España, más cerca de una dictadura comunista chavista. El borrador penal propone castigar no solo a periodistas sino también a cualquier medio digital que difunda contenidos considerados “de acoso político-mediático”.
Las leyes de Sánchez para amordazar la prensa amenazan con destruir la libertad de información en España. Sánchez impulsa un paquete normativo con cinco proyectos de ley que buscan controlar y silenciar a los medios críticos.
Un plan para silenciar a los medios
El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a restringir la libertad de expresión. El Plan Normativo de Moncloa para 2025 confirma hasta cinco proyectos de ley que afectarán directamente a los periodistas y a los medios de comunicación.
Entre esas iniciativas destacan el endurecimiento del derecho de rectificación, la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza, una nueva norma sobre publicidad institucional, la ley de información clasificada y la creación de un registro oficial de medios supervisado por la CNMC.
Todas estas medidas forman parte de un mismo objetivo: controlar el relato, ocultar los escándalos de corrupción que rodean al PSOE y al propio Sánchez, y amordazar la voz de la prensa libre.
La Federación de Asociaciones de Periodistas ya ha calificado la nueva ley de secretos oficiales como «una amenaza al periodismo libre». Veámoslas más detenidamente.
1. Ley de protección del honor: la excusa perfecta
La primera de las leyes de Sánchez para amordazar la prensa endurece el derecho de rectificación y amplía los supuestos en los que un periodista puede ser sancionado por afectar al “honor” o la “intimidad personal”.
Con esta norma, informaciones tan relevantes como los prostíbulos del suegro de Sánchez o el caso de las prostitutas vinculadas a empresas públicas bajo el ministro Ábalos podrían no publicarse nunca. La excusa: que afectan a la vida privada de los implicados.
En realidad, se trata de blindar al Ejecutivo frente a las investigaciones periodísticas que destapan corrupción y abuso de poder.
2. Reforma del Código Penal y Ley Mordaza
Otra de las leyes de Sánchez para amordazar la prensa incluye una reforma del Código Penal. Con ella, un periodista que intente entrevistar con cámara o micrófono a un político en espacios públicos podría ser sancionado con multas de hasta 30.000 euros.
El Gobierno además quiere castigar a las plataformas digitales y medios críticos que difundan esos contenidos. Los acusa de incurrir en “acoso político-mediático”.
Con este planteamiento, incluso una pregunta incómoda a un ministro en la calle o en el Congreso podría considerarse una infracción sancionable. Se trata de un golpe directo a la esencia del periodismo: preguntar y fiscalizar al poder.
3. Ley de Publicidad institucional: dinero para los afines
La tercera de las leyes de Sánchez para amordazar la prensa manipula la publicidad institucional. El Gobierno podrá decidir qué medios reciben financiación pública.
La CNMC, presidida por Cani Fernández, exasesora de Moncloa, será la encargada de repartir los fondos. Esto permite premiar a los medios afines y castigar a los críticos.
Los datos son elocuentes. Entre 2018 y 2023, el Grupo Prisa recibió el 64,9 % de la publicidad gubernamental en radio.
Así, el Ejecutivo convierte el dinero de todos los españoles en un instrumento de control político sobre la prensa.
4. Ley de información clasificada: la “Ley Begoña”
La cuarta de las leyes de Sánchez para amordazar la prensa sustituye la norma vigente desde 1968. Introduce el concepto de “intimidad” como límite informativo y otorga al Consejo de Ministros la capacidad de decidir qué datos son secretos.
En las redacciones ya la llaman «Ley Begoña», porque protege de manera directa los intereses familiares del presidente.
Los periodistas podrán recibir sanciones millonarias, de hasta 2,5 millones de euros, por publicar información considerada sensible. En la práctica, cualquier investigación sobre el entorno de Sánchez podría silenciarse bajo el pretexto de seguridad nacional o intimidad personal.
5. Registro oficial y régimen sancionador para medios
La última de las leyes de Sánchez para amordazar la prensa establece un registro obligatorio para los medios, supervisado por la CNMC. Además, obliga a declarar propietarios, inversores e ingresos publicitarios.
Lejos de buscar transparencia, este registro se convierte en un arma de presión. Al obligar a revelar inversores y anunciantes, algunos podrían dejar de apoyar económicamente a medios críticos por miedo a represalias políticas.
Con este mecanismo, Moncloa persigue debilitar a los pocos medios libres que todavía resisten frente al control gubernamental.
España, camino de una dictadura mediática
Las cinco leyes de Sánchez para amordazar la prensa no son un simple paquete normativo. Constituyen un ataque sistemático a la libertad de expresión y al derecho constitucional de los españoles a estar informados.
Expertos constitucionalistas ya han advertido del choque frontal con el artículo 20 de la Constitución Española, que protege la libertad de información. Incluso el Consejo de Estado y el CGPJ deberán pronunciarse sobre estas iniciativas.
En Bruselas también crece la inquietud. La Comisión Europea observa cómo el Gobierno socialista se escuda en la supuesta adaptación a normas comunitarias para, en realidad, imponer un modelo de control ideológico sobre la prensa, más propio de dictaduras comunistas.
Las cinco leyes de Sánchez para amordazar la prensa representan una amenaza directa a la sociedad española. No se trata de proteger derechos, sino de blindar al poder frente a la crítica y el escrutinio público.
España corre el riesgo de convertirse en una dictadura mediática al estilo chavista, donde solo se escuchan las voces que convienen al Gobierno.
