Irene Montero llegó al Ministerio de Igualdad con la bandera feminista. Decenas de decisiones tomadas por la ministra de Podemos de manera arbitraria para favorecer al colectivo han caído en saco roto, de hecho, han surtido un efecto totalmente contrario. Hasta el punto de que la organización Confluencia Movimiento Feminista (CMF) ha hecho un «balance negativo» de las políticas en materia de Igualdad en el primer año en el Ejecutivo de la podemita. Y lo más importante, esta organización pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la destitución de Irene Montero al considerarla «incompetente» para su puesto.
En concreto, critican que la ministra «se ha embarcado en una deriva antifeminista contraria a la defensa de los derechos de las mujeres» y, como ejemplo, destacan la postura de Irene Montero contraria a la redacción de una ley abolicionista de la prostitución; su falta de comunicación con los movimientos feministas para redactar la Ley de Libertades Sexuales; o el hecho de que no condenara las agresiones que sufrieron las feministas del bloque abolicionista el pasado 8 de marzo en las manifestaciones de Madrid y Barcelona.
«Su incompetencia quedó patente en una entrevista en la cual no supo definir qué es una mujer», destaca la organización, que ha convocado una rueda de prensa este lunes para mostrar su desacuerdo por la continuidad de Montero en su puesto.
Desde la confluencia también critican que la ministra no haya respondido a una petición de reunión hecha por ellas mismas, para hablar sobre la Ley Trans. Este texto, denuncia la organización, establece una definición de ‘mujer’ que consideran contraria a la igualdad y que, a su juicio, pondría en jaque toda la normativa en vigor en este ámbito.
No es la primera vez que los colectivos feministas desaprueban la labor de Montero al frente de Igualdad. Una de las críticas más habituales es que la ministra, encerrada en su despacho, no quiere saber nada de los colectivos, que demandan una interlocución directa con Igualdad.
El cabreo llegó hasta el punto de que el pasado verano Montero se convirtió en trending topic con el hashtag #IreneTenemosQueHablar.
La espita la abrió la número 2 de Irene Montero en el ministerio de Igualdad, Noelia Vera. «La autodeterminación de género es un derecho», decía en una entrevista en El País, una afirmación que no sentó nada bien a las feministas, que achacaron a Vera que hiciera distinción entre el sexo y el género: «¿Qué es entonces ser mujer Irene Montero?», le replican desde cientos de mensajes de Twitter a la ministra con casoplón en Galapagar.
Una de las frases que desde los colectivos se criticó con vehemencia fue que «el debate del borrado de las mujeres no es un debate real». Una feminista argumentó que «quienes debatimos sobre no existimos, borrando nuestra existencia. Este es el nivel de negación de la realidad e incoherencia. Si hacen del género una identidad defienden la misoginia».
«Queremos ser sujetos de derecho»
La tramitación de la Ley Trans ha generado también polémica en ciertos sectores del feminismo que consideran que en su redacción usa unos términos que amenazan el fundamento de la lucha por la igualdad de las mujeres.
Se refieren a los conceptos de expresión e identidad de género que eliminan al sexo como figura jurídica y, por tanto, elimina el motivo en el que, a su juicio, se basa la desigualdad entre hombre y mujer o la causa de la violencia machista. Es decir, «la violencia que se ejerce sobre la mujer sólo por el hecho de serlo».
Desde la Federación Plataforma Trans, impulsora de esta norma, se trata de «una visión equivocada de una norma que busca la despatologización de las personas transexuales en España y el reconocimiento de la autodeterminación de género como derecho fundamental».
La presienta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, explicó que el colectivo «está haciendo lo mismo que hicieron las mujeres» cuando estas, «hace 30 años, no podían viajar solas o abrirse una cuenta corriente sin el permiso marital». «Nosotros queremos ser también sujetos de derecho sin depender de que lo decida la medicina o estar tuteladas por el Estado», señaló.
Desde la Confluencia Movimiento Feminista exigen que se «reactiven» las comunicaciones con el departamento que dirige Irene Montero para tratar todas estas cuestiones que, a su juicio, son «ineludibles» y que deben estar en la agenda feminista.
Medio millón en 9 asesores
El gabinete de la ministra de Igualdad está formado por su directora y cinco asesoras eventuales. Además, en el caso de la Secretaría de Estado de Igualdad, cuenta igualmente con una directora y tres asesoras. El Ministerio defiende que «no se ha aumentado el número de asesores» en esta legislatura, ya que «únicamente se ha adaptado la estructura a la del Ministerio, ya que con anterioridad la titularidad de las competencias en materia de igualdad las tenía una estructura con rango de Secretaría de Estado».
Así, el Ministerio dispone de 9 asesores, que reciben un salario bruto de 51.946 euros, a excepción de la directora de Gabinete de la Secretaria de Estado, quien recibe un salario anual bruto de 60.881 euros. Por tanto, el total es de 476.449 euros.
(Juanan Jiménez. OK Diario)
