La imputación de José Bono por corrupción en República Dominicana confirma lo que muchos españoles sospechaban: los viejos barones del socialismo se hunden en su propio lodazal. Tras los escándalos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ahora le llega el turno al exministro José Bono, quien podría enfrentarse a un proceso judicial internacional por una trama de venta irregular de material policial.
Según un dossier de más de 300 páginas entregado por el periodista Alvise Pérez a las autoridades dominicanas, el caso incluye contratos, facturas y transferencias bancarias que vinculan directamente al exministro socialista con operaciones sospechosas de sobrecostes y tráfico de influencias.
El dossier de Alvise Pérez destapa una trama internacional
El periodista Alvise Pérez entregó a la Fiscalía dominicana un informe detallado que podría convertirse en el mayor golpe judicial contra un exministro socialista fuera de España. El documento revela la venta de vehículos, cámaras térmicas y escáneres al Gobierno de Luis Abinader a través de una empresa relacionada con José Bono y con la presunta mediación del actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.
El dossier señala pagos en divisas extranjeras, transferencias hacia cuentas españolas y sobrecostes del 250 % sobre el valor real del material suministrado. Uno de los peritos del caso afirma que “estamos ante una posible trama de corrupción transnacional, con indicios sólidos de sobrecostes, tráfico de influencias y ocultación de fondos”.
La imputación de José Bono por corrupción podría incluir también responsabilidades para funcionarios dominicanos y españoles, según la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) del país caribeño.
El papel de Francisco Pardo Piqueras en la trama
Las investigaciones apuntan al socialista Francisco Pardo Piqueras, actual jefe de la Policía Nacional española, como figura clave en la operación. Según fuentes de la investigación, Pardo habría facilitado la entrada aduanera del material policial en República Dominicana, eludiendo los controles de importación y fiscalización.
Esa actuación habría causado malestar dentro del Gobierno de Abinader, donde se sospecha que altos cargos dominicanos actuaron en connivencia con intermediarios españoles.
La imputación de José Bono por corrupción amenaza con salpicar al núcleo histórico del PSOE. No se trata de un caso aislado, sino de una pieza más en la larga cadena de corrupción socialista.
El silencio del PSOE y la estrategia del descrédito
Hasta ahora, José Bono no ha hecho declaraciones públicas. Su entorno habla de una “campaña de desprestigio político”, repitiendo el viejo manual socialista cuando los hechos resultan imposibles de negar. Sin embargo, los documentos aportados por Alvise Pérez tienen peso judicial y bancario: no son rumores, sino pruebas concretas de una red de corrupción internacional.
La imputación de José Bono por corrupción no solo deja al descubierto la hipocresía del PSOE, que presume de ética mientras acumula casos judiciales, sino que demuestra cómo el poder socialista utilizó cargos públicos para lucrarse a costa de los ciudadanos.
Decir socialismo es decir corrupción. Lo fue en los tiempos del GAL, de los fondos reservados y del caso Filesa, y lo vuelve a ser hoy con un PSOE que se descompone moralmente mientras Pedro Sánchez intenta consolidar su poder a base de propaganda y mentiras.
La justicia dominicana y el avance de la investigación
El proceso judicial en República Dominicana avanza con rapidez. La Fiscalía Especializada (PEPCA) ha confirmado la recepción del dossier y la apertura de diligencias. Los investigadores dominicanos valoran solicitar cooperación internacional con España para seguir la pista del dinero transferido desde cuentas en el extranjero.
El Gobierno dominicano mantiene la investigación bajo secreto sumarial, pero varias filtraciones indican que el nombre de José Bono aparece vinculado a varias transferencias y sociedades pantalla utilizadas para gestionar los contratos.
Si se confirma la imputación de José Bono por corrupción, se abriría un precedente histórico: por primera vez un exministro socialista español afrontaría cargos en un tribunal extranjero por delitos económicos.
Con la imputación de José Bono por corrupción, se consolida la tesis de que ningún poder político puede quedar por encima de la ley, y que la sociedad civil – en este caso por la labor de Alvise Pérez- puede marcar el rumbo de la regeneración nacional cuando las instituciones se rinden ante la impunidad.
El socialismo: una maquinaria de poder y corrupción
El caso Bono se suma a una lista interminable. Desde los ERE andaluces hasta la trama Koldo, pasando los casos de Begoña Gómez y David Sánchez y por las adjudicaciones irregulares durante la pandemia, el PSOE se ha convertido en un símbolo de corrupción estructural. La imputación de José Bono por corrupción es solo otro capítulo del mismo libro: el del uso del poder para enriquecerse y el desprecio absoluto por el interés general.
La imputación de José Bono por corrupción simboliza el fin de una era. La era del privilegio socialista, de la impunidad de los poderosos y del desprecio por la verdad.
La UCO y las autoridades dominicanas tienen en sus manos una oportunidad histórica: demostrar que nadie, por poderoso que sea, puede escapar a la verdad. El socialismo cae por su propio peso, y cada día más españoles comprenden que solo la verdad y la justicia pueden salvar la nación.
