Cuando los españoles no confían en el estado de derecho: el 57% de las víctimas ya ni siquiera denuncia

Cada vez son más los afectados por la okupación y la inquiokupación que prefieren buscar soluciones extrajudiciales a denunciar ante la Justicia.

La okupación en España se agrava: un 57% de los afectados ya no denuncia y prefiere soluciones extrajudiciales ante la pasividad del Estado y el colapso judicial.

El abandono del Estado ante la okupación

El problema de la okupación en España no encuentra solución. Bajo el Gobierno de PSOE y Sumar, las familias víctimas de la usurpación ilegal de viviendas viven un abandono absoluto. El gobierno abandona las víctimas y promueve a los delincuentes. El mundo al revés.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación revela que entre enero y agosto de 2025 se registraron 3.019 nuevos casos. De ellos, 560 fueron okupaciones (18,55%) y 2.459 inquiokupaciones (81,45%).

Estos datos muestran que la inquiokupación —inquilinos que dejan de pagar y se amparan en el Decreto Antidesahucios— se ha convertido en el gran problema actual.

La falta de protección institucional impulsa a los ciudadanos a recurrir a plataformas privadas y empresas de desalojo legal, hartos de procesos interminables y de una justicia que no responde.

Víctimas sin confianza en la justicia

Del total de casos atendidos en 2025, 1.749 (57,93%) llegaron a la plataforma sin haber presentado denuncia. Y lo más preocupante: 1.003 de ellos (57,34%) manifestaron que prefieren buscar soluciones extrajudiciales.

Este dato resulta demoledor. Refleja que más de la mitad de las víctimas de okupación en España ya no confían en el Estado de derecho. La vía judicial se percibe como lenta, ineficaz y favorable a los okupas.

La tendencia no es casual. En 2023 solo el 18,8% de los afectados se planteaba evitar la denuncia. En 2024 la cifra subió al 22,81%. Hoy, en 2025, el porcentaje ya roza el 60%. En solo dos años, los casos se han triplicado.

La voz de las víctimas

La Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia:

«El desinterés por denunciar, en relación con los datos globales del 2024, ha experimentado un incremento del 34,53% en lo que llevamos de año 2025. Este dato se justifica por la falta de una ley antiokupación, por las constantes renovaciones del RD antidesahucios (causante de la inquiocupación) y por la falta de medidas legislativas del Gobierno para luchar contra la ocupación e inquiocupación. La inacción del Gobierno está creando una verdadera alarma social y un descrédito en el sistema judicial de los afectados por la ocupación, que buscan soluciones extrajudiciales para hacer valer el derecho de propiedad.»

El testimonio refleja lo que todos sabemos: la okupación en España no solo ataca la propiedad privada, también destruye la confianza en la justicia.

Un negocio de okupas y políticos

La permisividad y lo que es más doloroso, -la promoción- del Ejecutivo con la okupación alimenta un auténtico negocio. Empresas privadas surgen para desalojar, mientras los okupas encuentran respaldo en decretos políticos que les blindan.

La inquiokupación se dispara por culpa del Decreto Antidesahucios, renovado una y otra vez. Este decreto fomenta que inquilinos morosos se conviertan en okupas de facto, protegidos por el Estado mientras las familias pierden sus viviendas y ahorros.

Frente a esta impunidad, cada vez más propietarios se organizan en plataformas ciudadanas que ofrecen asesoría, presión pública y ayuda directa para expulsar a los usurpadores.

El coste social de la okupación en España

La okupación en España no afecta solo a los dueños de viviendas. Su impacto se extiende al tejido social:

• Barrios degradados por pisos ocupados.
• Propietarios arruinados al no poder alquilar ni vender.
• Familias desamparadas ante un Estado cómplice de los okupas.

El mensaje que recibe la sociedad es claro: el delincuente cuenta con más apoyo que la víctima.

En un país donde el derecho de propiedad debería ser sagrado, la izquierda lo convierte en papel mojado, priorizando la agenda ideológica por encima de la justicia.

Una crisis que retrata al Gobierno

La okupación en España revela la verdadera cara del gobierno de Sánchez y sus socios comunistas: inacción, abandono del ciudadano honesto y complicidad con quienes violan la ley.

Mientras el Ejecutivo se preocupa por imponer la ideología de género o someterse a la Agenda 2030, los españoles ven cómo su casa, fruto de esfuerzo y sacrificio, queda en manos de mafias y okupas.

La okupación en España se ha convertido en un síntoma de la decadencia institucional y política. Más de la mitad de las víctimas renuncian ya a denunciar, porque no confían en un sistema que debería protegerlas.