Lo que pretende Sánchez y su Gobierno es controlar al máximo las causas penales que interesan, creando marcos de impunidad y, en fin, la abolición del principio de igualdad ante la ley
Sánchez quiere controlar a jueces y fiscales con reformas legales que minan el Estado de Derecho. Este sábado 28 de junio tenemos una cita clave por la justicia frente al Tribunal Supremo a las 12.30 horas.
El golpe institucional es ya una realidad
Desde su llegada al poder en 2018, Pedro Sánchez ha emprendido un proceso sistemático de demolición institucional. Primero fueron los decretos abusivos durante la pandemia. Luego, los indultos a golpistas. Hoy, su objetivo se ha centrado en someter a jueces y fiscales.
Sánchez quiere controlar a jueces y fiscales para neutralizar cualquier investigación que afecte a su entorno: ministros señalados, altos cargos investigados, e incluso familiares directos bajo sospecha.
En cualquier democracia normal, este cúmulo de escándalos habría tumbado al Gobierno. Pero España vive bajo una mayoría Frankenstein compuesta por comunistas, separatistas, filoetarras y oportunistas cuyo único objetivo es la supervivencia política. Una alianza que no representa al pueblo, sino al poder por el poder.
Una cita ineludible este sábado 28 de junio
Este sábado 28 de junio, a las 12.30 horas, los defensores del Estado de Derecho están convocados en la Plaza de la Villa de París (Madrid), frente al Tribunal Supremo. No se trata de una protesta más: es una llamada urgente a la ciudadanía libre e igual.
La concentración ha sido promovida por todas las asociaciones judiciales y fiscales, salvo, obviamente las afines a Sánchez, las de corte izquierdista (Juezas y Jueces para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales). El lema: “En defensa de la justicia independiente”.
Es una manifestación apartidista, abierta a todo aquel que defienda la dignidad del Poder Judicial y la defensa de España. Porque Sánchez quiere controlar a jueces y fiscales para abolir el equilibrio entre poderes y la igualdad ante la ley. Quiere dar un golpe de estado.
Un marasmo legislativo para silenciar a la justicia
El Gobierno ha lanzado una batería de reformas diseñadas no para mejorar la justicia, sino para someterla al poder ejecutivo. Lo reconocen jueces y fiscales con décadas de experiencia.
Entre ellas se encuentran:
- La Ley de Amnistía (ya aprobada)
- LO 1/2025, ya en vigor
- Reformas anunciadas de:
- La Ley Orgánica del Poder Judicial
- El Estatuto del Ministerio Fiscal
- La Ley de Enjuiciamiento Criminal
Estas reformas tienen un objetivo muy claro: quitar el poder de investigar a los jueces de instrucción y dárselo a un Ministerio Fiscal que ya depende jerárquicamente del Gobierno.
Sánchez quiere controlar a jueces y fiscales no para mejorar la justicia, sino para crear impunidad, blindarse judicialmente y transformar los tribunales en simples comparsas del poder político.
Igualdad ante la ley: principio en demolición
Con estas reformas, el principio de igualdad ante la ley desaparece. Los jueces pasarán a ser «jueces de garantías», sin capacidad real para investigar. El poder político elegirá qué se investiga y qué no. A quién se persigue… y a quién se exonera.
¿O acaso no está claro ya que Sánchez quiere controlar a jueces y fiscales para proteger a su entorno? ¿Para garantizar que ni su mujer, ni su hermano, ni sus ministros, ni sus socios separatistas enfrenten consecuencias legales?
Este no es un debate técnico. Es una batalla crucial entre libertad e impunidad.
Huelga judicial: una advertencia clara
Además de la concentración del sábado, las asociaciones judiciales y fiscales han convocado una huelga la próxima semana. Y lo hacen con razón. Los jueces tienen el derecho fundamental de huelga y deben ejercerlo con plenitud, especialmente cuando sufren ataques constantes desde el Ejecutivo.
España necesita un Poder Judicial independiente. No sumiso. No amordazado. Los jueces no pueden convertirse en funcionarios al dictado del partido de turno. Son la última barrera contra el autoritarismo.
Porque hoy por hoy, Sánchez quiere controlar a jueces y fiscales para desactivar esa última barrera. Pero la ciudadanía aún puede reaccionar.
Este sábado, todos a la calle
España se juega mucho más que una reforma judicial. Se juega su propia estructura constitucional. Su libertad. Su igualdad. Su futuro como nación.
Lo único que se pretende el Gobierno es controlar al máximo las causas penales que interesan, creando marcos de impunidad y, en fin, la abolición del principio de igualdad ante la ley.
Frente a esta deriva autoritaria, no caben excusas ni tibiezas. Este sábado a las 12.30 horas, hay que estar frente al Tribunal Supremo. No hay otra.
Sánchez quiere controlar a jueces y fiscales, pero aún hay ciudadanos dispuestos a defender la justicia, la ley y la libertad. Por ello, espero que nos veamos esté sábado a las 12.30 horas, ¡frente al Tribunal Supremo!
