Ya están hartos: los profesores universitarios exigen neutralidad ante la deriva ideológica y separatista

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Un millar de docentes piden que el Senado retire de la ley el amparo a la politización del alumnado que quiere ERC y los proetarras de Bildu.
Las universidades son centros de estudio, no de politización del alumnado
La reforma de la Ley de Universidades del comunista Joan Subirats -número 2  de la lista de Barcelona en Comú-En Comú Guanyem encabezada por Ada Colau,​ está generando un movimiento de rechazo entre el profesorado universitario sin precedentes. En concreto, sobre parte de articulado que ha sido reformado a su paso por el Congreso y que se considera, como no podía ser de otra manera, una nueva cesión a los separatistas. El asunto objeto de la polémica tiene que ver con el artículo 45.2, que analiza las funciones de los claustros de las universidades y que fue introducido a petición de los grupos parlamentarios ERC y los proetarras de Bildu. El mencionado artículo introduce que una de las funciones «fundamentales» de los claustros será la de «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia», una cuestión que podrán hacer por ley, lo que se considera que va en contra de la neutralidad ideológica que deben mantener los campus. El cambio legal ampararía situaciones como la ocurrida en otoño de 2019, en que los claustros catalanes aprobaron de manera conjunta un manifiesto en el que censuraban la sentencia del procés y las actuaciones policiales, a la par que reivindicaban el derecho a la autodeterminación.

Esta queja la han plasmado en un manifiesto más de un millar de profesores de distintas universidades españolas en un manifiesto impulsado por el colectivo «Universitas per la Convivència».

En una carta abierta a senadores y diputados piden que la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), a su paso por el Senado, suprima el artículo objeto de polémica porque «no debe ser función del claustro analizar y debatir (y mucho menos “posicionarse”) sobre cuestiones de índole no académica y para evitar que pueda ser interpretado de manera que redunde en lesiones de la libertad ideológica, la libertad de expresión y la de cátedra», expone el documento. De la misma manera, quieren que se incorpore al texto de la LOSU «una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación». Y es que consideran que plasmar este principio de neutralidad ideológica en la LOSU «supondría poner coto a las desviaciones de poder que ya se han producido y que podrían volverse a producir en nuestros campus en perjuicio de la autonomía universitaria».

Profesores renombrados entre los impulsores

(Con información de La Razón)

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