La izquierda social comunista y sectaria española plantea que diversas iniciativas financiadas con cargo a los fondos europeos se asignen siguiendo criterios que otorgan un acceso preferencial a unos grupos sociales frente a otros. Así, parte importante de los fondos se van a asignar diferenciando por sexo y manteniendo el «criterio de género».
El diario online Libre Mercado ha tenido acceso al documento del Ministerio de Trabajo que lidera la comunista Yolanda Díaz y que desglosa los criterios que se van a emplear para distribuir hasta 688 millones de euros de los fondos comunitarios, a través del Servicio Público de Empleo. Las asimetrías en el acceso a tales fondos son más que evidentes, como muestran los siguientes ejemplos:
– Se programan 205 millones para apoyar proyectos que favorezcan la transformación productiva en materia de economía verde y digital… pero con cuotas reservadas específicamente para trabajadores de cooperativas.
– Se plantea la mejora de las capacidades digitales de personas desempleadas, con 99 millones de financiación… pero consignando el grueso de las ayudas a personas residentes en pueblos y pequeñas ciudades.
– Se aprueba una partida de 95 millones para financiar proyectos de inserción y emprendimiento… pero bajo criterios que priman a las mujeres de baja cualificación y también asignan cuotas para inmigrantes.
– Se programa una línea de ayudas que financiará la entrada en el sector público de nuevos trabajadores, por un total de 94 millones… pero con la condición de que los contratados tengan menos de 30 años.
– Se movilizan 40 millones para una línea de ayudas a la capacitación de trabajadores… pero solo podrán acceder a estos fondos las mujeres desempleadas que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes.
– Se anuncia un programa de formación con compromiso de contratación por un monto de 5 millones de euros… pero solamente estará disponible para colectivos de mujeres vulnerables,
En total, esta serie de partidas de gasto vinculadas al Servicio Público de Empleo movilizará 688 millones de euros. Como puede verse, el grueso de estas ayudas no se conceden de forma horizontal, en régimen de igualdad de acceso, sino que priorizan reiteradamente a unos grupos sociales frente a otros, empleando el «criterio de género» como principio rector de muchas de estas licitaciones.
