es una medida ambiental, es un instrumento de control social, un ataque a la movilidad privada y una fuente de enriquecimiento institucional.
Almeida, el ejecutor silencioso de la Agenda 2030
El alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha demostrado ser un traidor electoral y un ejecutor servil de la Agenda 2030. Llegó al poder con un discurso de oposición al totalitarismo ecológico y ha acabado convirtiéndose en su mayor promotor. Sus acciones contradicen sus promesas. Sus políticas castigan a los madrileños. Y sus cifras de recaudación demuestran que lo suyo no es gestión, sino expolio sistemático.
Es urgente que los madrileños abran los ojos. No se puede seguir premiando con el voto a quien miente, recauda sin medida y someten a la ciudadanía a agendas globalistas que no han sido votadas.
La Zonas de Bajas Emisiones en Madrid deben ser abolidas. No por capricho, sino por justicia. Porque el verdadero conservadurismo defiende la libertad de movimiento, el respeto a la palabra dada y la protección de la propiedad privada. Todo lo contrario de lo que hoy representa el alcalde de la capital.
