Entramos en el último trimestre del año y el gobierno, ante las encuestas que auguran al PSOE un más que probable mal resultado en las elecciones en 2023, corre, como pollo sin cabeza, para sacar adelante los presupuestos más expansivos de la historia con un marcado sesgo electoralista, dejando la mesura y la austeridad para el que venga a gobernar tras ellos, si es que finalmente se materializa un cambio de gobierno. Tras el acuerdo con Bruselas para eliminar el techo de gasto, estos presupuestos necesitarán la friolera de 583.543,31 M€ (millones de euros). Aproximadamente la mitad de la riqueza que produce nuestro país en un año. Es decir, del PIB nacional.
Todos sabemos que los presupuestos sirven para satisfacer necesidades importantes del país como la educación, la sanidad, las pensiones, la vivienda, la defensa, las obras públicas, la justicia, etc. Aunque también satisfacen otros aspectos de contenido ideológico cuya necesidad es más que discutible: como la supuesta defensa de una igualdad que no está amenazada, una agenda 2030 sin refrendo electoral que amenaza nuestro bolsillo y nuestras libertades, el sostenimiento de un costoso e ineficaz sistema autonómico, el enorme gasto político, etc. Estas partidas de necesidad, como poco discutible, alcanzan cifras muy significativas. El artículo Justicia de las pensiones, publicado en este medio el 19/10/2020, muestra que el sobrecoste que supone el sistema autonómico sumado a los intereses anuales de la deuda pública alcanza una cifra cercana al coste anual de las pensiones en nuestro país. Sería bueno que alguien empezara a darse cuenta de ello.
Los presupuestos deberían primar las necesidades más importantes de los ciudadanos, y también deberían ser justos, sensatos, equilibrados, eficientes y sostenibles. Me temo que, cuando se está en el poder y se piensa que el dinero público no es de nadie, es difícil vencer la tentación de fomentar partidas ideológicas, rentables electoralmente, con el dinero de todos los ciudadanos. Tampoco es fácil ser eficientes cuando se tiene que mantener un sistema como el autonómico con competencias redundantes con otros niveles de la Administración. Sería deseable poder auditar el gasto de cada partida del presupuesto nacional, para comprobar cuánto va finalmente al destino esperado y cuánto se queda en gastos superfluos, estructurales y posibles coimas. Desgraciadamente el Tribunal de Cuentas, encargado de vigilar el empleo del dinero público, no es un organismo independiente del poder político, como tampoco lo son el poder judicial, el poder legislativo y la mayoría de los medios de comunicación en esta democracia viciada en la que nos ha tocado vivir. Por eso no cabe esperar una vigilancia demasiado concienzuda de la eficiencia del gasto de las partidas del presupuesto nacional.
En el proyecto de ley de presupuestos para 2023, las pensiones se llevan una parte significativa del pastel: 190.687 M€. Lo que supone el 39,2% del total. Con un incremento porcentual del 6,2% respecto del año anterior. Suena insostenible ¿verdad? Me malicio que 11 millones de posibles votos agradecidos en el aire bien merecen el esfuerzo. Máxime, cuando se tiene la mala conciencia de que la subida exorbitada del IPC obedece a una errónea política energética, con lastre ideológico, que nos ha hecho más vulnerables y dependientes del exterior que otros países. Que nadie entienda que estoy en contra de la retribución justa de un derecho adquirido. No solo no lo estoy, sino que tengo que decir que me parece un abuso que la percepción de una pensión de jubilación tribute fiscalmente como renta del trabajo. Los pensionistas ya pagaron impuestos por las cantidades que cotizaron a la Seguridad Social durante su vida laboral. Aportaciones que les dan derecho a la percepción de una pensión contributiva sin recortes. Se trata pues de una doble imposición, artimaña a la que, por desgracia, ya estamos bastante acostumbrados con los gobiernos de la democracia, y que se repite sistemáticamente con otros impuestos como son los de patrimonio y sucesiones.
Cuando el sistema financiero que soporta las pensiones se basa en la solidaridad intergeneracional, como ocurre en España, es preciso mantener una proporción de equilibrio entre población activa y pensionistas. Para ello se necesita natalidad, empleo e inmigración legal, capacitada y culturalmente integrable. Por desgracia, si no se controlan esos factores, el sistema de financiación de las pensiones no puede garantizar su sostenibilidad, ni tampoco permite conocer, con perspectiva, la pensión a percibir cuando llegue el momento de la jubilación. Esto crea una enorme inquietud y desconfianza en el trabajador que cotiza para su jubilación y al que no se le ofrece ninguna otra opción alternativa más fiable, aunque sí complementaria.
Pese a los claros augurios de colapso a corto plazo del sistema de pensiones, salvo que éste se siga financiando con impuestos y deuda crecientes hasta el infinito y más allá, no se ha hecho nada para asegurar su sostenibilidad más que dejar de defender las fronteras y dar una paguita, sanidad y educación gratuita a todos los que entran en nuestro territorio ilegalmente. Circunstancia que lejos de resolver el problema lo agrava. Resulta conmovedor oír hablar a los políticos de derechos humanos cuando solo piensan en votos agradecidos, pero para que la ecuación esté equilibrada, alguien tiene que hacer frente a los deberes y obligaciones que permitan satisfacer esos derechos. De eso nadie habla, transmitiendo el engañoso mensaje de que disponemos de una abundancia inagotable que alguien, no importa demasiado quién, tendrá que costear.
Evolucionar progresivamente a un sistema de pensiones basado en la capitalización de aportaciones con seguro frente a contingencias, permitiría desacoplar las aportaciones a la seguridad social, usadas para garantizar las futuras pensiones contributivas, de una pequeña parte de los impuestos que se usaría para sufragar las pensiones no contributivas. El sistema de capitalización resulta mucho más justo y seguro que el de solidaridad intergeneracional porque reembolsaría al beneficiario las aportaciones capitalizadas en el momento de la jubilación. También permitiría predecir, en todo momento, la cantidad que se va a percibir cuando se alcance la jubilación y, además, proporcionaría al Estado una bolsa de dinero que, convenientemente invertida, podría rentabilizarse abordando problemas sociales tan importantes como la construcción de viviendas para alquiler o venta a precios asequibles, pero aun así rentables.
La deriva del sistema público de pensiones no solo es conocida por los poderes públicos desde hace años, sino que se alienta por la falta intencionada de políticas sensatas y eficaces de ayuda a las familias, de ayuda al emprendimiento y de control de la inmigración ilegal. Estoy seguro que cuando estalle la burbuja de las pensiones, los gobernantes tendrán el descaro de decir que era impredecible y que toca sacrificarse recortando su cuantía en aras a su sostenibilidad, sin pararse a pensar en prescindir de otros gastos cuantiosos y realmente innecesarios. Nadie querrá asumir la responsabilidad de haber permitido el desastre sin haber hecho nada para evitarlo. ¡A ver si cuela y les seguimos votando!
Otro inquietante capítulo de estos presupuestos es la cuantía anual relativa a los intereses de la deuda pública. Estos ascienden a 31.275 Me (millones de euros) que representa el 5,4 % de los presupuestos. Cantidad que supone un incremento en la cuantía del 3,6% respecto al año anterior. La decisión del Banco Central Europeo de limitar la compra de deuda soberana supondrá un previsible aumento de la prima de riesgo y una consecuente subida de los intereses de la deuda y, en consecuencia, del déficit de los próximos años.
Que un Estado contraiga deuda no es necesariamente malo, siempre que se utilice en una inversión productiva que permita su amortización a corto o medio plazo. Eso mejoraría la rentabilidad de la inversión al no comprometer dinero propio. Se trataría pues de una deuda auto amortizable. Es decir, deuda destinada a la creación de riqueza. Desgraciadamente, esto no es lo que ocurre en nuestro país. En España se contrae deuda para atender los gastos corrientes, no para realizar inversiones que produzcan un retorno económico. Este proceder supone, inevitablemente, la crónica de una bancarrota anunciada. ¿Alguien puede imaginar una economía familiar que necesitase pedir prestado todos los meses para comer y pagar sus facturas? Creo que no. Bien es verdad que un Estado tiene más recursos que una familia: siempre puede vender su soberanía, tal vez ya se esté haciendo sin que la gente lo sepa, o incautar la riqueza privada si se considerase necesario. Supongo que será sólo una «casualidad», entiéndaseme la ironía, que la nueva ley de Seguridad Nacional dé poderes casi ilimitados al presidente del gobierno en caso de crisis para hacer, si se estimara necesario, una requisa “temporal” de los bienes de los ciudadanos. Tal vez por descuido, esta ley omite definir qué significa temporal.
Hace poco se daba la sorprendente noticia en el canal 24 horas en TVE de que, «a pesar de que en 2022 tendríamos un déficit mayor que en 2021, la deuda pública iba a bajar». Esta noticia, aparte de tratarse de una burda propaganda electoralista que beneficia al partido en el poder, es un claro insulto a la inteligencia del telespectador. ¿Cómo es posible que se adquiera más deuda y qué el monto total de ésta disminuya? Pues muy fácil, siempre que tengas la habilidad de dar valores relativos de la deuda pública referidos al PIB, en lugar de dar valores absolutos, y puedas crear la falsa ilusión de que el PIB tendrá una previsión de crecimiento, más ficticia que real, que convenga a tus intereses. Entonces, el conejo saldrá de la chistera sin esfuerzo. Esto denota la pobre imagen que tienen los políticos del electorado y el burdo control que se ejerce sobre los medios de comunicación. ¡No se cortan ni un pelo!
El capítulo de los presupuestos destinado a las tan necesarias ayudas a la vivienda, es muy escaso en cuantía. Tan solo 3.472 M€. No se recuperan las exenciones fiscales por adquisición de vivienda que existían en el pasado. Tampoco se reducen o eliminan los tipos impositivos de IVA, transmisiones y actos jurídicos documentados asociados a la compra de viviendas.
El acceso a la vivienda es un indicativo claro de bienestar social, indicativo en el que hemos retrocedido mucho en los últimos 40 años, aunque no es el único indicativo de bienestar en el que lo hemos hecho. Si en tiempos de la postguerra civil, con una situación económica muy complicada, el Estado fue capaz, sin recaudar impuestos directos, de construir en el periodo que va desde 1961 a 1975 más de 4 millones de viviendas sociales, llegando a conseguir que el 77,8% de los españoles tuviese una vivienda en propiedad ¿Qué nos impide emular esa hazaña hoy en día? Pues lo impide la prioridad relativa que tiene esta necesidad, frente a otras, para los políticos que actualmente gobiernan y han gobernado desde la transición democrática.
Es inaceptable que la compra de una vivienda hipoteque a una familia durante la mayor parte de su vida. Un Estado con auténtica sensibilidad social debería explorar soluciones para mejorar el acceso a la vivienda, sin líneas rojas. Considerando que buena parte del coste de la vivienda recae en el precio del suelo, habría que buscar opciones que pasen por la liberalización, aunque sea parcial, del uso del suelo para su recalificación como edificable sin que los ayuntamientos cobren el derecho de pernada por su mediación en la recalificación. Esto haría bajar el precio del suelo de forma significativa y también el de la vivienda.
Se podrían analizar otras partidas presupuestarias como el reparto desigual de las cantidades destinadas a inversiones en las diferentes comunidades autónomas y sus posibles «justificaciones», pero eso nos llevaría a prolongar este artículo más de lo que quisiera.
Cuando los presupuestos del Estado crean desigualdades, endeudan de forma creciente y significativa a las generaciones futuras y no atienden adecuadamente los problemas reales de la población, primando causas ideológicas, se les debe calificar abiertamente de irresponsables. Un año más, se va a perder una gran oportunidad de intentar reconducir la economía por la buena senda. Es importante que no se nos olvide, porque en algún momento nos tocará pagar los excesos y errores de estos políticos aficionados que pastorean, disculpen el verbo usado, este bendito país llamado España.
 Eusebio Alonso | Licenciado en ciencias físicas. Subdirector del diario online Adelante España. |
