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La resistencia moral de la sociedad civil organizada constituye el último bastión frente a los desmanes y la ingeniería política de los aparatos gubernamentales. En un escenario donde las instituciones estatales ceden ante la conveniencia partidista, Hazte Oír emerge como un referente de fiscalización y coraje legal en defensa de la legalidad nacional. Su persistencia jurídica ha permitido destapar un escándalo de proporciones mayúsculas en la gestión de la nacionalidad española, frenando de forma sistemática el fraude masivo que desvirtúa la conocida Ley de Nietos. La firmeza de esta plataforma civil demuestra que los ciudadanos no están dispuestos a tolerar el desmantelamiento de los controles administrativos por la puerta de atrás.
El contraataque judicial de Hazte Oír ante la impunidad
La batalla legal contra la arbitrariedad institucional ha sumado un capítulo decisivo en los tribunales de la capital. Hazte Oír ha ampliado por quinta vez la querella penal que investiga activamente el Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid contra Sofía Puente, ex alto cargo del Ministerio de Justicia y hermana del actual ministro de Transportes tal como señala Libertad Digital. La organización civil fundamenta esta nueva ofensiva jurídica en la aparición de pruebas documentales que apuntan a una presunta prevaricación administrativa continuada, cometida supuestamente para facilitar la concesión indiscriminada de la ciudadanía española a ciudadanos extranjeros.
La titular del juzgado madrileño, la magistrada María Inmaculada Lova, admitió a trámite la querella inicial al constatar indicios racionales de criminalidad en la conducta de la investigada. El equipo legal de Hazte Oír sostiene que la antigua responsable de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó una instrucción falaz sobre la Ley de Memoria Democrática en el año 2022. Esta resolución administrativa ha permitido que miles de personas ajenas a los supuestos históricos contemplados por el legislador adquieran la soberanía española, vulnerando de forma flagrante el marco normativo aprobado en las Cortes Generales para reparar a los auténticos exiliados de la Guerra Civil.
La eliminación unilateral de los requisitos de expatriación
El texto del nuevo escrito jurídico revela una maniobra administrativa especialmente alarmante para los intereses del Estado. Según la documentación recabada, Sofía Puente firmó un oficio secreto meses después de la publicación de la instrucción original con el objetivo de alterar de manera sustancial las condiciones de acceso a la nacionalidad. La exdirectora general eximió a los solicitantes extranjeros de la obligación de demostrar documentalmente el momento exacto en que sus antepasados abandonaron el territorio español, eliminando de un plumazo el control temporal que exigía la propia ley nacional.
La normativa original limitaba el derecho a la opción de nacionalidad a los descendientes de aquellos españoles que hubieran salido del país de forma forzosa en un periodo estrictamente acotado entre los años 1936 y 1955. Sin embargo, un oficio fechado el 13 de junio de 2023 y dirigido en respuesta al Consulado General de España en Montreal dinamitó este límite legal. Al ser interrogada la Administración sobre si se requería acreditar la expatriación, el escrito judicial recoge de forma literal la resolución de la querellada: «Sí se podrá ejercer el derecho de opción a la nacionalidad española sin necesidad de presentar documentos acreditativos», «siempre que se acredite la nacionalidad originariamente española del padre, madre, abuelo o abuela».
Una contradicción jurídica orientada al beneficio electoral
La investigación impulsada por el activismo judicial de Hazte Oír resalta una contradicción flagrante consumada en un intervalo de apenas siete meses. La funcionaria resolvió una consulta consular específica rebajando las exigencias legales en contra del tenor literal de la propia ley y de la instrucción que su puño y letra habían validado previamente. Los servicios jurídicos de la asociación denuncian que este criterio particular funcionó como una jurisprudencia interna aplicable de forma automática en múltiples consulados de la red exterior, acelerando la nacionalización de miles de ciudadanos sin comprobar si cumplían las condiciones del exilio.
Las consecuencias de esta manga ancha administrativa trascienden el plano puramente burocrático para instalarse en el terreno de la limpieza democrática. La Sala Tercera del Tribunal Supremo mantiene abierta una causa paralela en la que constan datos demoledores proporcionados por la propia Administración. El Ejecutivo ha admitido formalmente su incapacidad para distinguir qué expedientes obtuvieron el pasaporte español mediante el cumplimiento estricto de los requisitos parlamentarios y cuáles se beneficiaron de la polémica circular redactada por Sofía Puente. Esta alarmante confesión ha obligado a la justicia a mantener paralizado el censo de más de 160.000 votantes en el exterior ante la sospecha fundada de que este descontrol administrativo altere los resultados de los comicios del próximo 29 de noviembre. La intervención constante de Hazte Oír se consolida, por tanto, como una salvaguarda indispensable frente a quienes intentan mercadear con la soberanía nacional.
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