Cierren el Supremo y el Constitucional, total…España vive bajo una dictadura moderna encubierta

El Tribunal Constitucional en España ha dejado de ser independiente. Es hoy un ente desprestigiado por voluntad de sus miembros y el Supremo está ninguneado constantemente

España atraviesa un momento crítico. Las instituciones que deberían proteger al ciudadano y salvaguardar la legalidad se han convertido en instrumentos del poder. El Tribunal Constitucional en España, antaño símbolo del equilibrio jurídico, ha dejado de cumplir su función esencial: interpretar la ley conforme a la Constitución. Ahora, el Tribunal Constitucional en España obedece sin cuestionar a Sánchez, sometido al gobierno, alineándose con decisiones políticas contrarias al espíritu y letra de la Carta Magna.

El Tribunal Constitucional al servicio del gobierno: avalará la amnistía

El Tribunal Constitucional ya dispone de una ponencia que, ignorando el criterio del Tribunal Supremo, avala la amnistía a los golpistas separatistas catalanes que intentaron quebrar la unidad de España el 1 de octubre de 2017

Que cualquier ciudadano medianamente informado supiera de antemano lo que haría el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido refleja con crudeza la gravedad institucional que atravesamos. La justicia ha dejado de ser imprevisible para convertirse en un engranaje más del poder político.

Todo es tan burdo como evidente. Hace apenas dos años, la amnistía era abiertamente inconstitucional. Pero Pedro Sánchez perdió las elecciones y necesitó los votos del prófugo golpista Carles Puigdemont. Entonces, sin rubor, cambió de postura y ofreció la amnistía a cambio de mantenerse en el poder. Y Conde-Pumpido se encargó de bendecir jurídicamente ese pacto infame.

El caso más reciente escandaliza por su descaro. Ayer el Constitucional se plegó al Ejecutivo en la sentencia de los ERE; hoy lo hace con la ley de amnistía. ¿Qué vendrá mañana? La conclusión es rotunda: el Tribunal Constitucional ya no protege a los ciudadanos, protege al poder.

Dictadura legal: el Constitucional como arma política

Sánchez ha colonizado el órgano más alto de control constitucional. Los magistrados que lo componen —salvo contadas excepciones— no responden a la justicia ni a la razón jurídica, sino a los intereses del partido que los designó. Con ello, el equilibrio entre poderes ha sido destruido.

Un tribunal que no interpreta, sino que se limita a ratificar las directrices de Pedro Sánchez, deja de ser tribunal. Se convierte en un instrumento de represión legislativa, en la correa de transmisión de un proyecto autoritario. Y eso es exactamente lo que vivimos hoy en España.

Los regímenes autoritarios siempre comienzan igual: destruyendo la independencia judicial. El Tribunal Constitucional en España, bajo la presión y manipulación de Pedro Sánchez, ha dejado de actuar conforme al derecho para actuar conforme a su agenda.

No es democracia: es dictadura de toga

España ya no es una democracia plena. No cuando el Tribunal Constitucional en España actúa como si fuera el notario del poder, y no su contrapeso. En los regímenes totalitarios del siglo XX, las leyes siempre contaban con apariencia de legalidad. Pero su contenido servía a un fin: el control absoluto del Estado por parte del partido dominante.

Eso es exactamente lo que ocurre hoy. Se aprueban leyes contrarias a la unidad nacional, se perdona a golpistas, se vulneran los principios constitucionales, y el Tribunal Constitucional asiente sin objeciones. No revisa. No corrige. No defiende la legalidad ni a los ciudadanos.

El problema es de fondo: cuando los jueces se convierten en comisarios políticos, se elimina cualquier posibilidad de justicia real. Cuando la Constitución se interpreta según el deseo del Ejecutivo, de Sánchez, deja de existir como norma superior. El mensaje al ciudadano es claro: usted no tiene derechos; tiene privilegios revocables según quiera Sánchez.

La obediencia del Constitucional: una traición a España

Aceptar esta situación es aceptar la esclavitud. Porque cuando los jueces ya no juzgan con independencia, el ciudadano deja de ser libre y se convierte en súbdito. O peor aún: en esclavo de un sistema sin control, sin freno, sin moral.

Los magistrados que avalan estas decisiones no merecen el respeto que se debe a un servidor público. Merecen la crítica firme, legal y directa de quienes aún creemos en el derecho, en la justicia y en España.

Hoy, muchos ciudadanos sienten desconcierto. No entienden cómo es posible que un tribunal que juró defender la Constitución avale normas que destruyen la unidad nacional, que premian al delito, que desprecian el sacrificio de tantos españoles. La respuesta es simple: porque no vivimos en una democracia. Vivimos en una dictadura moderna, maquillada de instituciones.

Y como toda dictadura, necesita jueces obedientes. No razonables. No independientes. Solo obedientes.

El pueblo español no es súbdito ni esclavo

No aceptemos este destino. España no puede rendirse ante el totalitarismo blando de toga y despacho. El Tribunal Constitucional en España ha traicionado su esencia. Pero la nación está por encima de sus instituciones corrompidas.

La dictadura avanza cuando el ciudadano calla. Por eso, desde este diario, no callaremos. Denunciamos este abuso, este atropello, este ataque frontal a la soberanía nacional. Porque lo que está en juego no es solo una ley. Es el modelo de país. Es el alma de España.

Que cada ciudadano lo tenga claro: callar ahora es rendirse. Y rendirse es perder la nación.