El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) va a pronunciarse sobre la poligamia por primera vez. Aunque probablemente no la aprobará, el sólo hecho de aceptar una demanda y entrar a debatir sobre la misma, muestra la terrible situación en que nos encontramos en Europa.
En efecto, el caso de por sí muestra el enfoque terriblemente individualista y suicida que van imponiéndonos las élites europeas, aunque se les podría llamar más correctamente antieuropeas. Sí, un refugiado de Yemen consiguió el asilo, y luego la reunificación familiar, y se trajo a su primera esposa y ocho hijos. Ahora reclama que no le conceden traer a su segunda y tercera “esposas” y los cinco hijos tenidos con ellas (que además se encuentran en Turquía, y por lo tanto sin ningún riesgo). Y el motivo de aceptar dicho caso es porque el TEDH se enfoca de forma completamente aberrante en los derechos de los individuos como seres aislados, independientes de la sociedad y de cualquier valor social o moral, y de las consecuencias globales de sus actos.
Con esta perspectiva, el TEDH toma en muchas ocasiones decisiones radicalmente injustas e inasumibles, de forma que se aleja de un organismo que vele por los derechos personales para convertirse en muchas ocasiones en una institución de generar sentencias que alteran la sociedad destruyendo sus valores en nombre de unas entelequias cada vez más alejadas del teórico sistema de valores y derechos que debería ayudar a preservar.
Y el caso de la poligamia es paradigmático de este desvío de las instituciones europeas, que se alejan cada vez más de sus orígenes para avanzar en la imposición de sus desvaríos ideológicos. Y la situación cada vez es más extrema, de forma que ya van naciendo más resistencias en las sociedades europeas. El peligro es que esta resistencia lejos de moderar el proceso o hacerles reducir el ritmo de cambio e imposición parecen acelerar su decisión de avanzar en sus cambios forzados.
Y la simple posibilidad de aceptar la poligamia, aunque sólo sea de forma indirecta aceptando derechos de su existencia, como sería reconocer el derecho del demandante a una “agrupación familiar” de todas sus “esposas” e hijos, supondría un desastre social y legal de tal magnitud que es difícil de imaginar. Si se reconociese algún derecho a un refugiado por ser polígamo, algo totalmente ilegal y delictivo (la bigamia está tipificada en el código penal), ¿cómo podría negarse a los nacionales?
En primer lugar, asistiríamos a un cambio radical de nuestra estructura social, al menos a un nivel conceptual, con un cambio total en la estructura socio-legal del matrimonio/pareja e hijos, con todas sus implicaciones humanas, familiares, económicas, etc..
Por otro lugar, sería un cambio radical de nuestras estructuras legales por la decisión arbitraria de un Tribunal europeo en contra de cualquier legislación nacional o europea, grave no sólo por el cambio en sí sino por la negación del mismo sistema político basado en la soberanía nacional, la legalidad jurídica y cualquier concepto de democracia.
Como decíamos al principio, aunque en esta ocasión pueda rechazarse el caso, el sólo hecho de aceptarse muestra que sería posible que en otra ocasión se pudiera llegar a aceptar de alguna forma esta aberración.
No se debe, pues, simplemente esperar que el TEDH no llegue a tomar una decisión aberrante en este tema, sino actuar decididamente para evitar el dejar en manos de esta institución cada vez más desprestigiada el poder de reformar nuestra sociedad en temas tan vitales por una interpretación pseudolegal, voluntarista y alejada del derecho europeo.
No es función de un tribunal el poder “crear” derechos, sino aplicar unas leyes o reglas claramente establecidas por los poderes nacionales.
El peligro de que la poligamia pudiera entrar en nuestras sociedades, sería la destrucción de nuestra sociedad y de la familia, así que esta no puede ser una noticia más. Deberíamos ser conscientes de lo que nos jugamos y reaccionar de una vez. Hemos dejado que se destruya legal y socialmente el matrimonio hasta quedar reducido legalmente (y en gran parte culturalmente) a una institución poco valorad y con menos protección que un contrato de servicios. No permitamos que termine de destruirse.
Mariano Martínez-Aedo es Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF)
