El sindicato se querella contra la juez de la DANA por los presuntos delitos de prevaricación judicial y coacciones
El Sindicato Manos Limpias ha presentado una querella por prevaricación judicial y coacciones contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción del caso DANA. Esta acción representa un nuevo frente jurídico que pone en entredicho la imparcialidad judicial en un proceso de gran trascendencia política y mediática.
Según indica el sindicato, la querella también solicita que declare el marido de la jueza, Jorge Martínez Ribera, también magistrado, por un posible conflicto de intereses en la causa. Esta decisión refuerza la necesidad de investigar con absoluta transparencia un procedimiento que, según Manos Limpias, podría estar viciado desde sus cimientos.
Las razones de la querella por prevaricación judicial
La querella por prevaricación judicial se sustenta en varios hechos concretos que han sido documentados por el sindicato. En primer lugar, denuncian que la jueza Ruiz Tobarra obstaculizó el ejercicio de la acusación popular, restringiendo la acción de Manos Limpias de manera unilateral. Se trata, según el sindicato, de una vulneración directa del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Uno de los elementos clave fue el auto fechado el 12 de mayo de 2025. En él, la jueza admitió la personación de Manos Limpias, pero la limitó exclusivamente al investigado Argüeso, pese a que el sindicato había solicitado actuar también contra la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Fase de instrucción viciada y posibles irregularidades
La segunda irregularidad grave denunciada en la querella por prevaricación judicial corresponde al auto del 23 de junio de 2025. En él, la magistrada adelantó la fase de conclusiones del proceso sin que hubiera concluido la instrucción. Según Manos Limpias, esto supone una «predeterminación del fondo del asunto y de los sujetos responsables», lo cual vulnera principios básicos del Derecho procesal y penal.
Estas decisiones habrían generado un escenario de indefensión para Manos Limpias y podrían encajar en el tipo penal de prevaricación judicial por resoluciones injustas dictadas a sabiendas. Además, el sindicato no descarta ampliar los delitos imputables si las diligencias futuras aportan nuevos elementos probatorios.
Vinculación personal: juez y parte en el caso DANA
Un hecho especialmente preocupante es la posible participación indirecta del esposo de la juez, Jorge Martínez Ribera, en el procedimiento. El abogado Eduardo de Urbano, defensor de una de las investigadas, Salomé Pradas, ya elevó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial el 14 de mayo de 2025.
Según esta queja, la magistrada habría intervenido en trámites procesales que afectaban directamente a su cónyuge, lo que podría constituir una situación de incompatibilidad o conflicto de intereses. De confirmarse, podría dar lugar a nuevas acciones legales e incluso a la nulidad de algunas actuaciones.
Un contexto de opacidad institucional
Este nuevo caso se suma a una larga serie de episodios que muestran una preocupante tendencia a la politización de la justicia en España. La querella por prevaricación judicial presentada por Manos Limpias no es un hecho aislado, sino un reflejo del deterioro de la independencia judicial bajo los gobiernos socialistas.
Desde este diario, ya hemos alertado de la existencia de una estructura paralela de poder que se infiltra en el aparato judicial para garantizar impunidad a determinados actores públicos. La situación de la juez Ruiz Tobarra podría ser solo la punta del iceberg.
Llamado a la transparencia y a la justicia independiente
La admisión a trámite de la querella por prevaricación judicial está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Su decisión marcará un antes y un después en este caso y podrá abrir la puerta a una investigación profunda de los manejos judiciales durante el caso DANA.
Resulta fundamental que todos los implicados, incluyendo la magistrada y su marido, comparezcan ante la justicia para esclarecer cualquier duda razonable sobre su proceder. La confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho depende de que todos los poderes rindan cuentas.
La justicia no puede estar secuestrada
La querella por prevaricación judicial interpuesta por Manos Limpias marca un hito crucial en la defensa del Estado de Derecho. Si la justicia se manipula desde dentro, se convierte en una herramienta de poder, no de verdad ni de legalidad.
