Hay tantas noticias referentes al ámbito político que no es fácil elegir una para comentar. Voy a hablar de las dos que considero que son más importantes.
Dimisión de Mazón:
Es inaudito que aquellos que tenían que haber dimitido al día siguiente de la catástrofe, son los que han provocado la dimisión de Mazón desplegando todo su poder mediático y callejero (manifestaciones), ejerciendo sobre él una presión cínica y manipuladora. La última encerrona ha sido el acto masónico que prepararon en Valencia para que insultaran a Mazón y le dirigieran todo tipo de improperios.
Sánchez no cogió el Falcon inmediatamente para trasladarse a España y gestionar el desastre. No, se quedó plácidamente en la India disfrutando de una visita turística con su mujer, vamos en el Ventorro indio. Un presidente de gobierno tiene que tomar las riendas desde el principio y, ya que no ha hecho antes lo necesario para evitar el desastre, que, por lo menos, se remangue para ayudar a todas las personas afectadas. Lo más rastrero es que actuó así por razones puramente ideológicas, para derribar a un contrincante político, sin importarle ni las personas ni el lamentable estado en que quedaron las poblaciones afectadas. No es que no enviase ayuda del Ejército, Policía, Guardia Civil, etc., es que impidió que se pusieran en marcha las asistencias imprescindibles. Hay abundantes testimonios que confirman esta ignominia.
Teresa Rivera, ministra, entre cuyas competencias estaba todo lo relativo al sistema hidrológico, y por tanto la responsable del estado de las presas y cauces de los ríos y arroyos, ni apareció. Estaba preparando el examen para acceder a una de las vicepresidencias del Parlamento Europeo. Sin comentarios.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar parece que algo tiene que ver con la situación de todos los cauces, presas y demás elementos constitutivos de la Confederación, que yo sepa nadie le ha pedido responsabilidades.
Otro tanto cabe decir del presidente de la AEMET.
Llama poderosamente la atención que a ninguno de estos funcionarios públicos se les haya exigido responsabilidad alguna, ni se les haya cesado en sus cargos ya que la palabra dimisión no está en su diccionario. El objetivo no era ayudar a los miles de afectados por la riada y a los familiares de las víctimas, era derribar al presidente de la Comunidad Valenciana porque es del PP. Esa es la moral y la ética de los que nos gobiernan, por así decirlo, porque hacen de todo menos gobernar.
Hay bastantes más a los que no se les ha pedido responsabilidad alguna, como a la delegada del gobierno, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, etc. Es decir, todos los que tienen que ver con el gobierno central no tienen nada que ver con el tema. Sólo tienen que responder los de la Comunidad Valenciana, increíble, pero cierto.
Fiscal General del Estado:
Ya sé que el legislador no previó que se pudiera dar una situación tan rocambolesca como esta. Por eso nuestro ordenamiento jurídico permite que el procesado, en este juicio, no se siente en el banquillo de los acusados sino en el estrado de los fiscales vistiendo la toga.
Pero la cosa no acaba ahí. El sistema judicial español está basado en un principio de justicia y equidad en donde hay una parte que acusa al procesado, el fiscal, otra que defiende al acusado, el abogado defensor, y un juez o tribunal que a la vista de todo lo que ocurre durante el juicio, dicta sentencia condenatoria o absolutoria.
Pues en este caso, es el mundo al revés; el fiscal no le acusa, sino que le defiende y, además, tiene un abogado defensor que es un abogado del Estado. Es decir, que nadie acusa al procesado y todos le defienden.
Otra cuestión que tampoco previó el legislador es que cuando un alto funcionario es procesado y llevado a juicio no puede defenderle un abogado del Estado que pagamos todos con nuestros impuestos. Si cualquier españolito de a pie tiene que pagarse un abogado o solicitar uno de oficio, con mucha más razón tiene que actuar así un funcionario, máxime cuando se trata del fiscal general, que es quien tiene que perseguir los delitos y no cometerlos.
Es tan esperpéntica la situación que, al final, a quien se está enjuiciando es al Tribunal Supremo, que es lo que quiere Sánchez, quien, por cierto, se ha puesto la toga de presidente de Sala del TS y ha dictado sentencia declarando la inocencia de García.
Vuelvo a decir lo mismo, ¿por qué no se actúa contra quienes atacan e invaden las competencias del Poder Judicial? Entiendo que esas figuras delictivas están tipificadas en nuestro Código Penal, entonces ¿por qué no se actúa en consecuencia?, sea quien sea el que infringe la ley, y si es el presidente o sus ministros, con más razón todavía.
Estamos asistiendo al desmantelamiento de todas las instituciones, excepto el Poder Judicial, de momento, y lo más grave es que el pueblo, ese que dicen los políticos que es muy sabio, no dice ni hace nada. Peor, aún, sigue habiendo un porcentaje, nada despreciable, que sigue votando a los que están destruyendo España.
Ayer le oí decir a un periodista que le preguntó a su madre, persona de edad, que qué pensaba de Sánchez, y ella respondió que es un dictador pero que no le dejamos serlo. Sabia respuesta, pero si no actuamos pronto, acabará siéndolo de facto.
Jose Ignacio Echegaray | Colaborador de Enraizados
