La investigación sobre el servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Cataluña salpica a expresidentes como Carles Puigdemont o Quim Torra
El caso DGAIA se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años en Cataluña. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia– DGAIA-, organismo responsable de proteger a los menores en riesgo, está bajo la lupa de la Sindicatura de Comptes y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por graves irregularidades en la contratación pública y pagos indebidos millonarios.
Las auditorías destapan una trama de mala gestión, opacidad y descontrol que afecta directamente a los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra, así como al actual Ejecutivo de Esquerra Republicana (ERC).
El caso DGAIA simboliza el colapso moral y administrativo de un independentismo que predicaba ejemplaridad y hoy se ahoga en su propia corrupción.
Irregularidades millonarias y descontrol administrativo
Entre 2016 y 2020, mientras Junts per Catalunya controlaba la consejería, la DGAIA adjudicó más de 114 millones de euros mediante el procedimiento de emergencia, sin documentación ni control posterior. La Sindicatura de Comptes ha denunciado el uso reiterado de contratos irregulares en 292 centros de acogida.
Los responsables justificaron estos contratos por la “presión migratoria” y la aplicación del artículo 155, pero los auditores lo califican de mecanismo sistemático de opacidad. Paralelamente, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas investiga pagos indebidos de 167,5 millones de euros en subvenciones y ayudas a jóvenes extutelados.
Aunque aún no hay imputaciones penales, la investigación podría derivar en reintegros o sanciones, revelando una red de negligencia institucional bajo gobiernos separatistas que se creían impunes.
Abusos, negligencia y una “reforma” para tapar el desastre
El caso DGAIA estalló definitivamente cuando se destapó un abuso sexual a una menor de 12 años tutelada por el propio sistema. La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, admitió que no se trataba de un hecho aislado. El caso reveló fallos graves en la supervisión de menores y una cadena de negligencias administrativas que dejaron indefensos a los más vulnerables.
Ante la presión pública, el Gobierno catalá anunció la disolución de la DGAIA y la creación de una nueva estructura, la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). El consejero Carles Campuzano habló de “refundar” el sistema. Sin embargo, esta “reforma” no es más que un intento de maquillar un fracaso institucional que ha puesto en evidencia la incompetencia del independentismo para gobernar con eficacia y moralidad así como un posible escándalo de corrupción de grandes dimensiones.
La comisión de investigación del Parlamento catalán revisa la gestión de la DGAIA desde 2011 hasta 2025. Los comparecientes incluyen exdirectores, altos cargos y entidades beneficiadas por adjudicaciones irregulares. Las primeras conclusiones se esperan en 2026, pero el daño a la credibilidad del separatismo ya está hecho.
El impacto político en Junts y ERC: el muro se resquebraja
El caso DGAIA ha dinamitado el relato de “buena gestión” que el independentismo vendía como prueba de su superioridad moral frente al resto de España. Las irregularidades bajo Puigdemont y Torra se suman a los escándalos de ERC, responsable de los recientes abusos y del intento de “refundación” de la DGAIA.
Mientras Junts justifica los contratos irregulares como “necesarios por la emergencia”, ERC acusa a sus antiguos socios de haber dejado un sistema “insostenible”. Este cruce de reproches refleja la decadencia de sus corruptas élites políticas, más preocupadas por mantener el poder que por proteger a los menores.
Un modelo corrupto: el independentismo se desmorona desde dentro
El caso DGAIA simboliza el final de un ciclo. Tras más de una década de dominio independentista, Cataluña se enfrenta a la evidencia de que la ideología no sustituye a la gestión. La negligencia, el clientelismo, la corrupción y el sectarismo han arrasado con los principios de servicio público.
La Sindicatura de Comptes mantiene sus informes abiertos, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas continúa sus pesquisas y la comisión parlamentaria suma nuevos testimonios. Mientras tanto, el Gobierno busca sobrevivir con cambios cosméticos y discursos vacíos sobre “refundación”.
Este escándalo, más allá de sus consecuencias jurídicas, pone de relieve el fracaso estructural del modelo corrupto independentista. Un modelo que prometía libertad y transparencia, pero que ha derivado en corrupción, negligencia y descomposición moral.
El caso DGAIA ya no es solo una investigación contable. Es un reflejo de cómo el independentismo ha dilapidado la confianza ciudadana y la credibilidad institucional. Ni Junts ni ERC pueden presentarse como garantes de la ética pública después de permitir el abandono de los menores más vulnerables y el despilfarro y corrupción de fondos públicos.
