La candidatura alternativa a Iglesias pide la anulación de las primarias y del congreso por delito de falsedad, usurpación de identidad y revelación de secretos. Acusan a la actual dirección de ilegalidades penales.
El sector de Podemos que se postuló para la dirección del partido en alternativa a Pablo Iglesias en el congreso de Vistalegre III ha ampliado su denuncia presentada en el pasado mes de julio a la Fiscalía Anticorrupción. En la documentación, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el equipo legal que asiste a Fernando Barredo ha añadido a las 22 páginas de su primera denuncia el texto de la carta anónima de los informáticos del partido que hablan de un “sistema de fraude” para amañar las primarias y planea sumar las declaraciones recogidas por la Justicia en el caso de las primarias de Collado Villalba. La Fiscalía Anticorrupción todavía no se ha pronunciado sobre esa denuncia.
El engrasado sistema de las primarias de Podemos, en el que desde más de un lustro casi siempre las listas oficialistas han resultados ganadoras, puede convertirse en una Waterloo para Iglesias y su cúpula. La semana pasada un tribunal del municipio madrileño de Collado Villalba decretó irregular las votaciones internas, y el dirigente de Podemos que desde hace seis meses denuncia públicamente pucherazos se plantea ahora reforzar su denuncia.
Además de los tribunales ordinarios, también remitió a la Fiscalía Anticorrupción una carta anónima de informáticos del partido que habló en el detalle de un “sistema de fraude” en las votaciones internas, tal y como ha podido saber este diario. El documento enviado a la Fiscalía Anticorrupción recoge los mismos tipos delictivos denunciados en julio: se trata de “delito de falsedad, usurpación de identidad y revelación de secretos dentro del seno de Podemos”.
Según los promotores, la sentencia de Collado Villalba contra Podemos por violar el artículo 23.2 de la Constitución (“alterando el resultado de las urnas”, afirma el auto) refuerza su escrito presentado a la Oficina Anticorrupción y aporta “nuevas pruebas” útiles para esclarecer el asunto. Más aún porque la ampliación que desvela hoy Vozpópuli suma una carta que habla de “sistema” para falsear las primarias haciendo desaparecer los votos de algunos militantes sin que ellos se den cuenta de haber sido borrados.
En la sentencia de Collado Villalba, algunos informáticos del partido dejaron abierta la puerta a un fraude de ese tipo, y en su declaración desmintieron a la defensa de Podemos. Meses antes de su declaración, fuentes de Podemos aseguraron a este diario que la cúpula amenazó con despedir en masa a su equipo de informáticos (entre cinco y siete personas) para evitar chivatazos sobre las presuntas irregularidades y redoblar el control interno informático sobre los miembros del partido. «Transcribiremos las declaraciones de los informáticos. Son una prueba vital», comentan fuentes conocedoras de la denuncia a Anticorrupción.
Desde Vistalegre 3 a las primarias regionales
La acusación del equipo de Barredo se fundamenta en una suma de supuestas irregularidades vinculadas al cumplimiento del reglamento interno del partido, la modificación de las listas electorales durante el proceso de votación y las sospechas y denuncias recogidas a nivel territorial para las primarias que se celebraron el año pasado en julio. El Congreso de Vistalegre 3, anunciado para febrero, se celebró vía telemática en mayo, y la lista de Iglesias ganó con el 92% de votos.
En la primera denuncia, el equipo de Barredo habló de “maniobras fraudulentas” del equipo de Iglesias que incumplieron los estatutos internos, la Ley de Partidos y la propia Constitución. Entre las supuestas irregularidades los denunciantes señalan a cuatro miembros de la cúpula del partido (Iglesias, Montero, Noelia Vera e Ione Belarra) por ocupar dos cargos externos y uno interno, mientras que el reglamento solo permite compaginar dos. Según su tesis, estos dirigentes no podían presentarse para la elección del Congreso.
A la vez, denuncian que por la pandemia el partido decidió postergar “sine die” la votación, aunque luego la reanudó de manera “sorpresiva” (tan solo tres días de antelación a las votaciones”) y manteniéndose aún “las condiciones objetivas de la suspensión”. La situación de cuarentena, impuesta por el Estado de Alarma, pudo afectar a la igualdad de condición para luchar por el cargo interno, debido a la mayor “visibilidad” que cobraban los dirigentes de la cúpula que desempeñaban su cargo institucional al margen de las leyes de confinamiento.
Para los denunciantes, además, constituye otra irregularidad el hecho de que la cúpula modificara sin debate previo parte del reglamento y después de convocar el congreso para ampliar su lista electoral. “Ello contradice lo que comunicó el Equipo Técnico al interrumpir la Asamblea, dado que indicó que ésta se reanudaría en las ‘mismas condiciones’ en las que se estaba desarrollando”, señala el escrito.
Ordenador con votos múltiples y grabaciones
Finalmente, la denuncia recopila una serie de informaciones (en gran mayoría exclusivas de este medio) que apuntan a más irregularidades en las primarias para las secretarias regionales de 2020. Destaca el caso de La Rioja, en la que se encontraron terminales que votaron más de una vez, audios sospechosos de miembros que formaban las listas electorales y otras denuncias de los candidatos, quienes han decidido elevar a la Justicia sus pruebas para que se vuelva a votar.
En las conclusiones del documento, los demandantes resumen: “No sólo se trata de unos resultados presuntamente falsos, inventando normas y reglas inexistentes, utilizando DNI inexistentes o usurpando identidades, sino de todo un conjunto de actuaciones delictivas urdidas por un grupo de personas concreto y determinado que junto con el SG y la número 2 del partido (pareja formada por Iglesias-Montero), pretenden perpetuarse en el poder, eliminando cualquier disidencia interna, coaccionando a los inscritos a no poder interpelar a órganos independientes internos ni siquiera poder verificar si el número de personas inscritas existe o no, o si los votos son reales o falsos”.
Hasta la fecha los promotores de la denuncia no han obtenido respuesta alguna de la Fiscalía Anticorrupción. Pero su intención es insistir porque creen que existen responsabilidades penales que esclarecer. Mencionan concretamente el artículo 31 bis del Código Penal, y los delitos de falsedad, usurpación de identidad y revelación de secretos, que pueden acabar en penas de entre seis meses y tres años de cárcel según los artículos 390 en relación con el artículo 392, 197 y 401, todos ellos del Código Penal.
(Luca Constantini. Voz Populi)
