Abogados Cristianos se querella contra miembros de la Comisión que aprobó la eutanasia a Noelia por conflicto de intereses

La Fundación de Abogados Cristianos ha denunciado un conflicto de intereses en la eutanasia de Noelia, presentando una querella contra siete miembros de la Comisión catalana.

Una querella que apunta al corazón de la Comisión

La querella fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra siete de los once miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación.

Los abogados denuncian posibles delitos de prevaricación (art. 404 del C.P.) y conflicto de intereses (art. 405 del C.P.). Además, también se dirige contra el exconsejero de Salud catalán Josep María Argimon, por haber nombrado a dichos miembros a sabiendas de sus vínculos, lo que podría constituir un delito tipificado en el art. 406 del C.P..

Miembros vinculados al lobby proeutanasia

De los siete denunciados, tres mantienen relación directa con la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la principal promotora de la Ley de Eutanasia en España.

Uno de los miembros participó directamente en la redacción de la ley, otro se desempeña como referente de eutanasia en un centro de salud y dos más pertenecen a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Abogados Cristianos subraya que esta composición refleja un sesgo evidente:
“Derecho a Morir Dignamente es una de las principales promotoras de la Ley de Eutanasia en España y el principal apoyo que encuentran quienes se quieren eutanasiar. Por tanto, que los miembros de la Comisión pertenezcan o colaboren con dicha asociación es un acto impropio y falto de objetividad”, señala la denuncia.

El vínculo entre eutanasia y trasplantes

La querella también llama la atención sobre el papel de la Organización Nacional de Trasplantes, ya que, según la organización de juristas, “existe una relación causal directa entre la práctica de la eutanasia y la obtención de órganos”.

Esto supone un riesgo ético evidente: el beneficio en materia de trasplantes puede condicionar la imparcialidad de quienes integran una comisión que debería velar exclusivamente por la legalidad y los derechos de los pacientes.

Polonia Castellanos: “Un atropello al Estado de Derecho”

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, fue contundente:
“Es escandaloso que los que tienen que velar por la legalidad y la objetividad en un proceso tan grave como éste estuvieran claramente vinculados con asociaciones que promueven la muerte. Es un atropello a la imparcialidad y al Estado de Derecho”.

Para Castellanos, la eutanasia de Noelia se aprobó sin garantías, bajo la influencia de personas y entidades que promueven activamente esta práctica, lo que compromete gravemente la confianza en las instituciones públicas.

La eutanasia de Noelia: un caso con profundas implicaciones

El caso de Noelia no es un hecho aislado, sino un reflejo de cómo el sistema creado por la Ley de Eutanasia carece de neutralidad y se encuentra dominado por lobbies ideológicos.

El conflicto de intereses en la eutanasia de Noelia pone de manifiesto cómo quienes deberían proteger la vida se convierten en promotores de la muerte. Esto contradice la imparcialidad que exige cualquier proceso que afecte al derecho fundamental más básico: la vida.

La denuncia: una defensa de la vida y la justicia

La Fundación Española de Abogados Cristianos busca que el caso no quede en silencio y que se investigue la composición de la Comisión. Sus acusaciones señalan un grave deterioro del Estado de Derecho, donde los órganos que deben garantizar objetividad actúan con claros sesgos ideológicos.

Este proceso judicial no se limita a la responsabilidad individual de algunos médicos o funcionarios, sino que alcanza a las autoridades políticas que consienten y facilitan estas irregularidades.

El caso de Noelia se convierte en un símbolo de la lucha por la vida y contra la manipulación institucional. Los datos muestran que la Comisión catalana no garantizó objetividad, sino que se convirtió en herramienta del lobby proeutanasia.

La denuncia presentada por Abogados Cristianos marca un precedente importante: exige que las instituciones españolas respeten la imparcialidad y no cedan ante las presiones ideológicas que buscan imponer la cultura de la muerte.