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Se acaba de cumplir un mes desde que el pasado 30 de julio España sufrió una invasión sin precedentes recientes en su frontera sur de Ceuta, con la entrada de entre 70 y 80 mil inmigrantes marroquíes y subsaharianos, de los cuales aún permanecen en la ciudad española del norte de África entre 10 y 15 mil de ellos. La verdad es que el caos es tan grande, que ni siquiera se ha podido cuantificar con exactitud el número de invasores, ni cuántos de ellos permanecen en Ceuta a día de hoy. La gestión del Gobierno de España ha sido negligente y desastrosa, por no decir algo peor, cómplice, en el caso de que se certifiquen, en efecto, los avisos de la inteligencia española sobre el más que probable asalto a la frontera.
De hecho, se ha demostrado a mediados de agosto que Marruecos tiene el control efectivo de la frontera, y que España ha renunciado en la práctica a la defensa de su integridad y soberanía nacional en la frontera sur. Este comportamiento gubernamental podría tener, incluso, consecuencias penales. Hoy me gustaría comentar la cuestión, social, legal y moral, del acogimiento y ayuda de los inmigrantes, así como la posibilidad o no de su devolución “en caliente”.
La tragedia vivida estos días en Ceuta no es una crisis migratoria, sino la utilización espuria de la demografía por parte de Marruecos en el juego geopolítico como un arma. La biopolítica es clave en el actual juego de poder mundial. Se utilizan la vida humana y a las personas, sus sueños y su hambre, en favor de la lucha de poder y del lucro de las mafias. La catadura moral de quien utiliza su propio pueblo como munición es repugnante. Es una de las formas más graves de depravación del poder que cabe imaginar, convirtiendo a las personas en piezas de una estrategia política. Y esto ha supuesto la muerte de varios cientos de inmigrantes, utilizados como “munición geopolítica”. Es simplemente detestable, y no se ha denunciado con la fuerza suficiente.
Esta actuación deplorable de Marruecos no exime a España ni a la Unión Europea de sus propias responsabilidades. España tiene el deber de proteger sus fronteras, con proporcionalidad, y respeto a la legalidad, pero también con consistencia y energía. Y la Unión Europea tampoco hizo nada por ayudar a España en la crisis, siguiendo inmersa en su burocracia inútil. Lo ocurrido se asemeja más a un ataque geopolítico contra la soberanía de España que a los habituales movimientos migratorios que llegan a las costas españolas.
En esta situación las “devoluciones en caliente” serían legítimas. Por una parte, existe el deber de acoger al extranjero, especialmente cuando huye de una guerra, una persecución o una situación de extrema gravedad o necesidad. Pero, simultáneamente, los Estados tienen el derecho y el deber de regular los flujos migratorios, y proteger sus fronteras para el bien común de sus ciudadanos. La defensa de una frontera nacional no es en sí misma un acto de hostilidad hacia el inmigrante, sino un ejercicio de la soberanía nacional. En esta línea se ha pronunciado la Conferencia Episcopal Española y su Presidente, por cierto, al igual que otros prelados.
Esto no significa que cualquier devolución “en caliente” sea legítima sin más, pues se requiere proteger el derecho de asilo, así como salvaguardar el bienestar de los menores, y la defensa de las fronteras tampoco puede justificar actuaciones que vulneren directamente la dignidad humana. Pero se debería haber actuado con mucha más rapidez y eficacia, y no empantanar a emigrantes y ciudadanos de Ceuta durante un mes, y lo que nos queda en adelante, con el tremendo riesgo de crisis social, económica y sanitaria.
El bien común y la solidaridad humana estriba en un equilibrio entre la acogida solidaria, de quien verdaderamente necesita un sistema de protección, y el ejercicio responsable de custodiar las fronteras con proporcionalidad y eficacia. Pero entrando como un flujo migratorio normal, no como una invasión consentida por el Gobierno marroquí, y sin amparar el abuso de muchos emigrantes no necesitados, incluso delincuentes. Sólo desde ese equilibrio podemos afrontar uno de los desafíos más complejos de nuestra sociedad y del mundo en el momento actual.
No olvidemos que detrás hay personas que sufren, y que no salieron de su tierra por gusto, sino por necesidad. El desarrollo económico y social de los países de origen, así como la legalización y control en origen de los flujos migratorios, son el camino para que algo así no vuelva a suceder. Y, no nos engañemos: un país como Marruecos, que reivindica constantemente Ceuta, Melilla o Canarias como territorios de su soberanía, no es un socio ni un aliado, ni de España ni de la UE. Es simplemente un vecino peligroso, más enemigo que amigo, al que hay que controlar donde más les duele: en la economía y la influencia internacional. Sin olvidar que detrás de su política de manipulación de los más débiles hay personas y familias que sufren. Se trata de un difícil equilibrio entre el derecho de soberanía y la solidaridad con el más necesitado, que hay que conseguir cuadrar, y exigir a nuestras autoridades que defiendan ambos derechos.
Félix María Aguado Carrero | Colaborador de Asociación Enraizados.
Tags: Ceuta, Frontera, Inmigración, Marruecos, Soberanía, Geopolítica, Seguridad
