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El mandato del socialista Salvador Illa al frente de la Generalidad disipa cualquier ilusión de regreso a la normalidad institucional en Cataluña. El socialismo catalán demuestra una complicidad alarmante con el separatismo que busca la fragmentación de España, actuando como el principal patrocinador de las plataformas que diseñan la ruptura de España. La Universidad Catalana de Verano escenifica esta sumisión absoluta al albergar en territorio francés a la plana mayor del independentismo. Tras el golpe fallido de 2017, el separatismo catalán aprovecha su tradicional cónclave estival —que alcanza ya su edición número 58— para evaluar la salud de su causa y pactar una hoja de ruta colectiva. Con la complicidad del PSC en el Parlamento y del PSOE en el Congreso, los partidos secesionistas mantienen intacto su objetivo prioritario: el relanzamiento del golpe de estado rupturista.
La edición actual, celebrada en la localidad de Prada de Conflent, utiliza un lema que desafía de forma abierta la soberanía nacional: “Países Catalanes más que nunca: desarrollo o progreso”, según informa Voz Populi. Los conferenciantes promueven una premisa intolerable que atenta contra la unidad territorial española al apelar a una supuesta nación formada por todos los territorios catalanoparlantes. Bajo esta óptica imperialista, los organizadores extienden sus fronteras más allá de Cataluña para incluir a la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, parte de Aragón y el sureste de Francia. El socialismo de Salvador Illa valida estas provocaciones permitiendo el desfile de las viejas glorias del separatismo y de los líderes políticos que ejecutaron el desafío democrático.
Presencia del PSC y subvenciones millonarias para la causa secesionista
El respaldo del Ejecutivo de Salvador Illa al independentismo va mucho más allá de las palabras y combina la presencia institucional con una generosa financiación económica con dinero de los contribuyentes. Durante la clausura del encuentro, el propio Gobierno catalán enviará a un alto cargo de primera línea: el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Este respaldo gubernamental legitima los debates de figuras radicales como Oriol Junqueras y Elisenda Alamany por parte de ERC, o Jordi Turull y Josep Rull por parte de Junts. A la cita veraniega en el territorio francés también asisten la recién indultada Laura Borràs, los expresidentes Quim Torra y Pere Aragonès, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, junto a dirigentes civiles de la rama radical como el presidente del lobby Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.
En el plano financiero, la consejería de Investigación y Universidades del Ejecutivo socialista mantiene abierto el grifo de los recursos públicos al destinar una partida anual de 120.000 euros a la Fundación de la UCE. Por si fuera poco, el Gobierno autonómico anunció el mes pasado una línea de ayudas complementarias por valor de 12.000 euros para financiar el 75% de la matrícula y la estancia de los estudiantes de entre 18 y 30 años pertenecientes a las universidades catalanas o a la Xarxa Vives, un movimiento que consta de forma oficial en la página del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
Exigencias radicales y el objetivo de recomponer el frente contra España
Durante las sesiones de debate celebradas en Francia, los líderes independentistas despliegan sus exigencias más radicales ante el silencio cómplice de los socialistas que sufragan el evento. Laura Borràs apeló el lunes a la “inteligencia nacional” del movimiento para gestionar la inmigración y evitar el crecimiento de otras fuerzas competidoras como Aliança Catalana. Por su parte, el líder de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, planteó endurecer al máximo los requisitos lingüísticos en la sanidad pública, exigiendo un nivel C1 de catalán a todos los médicos, una medida extrema que busca expulsar a los profesionales sanitarios procedentes del resto de España y aislar los servicios de salud locales.
En las últimas jornadas, Carme Forcadell y Josep Rull abogaron por reconstruir de inmediato la unidad del soberanismo, tanto en las movilizaciones callejeras como dentro del Parlamento, para conseguir que el movimiento separatista vuelva a ser “fuerte y guapo”. Las fuerzas independentistas pretenden utilizar la Diada, que se celebrará en menos de un mes, como el termómetro definitivo para medir su capacidad de desestabilización. Todo este entramado de presión y fragmentación cuenta con el amparo político y la financiación económica de un socialismo catalán liderado por Salvador Illa, un Gobierno que prefiere patrocinar las reivindicaciones separatistas antes que defender la integridad del Estado español.
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