Además de promover la visión de España como entidad histórica y valor permanente, hay que reafirmar también la defensa de los intereses concretos de nuestra Patria en el mundo. En eso consiste -entre muchas otras cosas más- el soberanismo.
Perspectiva soberanista de la Globalización.
Veamos con un ejemplo qué significa el título del epígrafe.
Si, por ejemplo, España puede exportar naranjas a 3.00 euros el kg, y China – o Marruecos- pueden exportarlas a 2.80 euros el kg, hay varias posibilidades:
Según un globalista, el consumidor español sale ganando si compra las naranjas marroquíes (suponiendo que fueran de la misma calidad, lo cual ya es un ejercicio de fe), porque le cuestan menos, y el precio universal de las naranjas sería menor: 2.80 euros el kg.
Según un soberanista, o patriota español, se desconocen las condiciones reales de competencia de las naranjas. Países como China y Marruecos pueden estar “dopando” ocultamente el precio de los vendedores de naranjas, con la intención de dominar el mercado mundial de naranjas. Además, si en España se compran las naranjas chinas o marroquíes, se está perjudicando a los productores españoles y castigando a la economía española, en beneficio de otros países. Y el supuesto ahorro de costes puede obtenerse en detrimento de las libertades o de la calidad de los productos. Es mejor que un arancel de +0.25 euros por kg proteja a la economía española. El precio para el consumidor es mayor, pero la economía española sale beneficiada.
El globalismo defiende el “libre comercio” internacional sin trabas, como si la competencia entre el pequeño agricultor español y las grandes compañías que facturan miles de millones de euros fuera equilibrada; algo así como si hubiera combates de boxeo entre los pesos mosca y los pesos pesados, o en fútbol, baloncesto y otros deportes hubiera una Liga única, sin Divisiones o categorías diferenciadas.
El soberanismo defiende un “libre comercio” matizado por más criterios, entre los que se encuentra la defensa de los pequeños productores de cada país frente a empresas transnacionales, cuya facturación puede superar el PIB español. Los soberanistas piensan que no es lo mismo el mercado de naranjas de la plaza del pueblo, factible a escala local, que mercados en los que grandes grupos o determinados países pueden tener políticas comerciales que perjudiquen a los españoles, y que para ganar cuota de mercado practiquen lobbismo, fraudes de ley, dumping, sobornos, o capturen instituciones (Estados, la UE, la OMC, etc).
Mercado exterior: Protección de la Economía Española
El actual sistema de comercio internacional no tiene en cuenta la diferencia que hay en la internalización de los costes de empresa de los diferentes países. Por ello, permite sin trabas el “dumping” ambiental, sanitario, laboral o democrático. Hay países sin libertades, sin normativas laborales, sanitarias o medioambientales, con trabajadores esclavos, y cuyo coste de sus productos compite con los países como el nuestro en los que sí se respetan todos estos derechos y normas. Es hora ya de entender que sólo puede existir libre competencia si se armonizan las exigencias ambientales, sanitarias, laborales y democráticas de todos los países competidores. Los países comunistas, como China y otros, o islámicos, compiten deslealmente al restringir libertades o incumplir estándares de calidad, estar subvencionados en la sombra por sus Estados y ahorrarse todos esos costes, así como exportar productos sin garantías sanitarias. No son “economías de mercado” al uso. Por ello:
– Establecer controles fronterizos para todos los productos de terceros países que lleguen a nuestro mercado.
– Terminar con la competencia desleal de terceros países a través de mecanismos de control de las importaciones extracomunitarias con la restauración de los certificados de importación, cupos, control de tasas arancelarias, aranceles compensatorios que igualen los costes de producción y revisión de los precios mínimos de entrada de los productos extracomunitarios, afirmando de esta manera la preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria.
Recuperar la(s) soberanía(s)
También hay que cuestionar críticamente todos los aspectos de programas que, como la Agenda 2030, han sido aprobados sin ningún tipo de debate ni votación por organismos como la ONU, constituida en su inmensa mayoría por países no democráticos o competidores comerciales directos de España, así como no someterse a organizaciones internacionales que menoscaban nuestra soberanía. Además:
– Diseñar un Plan Nacional de Soberanía Energética, exento de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales.
– Soberanía sanitaria y fortalecimiento de la industria nacional de tecnología sanitaria y medicamentos.
– Plan de soberanía industrial desvinculado de todos los fanatismos climáticos: Pacto Verde Europeo, COP, etc.
– Elaboración de Planes integrales de soberanía alimentaria, comercial, tecnológica, para alcanzar la plena libertad española en estos aspectos.
– Recuperación de la competencia exclusiva del Estado en las relaciones internacionales, tanto en los ámbitos internos de la Unión como en las relaciones bilaterales entre los Estados miembros.
– Condicionar la ayuda al desarrollo a que los países acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes que les correspondan.
Mercado interior: Competitividad. Cuanto más libres mejor, también en la Economía.
La economía clásica establece -entre otras- varias condiciones para que un mercado sea eficiente y competitivo, lo que redunda siempre en beneficio de los consumidores:
– Información perfecta para productores y consumidores.
– Igualdad de condiciones para todos los competidores.
– Inexistencia de barreras de entrada en la industria o en los negocios.
– Multitud de compradores y vendedores, que no puedan alterar individualmente la dinámica del mercado ni sus precios.
– Respeto a los derechos de propiedad y Justicia independiente.
– Imparcialidad de las Administraciones públicas con relación al mercado.
La realidad económica española actual no cumple ninguno de los requisitos exigidos. No se respetan adecuadamente los derechos de propiedad, el Estado toma partido en las condiciones del mercado, y existen numerosos oligopolios que deben su creación y mantenimiento a la acción estatal; se oculta información de los privilegios de los lobbies “amigos” del Estado; se legisla favoreciendo a los intereses de los grupos afines al poder. Un capitalismo globalista de amiguetes, que impide competir a muchas empresas que no están “conectadas” con el sistema. Lo vemos cada día.
Empresas de Comunicación, Media, Audiovisuales, Prensa, Energía, Banca, Transportes, Infraestructuras, Suministros básicos, Servicios y otras, forman parte directamente del Sector Público, en su totalidad o parcialmente, están intervenidas por el mismo, tienen como cliente principal a la Administración Pública mediante concesiones o contratos a dedo, regulan las condiciones de mercado en su propio beneficio, o bien actúan como aliadas en todas las políticas de los ocupantes del poder, y se benefician de ello. Es de sobra conocido el sometimiento de todo ese conglomerado económico a los objetivos del globalismo, Agenda 2030 incluida. Y la facilidad con que los políticos de todos los partidos acceden a las “puertas giratorias” creadas para recompensarles por los “servicios prestados”. La existencia de este entorno tan desigual del mercado produce un efecto devastador para la subsistencia económica de las clases medias, de aquellos (autónomos, pequeñas empresas, emprendedores individuales o familiares) que tienen que competir con una mano atada a la espalda contra gigantes privilegiados por el Estado.
Hay que hacer competitivos todos los mercados actualmente cautivos por las redes clientelares del Estado, e implementar una verdadera libertad de mercado que favorezca la libre competencia sin intromisiones ni trabas regulatorias de los poderes públicos que favorezcan a las empresas cómplices del poder. Para ello:
– Introducción de condiciones de concurrencia real y transparencia absoluta para el consumidor en todos aquellos sectores “protegidos” o intervenidos por el Estado o por la legislación europea, o que trabajen para clientes públicos: liberalización total (y eliminación de discriminaciones y trabas regulatorias) de los sectores de energía, comunicaciones, banca, construcción, transportes, audiovisual, prensa, cultura, sector del agua, comercio, etc., mediante la elaboración de un catálogo omnicomprensivo y detallado de todos los mercados y sectores en los cuales existen barreras regulatorias a la competencia, para facilitar la competencia a todas las empresas, con independencia de su relación con el poder o su tamaño, y eliminar las barreras de entrada camufladas creadas en connivencia con el Estado.
– Eliminación de normativas, controles y armonización territorial. Actividad en toda España, permiso único.
– Favorecer en muchos sectores (Enseñanza, Sanidad, Pensiones, Servicios) la coexistencia y complementariedad de los sectores público y privado con verdadera libertad de elección por parte de los usuarios y sin que prime la ideología, el sectarismo, la burocracia o el ansia de controlar parcelas de poder.
– Impulso de la transparencia para aquellas empresas que ostentan una posición de dominio de mercado; en especial, si se trata de un sector estratégico (energético, telefonía, prensa, medios, cultura, etc.)
– Cheque sanitario. Libertad de elección de servicio sanitario (público o privado). Tarjeta sanitaria única para toda España.
– Cheque escolar, tratando de armonizar el gasto público medio en educación –mejorando su eficiencia y eliminando gastos políticos- hasta acercarlo al de la enseñanza privada o concertada, de forma que el coste de una plaza pública sea igual o menor que el coste de la concertada, para que los padres puedan elegir con libertad qué tipo de enseñanza quieren para sus hijos, y pagarla con el cheque escolar.
– Jubilación: Libertad de edad de jubilación una vez alcanzada la mínima exigible. Mayores incentivos al retraso de la misma, permitiendo al trabajador continuar trabajando si lo desea. Mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con actividades profesionales, empresariales o artísticas, o con actividades laborales. Control estricto de las prejubilaciones.
Planes de sectores estratégicos. Inversiones para el crecimiento.
Es importante priorizar las ayudas o inversiones sólo a los sectores realmente productivos, con las máximas tasas de retorno, de utilidad social o económica indiscutible o para sectores críticos o estratégicos de nuestra economía, tales como infraestructuras, energía, equipamientos sociales, o actividades de alta productividad.
Sin ánimo de ser exhaustivos, y como preludio de planes más detallados, destacamos algunos sectores de la Economía española que requieren atención prioritaria:
– Inversiones en Infraestructuras: De todo tipo (transportes, energía, sanitarias, hidráulicas, educativas, equipamientos, etc.). Es un sector con una elevada tasa de retorno de la inversión pública a través de los impuestos y de la creación neta de empleo, así como de la creación de nuevos bienes y servicios, por lo que es fundamental para mantener la calidad de vida de los españoles, en especial de quienes viven en áreas deprimidas o en las zonas rurales.
– Plan Nacional del Agua, asegurando la interconexión de todas las cuencas que permita una gestión más eficiente del agua y pueda servir para reactivar económicamente a nuestro sector primario, así como para impulsar y modernizar los regadíos. Promover el almacenamiento, el bombeo, la depuración y tratamiento u otros mecanismos de aprovechamiento del agua disponible para uso agrícola o industrial. Promover mecanismos de mercado que permitan gestionar la demanda con mayor eficiencia.
– Energía: Nuestro mix energético debe ser modificado sustancialmente. Permitir explotar todos sus recursos naturales: combustibles fósiles, uranio, tierras raras, etc. España defenderá, protegerá, investigará y, en su caso, explotará todos los recursos naturales disponibles en su territorio, en superficie o en aguas territoriales. Eliminar las trabas regulatorias que impiden competir a las PYMEs en el mercado energético.
– Turismo: Un sectorfundamental en nuestra economía, creador neto de empleo y que requiere siempre de muchas inversiones previas que también crean puestos de trabajo. Plan Nacional de Turismo.
– Relacionado con el Turismo, está el ámbito Cultural, en el más amplio sentido, que además puede ser útil para promocionar el valor España en todos los órdenes. Es imprescindible el apoyo público a las actividades culturales que promuevan una visión positiva de España. Planes de protección del Patrimonio Histórico-Artístico y del Patrimonio Arqueológico. Ley de Mecenazgo.
– Sector Industrial: estudiar cuáles deben ser los sectores económicos que tienen más futuro, y la consideración de su importancia en la Economía Nacional. Impulsar el renacimiento tecno industrial de España, optimizar las capacidades investigadoras, e insertar la innovación tecnológica en toda la cadena de valor desde la investigación básica a la industria. Promoción de una plataforma tecno industrial española relevante y con capacidad de liderazgo.
– Reindustrializar y vertebrar territorialmente a España, con prioridad en barrios con pocos equipamientos, cabeceras de comarca pequeñas y medianas, y en el mundo rural.
– Proteger a las empresas que tengan su sede y tributen efectivamente en España.
Es fundamental la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía.
– Sector primario: Básico para subsistir en tiempos convulsos, en los que se pueden producir crisis de abastecimiento por los más diversos motivos. La soberanía alimentaria, la capacidad de autoabastecimiento, son valores irrenunciables.
– Combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos del medio rural y del urbano: Desigualdad digital (acceso de calidad a internet), de infraestructuras (transporte, energía y agua), educativa, cultural y asistencia sanitaria. Incentivos para los profesionales del mundo rural.
Vivienda
Hay que promover activamente el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada a un coste asequible; cuantos más españoles sean propietarios de su vivienda, mejor. Para ello:
– Agilizar las normativas para modificar los usos del suelo, de forma que sea rápido y sencillo conseguir el estatus de urbanizable. Definir un plazo límite (como máximo un mes, en resolución única y sin repeticiones) de respuesta de las administraciones y responsables urbanísticos para cualquier propuesta (suficiente con una declaración responsable) de planes, creación o remodelación de viviendas, aplicando el silencio administrativo en su caso; igual con las licencias de obras y los planes urbanísticos. Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados. Priorizar la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas protegidas.
– Reducir el plazo máximo de elaboración o modificación de un Plan Urbanístico de cualquier población a un año.
– Aumentar la oferta de suelo disponible. Incremento de alturas y densidad en los Planes Urbanísticos.
– Armonización de las cesiones de suelo a los Ayuntamientos, disminuyendo su cuantía.
– Plan integral de construcción masiva de viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o de arrendamiento con opción a compra, con costes actualizados de construcción, mediante las más diversas fórmulas de colaboración público-privada: cesiones de suelo, cooperativas, subvenciones, concesiones, descuentos, fondos, consorcios, rehabilitación, avales a financiación y créditos blandos, con el objetivo de acabar en una legislatura con el actual déficit de viviendas protegidas.
– Reducir al mínimo la carga impositiva sobre las viviendas en todo el proceso edificatorio: IVA, IBI (disminuir el porcentaje mínimo y aplicarlo siempre), IRPF de quienes intervienen en el proceso constructivo, Plusvalía, Sucesiones, Sociedades, Transmisiones, tasas o impuestos autonómicos o locales. Eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda protegida habitual.
– Deducciones fiscales por inversión en vivienda habitual o por costes de alquiler. Bonificación de las donaciones entre familiares destinadas a la compra de vivienda. Ventajas fiscales para los compradores españoles y comunitarios.
– Financiación: avales públicos para compra de vivienda. Créditos blandos para parejas jóvenes vinculados al número de hijos. Condonación parcial del crédito a medida se cumplen ciertos objetivos de natalidad.
– Prioridad nacional en las ayudas sociales y los programas de acceso a la vivienda. El arraigo y el acumulado histórico de la familia en España serán los principales criterios de asignación de viviendas protegidas.
– Adecuar el nivel de exigencia legal, reglamentación y control de las viviendas de uso turístico al del resto de alojamientos turísticos: hoteles, apartamentos, campings, etc.
– Modificar el Código Penal para reforzar las penas por ocupación o inquiocupación, así como facilitar el desalojo exprés de los okupas o inquiokupas.
– Ampliación del concepto de legítima defensa de los propietarios de viviendas frente a cualquier intento de robo, ocupación o apropiación.
– Control exhaustivo de empadronamientos fraudulentos de inmigrantes ilegales y expulsiones exprés. Lucha contra los pisos patera. Hacer imposible por todos los medios la existencia de “guetos”, “no go zones”, barrios marginales, bajo el control de bandas o delincuencia, espacios fuera de la ley o bajo el dominio por el miedo de culturas ajenas a la idiosincrasia española.
– Eliminar trabas e impuestos sobre los alquileres. Promoción de un modelo de alquileres que armonice los intereses de arrendadores (seguridad jurídica, garantía de cobro y recuperación de la posesión) y arrendatarios (asequibilidad, estabilidad).
– Incentivos fiscales a los alquileres de larga duración. Bonificación fiscal del alquiler con opción a compra.
Julio García | escritor
