Rehenes de una democracia viciada | Eusebio Alonso

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Los que ya tenemos cierta edad, no tenemos necesidad alguna de recurrir a la historia contada por terceros para saber cómo han evolucionado nuestras libertades y nuestro bienestar desde la llamada transición democrática.

La transición, producida a la muerte de Franco, fue posible, de forma pacífica, gracias a la participación activa del propio sistema que había dado apoyo a 36 años de régimen autoritario. Es cierto que durante esos 36 años no se había disfrutado de libertades políticas, pero sí, en muy buena medida, de libertades individuales, así como de una mejora muy significativa en el bienestar de la población. Supongo que decir esto no resulta políticamente correcto, pero los hechos no se discuten, por más que se esfuerce en deformarlos el «ministerio de la Verdad».

Nadie cuestiona los beneficios de la democracia como mejor sistema de los posibles para garantizar una nación de ciudadanos libres, dueños de su propio destino. No obstante, el peligro de la perversión de cualquier democracia es, no solo posible sino, por desgracia, demasiado frecuente cuando no existen mecanismos eficaces de vigilancia y control que lo eviten. Hay siempre intereses poderosos empeñados en que esto ocurra. El proceso de degradación democrática suele ser lento, de manera que el recorte de derechos, libertades y bienestar, con la excusa del bien común, resulte imperceptible a los ojos de la población. Nuestro sistema es, en la actualidad, un ejemplo claro de democracia viciada. La Constitución debería poner freno a cualquier deriva indeseada, pero la realidad es que no lo hace por la inacción conveniente de los órganos creados para evitarlo. El Tribunal Constitucional es un órgano cuyos miembros son elegidos por el poder político, motivo que le impide ser independiente de éste. Nunca actúa de oficio y solo dictamina tras la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, una vez las leyes, que pueden entrar en conflicto con la Constitución, han sido aprobadas y han entrado en vigor. Cuando el asunto es incómodo para el poder político, el Tribunal Constitucional puede llegar a tardar décadas en elaborar su dictamen.

En nuestra democracia existen escasos mecanismos para limitar los excesos del partido en el poder. Uno de ellos es el Tribunal Constitucional del que ya hemos mencionado su ineficacia como consecuencia de sus taras de funcionamiento. Otro es la oposición parlamentaria que con frecuencia sirve de poco, sea porque todos, gobierno y oposición, están en el mismo negocio y hay cosas que no es conveniente tocar por propio interés, sea por la habilidad rastrera y descarada con la que, demasiadas veces, el partido en el poder evita responder o miente abiertamente en sus respuestas a las interpelaciones parlamentarias. El tercero es la prensa independiente. Esa que por desgracia ya ha desaparecido casi por completo.

Con demasiada frecuencia, cuando el partido ganador de unas elecciones no tiene mayoría absoluta, los acuerdos de legislatura se consiguen con el apoyo de partidos carroñeros: antisistema, proterroristas o abiertamente contrarios a la unidad de España. Para conseguir estos apoyos se recurre, sin empacho alguno, a la asignación de privilegios a unas regiones sobre otras, indultos, beneficios penitenciarios y muchos otros etcéteras, alterando el principio sagrado de igualdad de derechos y deberes de todos los españoles. En efecto, si esto es así, y creo que nadie pueda negar la evidencia, parece obvio que los intereses de la nación quedan relegados a los intereses coyunturales del partido que esté en el gobierno y los de sus socios de legislatura.

Uno de los grandes excesos de nuestra democracia es el gasto político y las prebendas de los que tienen la política como medio de vida. Sería muy largo hacer un estudio completo y pormenorizado de los privilegios de los que se dedican a la política en España, que, al día de hoy, son aproximadamente 500000. Cantidad absolutamente desproporcionada en una población de 47 millones de personas. Al más alto nivel, tenemos 350 diputados, 266 senadores y 1199 parlamentarios de las costosísimas autonomías. Todos ellos gozan de  salarios elevados, dietas exentas de tributación, aforamientos y un largo etcétera. No parecen estar mal recompensados los padres de la patria de un país como España que sufre un deterioro progresivo, legislatura tras legislatura, de sus índices de bienestar social (para conocer a qué índices me refiero, sugiero la lectura del artículo publicado en este mismo medio el 18 de julio de 2021 titulado “Los indicadores de Bienestar Social”).

En España, los políticos no son casi nunca gente demasiado preparada. No se les exige ninguna formación, ni experiencia acreditada. Más bien al contrario. Basta con que se plieguen fielmente a las decisiones de las personas e intereses que dirigen su partido, que casi nunca son los que se declaran públicamente, para que puedan progresar en él. A veces alcanzan responsabilidades públicas importantes sin haber tenido siquiera la experiencia previa de gestionar una simple comunidad de vecinos. La política es, con demasiada frecuencia, el recurso de los mediocres que no pueden abrirse camino en un mercado laboral competitivo, y así nos va.

Para nuestra desgracia, la política no se entiende casi nunca como una vocación de servicio a la sociedad, sino de servicio a uno mismo y a los intereses del partido que te da de comer. Para garantizar continuidad, muchos partidos crean un entramado de organizaciones, revestidas de un halo de interés social, que tendrán siempre asegurada una interesante partida presupuestaria de manera que, aquellos que hayan perdido su cargo en la lid electoral, tengan siempre asegurada una paguita. En esta estrategia son líderes destacados los partidos de izquierda que siempre tienen nuevas ocurrencias para malgastar los dineros recaudados con impuestos siempre crecientes, lo que les permite engrosar de paso la nómina de estómagos agradecidos, o lo que es lo mismo: de votos cautivos.

Las nuevas leyes buscan a menudo satisfacer el interés del partido que gobierna, sea para dificultar las imputaciones por corrupción, si es que alguna vez se descubre alguna, sea para crear nuevos chollos, sea para proteger a los colectivos afines que promueven altercados en las calles para el desgaste del contrario. Prueba de esto último es la nueva ley de seguridad ciudadana que se pretende aprobar en breve. Ley que dificultará el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y que previsiblemente asegurará impunemente el control de las calles a organizaciones vinculadas con la izquierda cuando ésta ya no esté en el poder.

¿Se puede hacer algo para que la sociedad civil vuelva a confiar en la democracia? Yo creo que nunca hay que tirar la toalla. Lo fundamental es conseguir que la sociedad sea consciente del problema. Si no hay ningún partido con representación parlamentaria que sea sensible a la preocupación por la deriva democrática, la legislación actual deja una pequeña puerta abierta que es la “iniciativa popular”. Esta opción, aún con fuertes limitaciones, permite presentar en el Congreso proposiciones de ley propuestas directamente por la sociedad. Estas iniciativas requieren no menos de 500000 firmas de apoyo, bastantes más que los votos que respaldan a algún partido político con representación parlamentaria. No obstante, esto no debería disuadirnos si creemos que vale la pena intentar mejorar las cosas. El esfuerzo siempre nos permitirá determinar la sensibilidad de los partidos con las propuestas sociales, identificando los partidos a los que no debemos volver a votar y también a los que aún merecen nuestra confianza. No podemos aceptar la ineficacia y la corrupción como mal menor. Siempre será mejor dar oportunidades con nuestro voto a nuevos partidos políticos, o simplemente abstenerse, que darselo a aquellos en los que sabemos que no podemos confiar.

En mi opinión, hay determinadas reformas que nuestra democracia debería plantearse como urgentes. Entre éstas están las siguientes:

  • Crear el delito electoral con penas de inhabilitación de los cargos políticos que, habiendo podido llevarlo a cabo, hayan incumplido su programa electoral.
  • Reducir el gasto político en las diferentes administraciones, eliminando redundancias y haciendo que la política salarial de los cargos públicos sea mucho más austera y sostenible.
  • Que legislar y tomar decisiones inconstitucionales lleve asociado penas de inhabilitación en toda la cadena de cargos políticos implicados.
  • Deberían ser obligatorias auditorías periódicas con representación ciudadana elegida al azar sobre la gestión política respecto a la evolución de los indicadores de bienestar social, haciendo públicos los resultados obtenidos. Con esto se daría visibilidad a la ciudadanía sobre la calidad de la gestión realizada para que los ciudadanos pudieran ir conformando su intención de voto.
  • Las listas electorales deberían ser abiertas.
  • Dejar de financiar con dinero público los chiringuitos ideológicos o, en su defecto, financiarlos exclusivamente por la elección explícita de los contribuyentes que así lo deseen en su declaración de la renta.
  • La abstención electoral y los votos nulos tendrían que estar representados en las cámaras con escaños vacíos. Así se reflejaría el desencanto de la sociedad con la oferta política. Esta propuesta, lejos de perjudicar al sistema democratico, produciría una regeneración positiva en él. Las ayudas económicas a los partidos representados en las cámaras deberían ser proporcionales al número de votos obtenidos, no a los escaños asignados.
  • Tras las elecciones, la sociedad civil tendría que poder auditar una muestra de unas cuantas mesas electorales elegidas al azar con objeto de evitar posibles fraudes. Entretanto, los votos recogidos en las urnas no deberían destruirse hasta que la auditoría electoral se realizara, garantizando escrupulosamente su cadena de custodia. Si las divergencias resultantes de la auditoría con los resultados electorales oficiales fuesen relevantes en un número de mesas significativo, las elecciones deberían repetirse y los responsables del fraude afrontar penas de cárcel e inhabilitación severas.
  • Exigir que se devuelvan las cantidades obtenidas por corrupción política y malversación, haciendo frente con el patrimonio personal de los culpables, sin que por ello se reduzcan las penas de cárcel e inhabilitación de éstos. Aquellos que, sin haberse lucrado, hayan permitido por su inacción que otros lo hayan hecho ilegalmente, deberían hacer frente a una responsabilidad “in vigilando”.
  • Los órganos de control del poder judicial y el Tribunal Constitucional deberían ser independientes y, por ello, elegidos por los jueces, nunca más por los políticos.
  • El Tribunal Constitucional debería poder actuar de oficio, asegurando siempre un trámite previo de inconstitucionalidad antes de la entrada en vigor de cualquier ley.
  • Los decretos ley, que no requieren tramitación parlamentaria, deberían eliminarse o reducirse al mínimo, así como los indultos.

Seguro que hay muchas otras reformas tambien importantes que no están aquí recogidas. Ésta solo es una pequeña muestra del trabajo ingente que quedaría por hacer para reconducir nuestra democracia por el buen camino. Para llevarlas a cabo, si no hubiese sensibilidad política en el Congreso como desgraciadamente cabe esperar, será necesario organizarse para promover iniciativas legislativas populares. No nos confiemos. No pensemos que esto no va con nosotros, porque la tentación autoritaria que sienten nuestros gobernantes es demasiado grande y lo tienen cada vez más facil para coartar nuestros derechos y libertades gracias a la falta de mecanismos de vigilancia y control de nuestro sistema democrático. Si algo puede ir a peor, seguro que lo hará más pronto que tarde. La voz de la calle es lo único que asusta a los políticos. Seamos exigentes con la clase política e impliquémonos personalmente en combatir cualquier deriva del sistema si queremos dejar de ser alguna vez rehenes de una democracia cada vez más viciada.

Eusebio Alonso | Escritor