Canadá: Eutanasia para los pobres y personas con discapacidad

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Los promotores de la eutanasia y del suicidio asistido están promoviendo una idea aún más infame y peligrosa al asesinato que representa la de la eutanasia: la de que hay ciertas vidas que no merecen ser vividas.

Dos mujeres enfermas y sin recursos han solicitado el suicidio asistido. Una de ellas ya ha recibido la muerte inducida ante las críticas contra el Gobierno

Se trata de una idea que ya promocionó el nazismo y que ahora suscriben partidos de extrema izquierda, demostrando que entre la ideología de los primeros y la ideología de los segundos han muy pocas diferencias moralmente hablando. La eutanasia es una forma ruin de deshacerse de gente que necesita ayuda, y en vez de dársela, el Estado intenta convencer a esa gente de que es una carga. ¿Os parece algo tan monstruoso que resulta imposible de creer en un país democrático? Pues en España ya hemos visto como el gobierno niega ayudas a enfermos de ELA mientras les ofrece como única salida la eutanasia.

Dos mujeres sin hogar piden el suicidio asistido en Canadá debido a la falta de ayudas

Este mismo año ha ocurrido otro ejemplo en Canadá, país que legalizó la eutanasia en 2016. En sólo seis años se ha llegado a una situación aberrante: en los últimos meses, dos mujeres sin hogar solicitaron el suicidio asistido por vivir en una situación de pobreza y carecer de ayudas. Lo que algunos consideraban exagerado y fruto de afirmaciones fuera de lugar de los provida ya ha ocurrido. A una de esas mujeres, Sophia, ya se le concedió el suicidio asistido y murió el 22 de febrero. “El gobierno me ve como una basura prescindible, quejosa, inútil y un dolor en el culo”, dijo antes de morir. Esto es lo que algunos llaman “progreso”.

En efecto, hace un par de meses, Sophia solicitó la eutanasia en su país, Canadá, para poner fin a una situación que para ella era ya insostenible. Ocho días antes de morir, publicó un video en las redes sociales para explicar el por qué de esta decisión. «El Gobierno me ve como basura prescindible, quejosa, inútil y un dolor de cabeza», aseguraba esta joven que también confeso que ocultaba su nombre real para evitar el sufrimiento de su familia. Pero, ¿por qué esta mujer de Ontario de 51 años culpaba al Gobierno canadiense de su desesperada situación? Pues bien, Sophia había sido diagnosticada de sensibilidad química múltiple (MCR), una condición en la que los productos químicos comunes, como los del humo del cigarrillo y los detergentes para ropa, pueden provocar náuseas, dolores de cabeza cegadores y, en algunos casos extremos, «shock» anafiláctico.

Por este motivo había argumentado que una vivienda especializada, donde el flujo de aire estuviera más controlado, aliviaría sus síntomas. Pero tras años de lucha, seguía sin conseguirlo. Incapaz de trabajar y con una situación económica por debajo del umbral de la pobreza vio que la única vía posible era la eutanasia. La enfermedad y su situación de pobreza la abocaron a solicitar la muerte asistida. Le fue concedida y falleció.

Según revela CTV News, la mujer habría dejado varias cartas dirigidas a los servicios sociales en los que suplicaba una vivienda digna y libre de humos en la que pudiera residir. El medio canadiense CTN News comentaba el 13 de abril: “Murió después de un frenético esfuerzo de amigos, simpatizantes e incluso sus médicos para conseguirle una vivienda segura y asequible en Toronto. También dejó cartas que muestran una búsqueda desesperada de ayuda durante dos años, en las que ruega a los funcionarios locales, provinciales y federales que la ayuden a encontrar un hogar lejos del humo y los productos químicos que flotan en su apartamento”, pues la mujer padecía una sensibilidad severa a los productos químicos.

Su caso incendió el debate sobre la eutanasia y ahora ha vuelto a resurgir tras una segunda historia igual que la suya. En este caso, el de Denise, que también ha solicitado terminar con su vida después de no poder encontrar una vivienda adecuada y luchar para sobrevivir con los pagos por discapacidad que sufre. De hecho, padece la misma enfermedad que Sophia.

Para los activistas, estos casos ponen el foco en la falta de atención de Canadá a sus ciudadanos más vulnerables y han planteado un debate público sobre cómo se aplican las leyes de suicidio asistido. Por su parte, los expertos advierten que los casos de Sophia y Denise están siendo utilizados por grupos que se oponen a la asistencia médica en la muerte (Maid) en un intento de reducir la legislación, en lugar de buscar cómo los gobiernos pueden mejorar a las personas que viven con discapacidades.

El Estado canadiense y su afán por ahorrarse dinero con la eutanasia

El 30 de abril, en un duro artículo publicado en The Spectator, Yuan Yi Zhu, investigador del Nuffield College de Oxford, publicó lo siguiente: Desde el año pasado, la ley canadiense, en toda su majestuosidad, ha permitido que tanto los ricos como los pobres se suiciden si son demasiado pobres para seguir viviendo con dignidad. De hecho, el siempre generoso estado canadiense incluso pagará por sus muertes. Lo que no hará es gastar dinero para permitirles vivir en lugar de suicidarse.

Como ocurre con la mayoría de las pendientes resbaladizas, todo comenzó con una negación rotunda de su existencia. En 2015, la Corte Suprema de Canadá revirtió 22 años de su propia jurisprudencia al declarar inconstitucional la prohibición del suicidio asistido en el país, descartando alegremente los temores de que el fallo “iniciaría un descenso por una pendiente resbaladiza hacia el homicidio” contra las personas vulnerables según lo fundado. en ‘ejemplos anecdóticos’. Al año siguiente, el Parlamento promulgó debidamente la legislación que permitía la eutanasia, pero solo para aquellos que padecían una enfermedad terminal cuya muerte natural era “razonablemente previsible”.

A pesar de que el gobierno insiste en que el suicidio asistido es una cuestión de autonomía individual, también ha estado atento a las ventajas fiscales.

Sólo llevó cinco años para que la pendiente proverbial apareciera, cuando el parlamento canadiense promulgó el proyecto de ley C-7, una ley de eutanasia radical que derogó el requisito “razonablemente previsible” y el requisito de que la condición debe ser “terminal”. Ahora, siempre que alguien padezca una enfermedad o discapacidad que ‘no pueda ser aliviada en las condiciones que considere aceptables’, puede beneficiarse de lo que ahora se conoce eufemísticamente como ‘asistencia médica para morir’ (MAID, por sus siglas en inglés) de forma gratuita.

Muy pronto, los canadienses de todo el país descubrieron que aunque preferirían vivir, eran demasiado pobres para mejorar sus condiciones en un grado aceptable.

No es casualidad que Canadá tenga uno de los gastos de atención social más bajos de todos los países industrializados, los cuidados paliativos solo son accesibles para una minoría y los tiempos de espera en el sector de la salud pública pueden ser insoportables, hasta el punto de que la misma Corte Suprema que legalizó la eutanasia declaró aquellos tiempos de espera como una violación al derecho a la vida allá por 2005″.

Lo próximo, aplicar la eutanasia a enfermos metales y «menores maduros»

Yuan Yi Zhu advertía al final de su artículo que la pendiente resbaladiza en Canadá irá a más: El próximo año, las compuertas se abrirán aún más cuando las personas que padecen enfermedades mentales, otro grupo desproporcionadamente pobre, sean elegibles para el suicidio asistido, aunque médicos y enfermeras entusiastas ya se han adelantado a la ley. Ya se habla de permitir el acceso a la eutanasia a los “menores maduros” también, sólo piensa en los ahorros de por vida. Pero recuerda, las pendientes resbaladizas son siempre una falacia”.

Cuando Canadá introdujo la legislación sobre el suicidio asistido en 2016, varios expertos mostraron su temor a que las poblaciones vulnerables pudieran convertirse en víctimas o que los médicos se vieran obligados a anular los juramentos que habían hecho para proteger al paciente. El año pasado, los legisladores revisaron los criterios de la ley después de que la Corte Suprema del país dictaminara que una versión anterior de la misma, que excluía a las personas con discapacidad, era inconstitucional.

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