Esta semana se votará una proposición de ley para modificar el Código Penal y criminalizar a los voluntarios que acuden a las puertas de los centros de abortos para rezar o hablar con las mujeres y ofrecerles ayuda para llevar adelante el embarazo.
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá esta semana la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista “para castigar el “acoso” a las mujeres que acuden a abortar. Las penas propuestas estarían en penas de cárcel de entre tres meses y un año, o con trabajos en beneficio a la comunidad de 31 a 80 días.
Registrada en el mes de mayo, la Proposición de Ley Orgánica supondría la modificación de la Ley Orgánica 10/1995 “para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo”. Esta iniciativa, está compuesta por un único artículo que modifica el actual Código Penal.
Según el texto, se añade un artículo con la siguiente redacción: “El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”.
Igualmente, el texto que plantea el PSOE sugiere que el tribunal correspondiente pueda imponer también “la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años”. Además, añaden que las penas que estén previstas en dicho artículo “se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso”.
Protestas grupos provida
Voluntarios de Derecho a Vivir acudirán este martes a las 14.30 a las puertas del Congreso de los Diputados a protestar contra la criminalización de los voluntarios que acuden a las puertas de los centros abortistas para rezar o hablar con las mujeres que quieren abortar para ofrecerles ayuda en su embarazo.
“Muchas vidas están en peligro si sale adelante la toma en consideración de esta proposición de ley. Cientos de personas, que han sido ‘rescatadas’ por voluntarios provida antes de ser abortadas y que han podido vivir, son el mayor testimonio de la gran labor que realizan estas personas”, ha explicado la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia.
